*** Tras cinco años de impunidad, la justicia internacional es la única esperanza que tienen en Venezuela***
Karina Peraza Rodríguez
“Justicia, Justicia, justicia” era lo que clamaban los familiares de la Alianza de Familiares de Víctimas en Venezuela (Alfavic Vzla), quienes exigen una investigación exhaustiva en cada uno de los casos de los fallecidos en manifestaciones del 2017, aquellos donde el Estado figura como responsable. Solicitan que la cadena de mando sea investigada.
Esta manifestación pacífica se realizó en las afueras del Ministerio Público del estado Lara.
Los padres de Nelson Arévalo y Yoinier Peña, asesinados en la región introdujeron un documento solicitando que sus casos sean ubicados en la Fiscalía de Derechos Fundamentales, porque actualmente reposan en una Fiscalía Común y allí los delitos prescriben, explicó Damarys Avendaño, madre de Arévalo.
“Nosotros los padres de los asesinados estados unidos porque nos convertimos en una familia, para defender unidos, para exigir justicia porque los asesinaron y a nosotros también nos hacen una injusticia cuando a ellos no se les da el debido proceso para que se investigue queremos que salga a la luz la verdad, no hay justicia sin verdad, si no se dice la verdad jamás tendremos justicia. Nos embarga el dolor y la tristeza a 5 años después que los asesinaron pero nos mantenemos fuertes y unidos, somos una familia que la tragedia y la injusticia de este país nos conformó y aquí seguiremos adelante.”, destaca la señora Damarys.
Por otra parte Elvira de Pernalete, manifiesta como en estos cinco años desde el Gobierno han jugado a cansarlos y agotarlos, al punto que “nos hemos enfrentado a ausencia y dependencia de poderes, agotamiento de los recursos, investigaciones insuficientes por parte del Ministerio Público que esto lo que ocasiona es que vamos a tribunales con un expediente muy deficiente que beneficia a los victimarios y no a las víctimas, hay desestimación de pena y rebajas de pena, hay dudosas versiones oficiales para ocultar la verdad de los hechos, los autores materiales muy pocos han sido imputados y ellos permanecen en sus comandos sin ninguna responsabilidad y por supuesto no es tocada la cadena de mando, los autores intelectuales”.
Pernalete asegura que los crímenes de los jóvenes en manifestaciones fue algo sistemático simplemente para callar a la disidencia.
Destaca que durante cuatro años los casos estuvieron estacados y ahora que la Corte Penal Internacional (CPI) anunció una investigación contra Venezuela comenzaron hacer investigaciones aceleradas dando una falsa sensación de justicia que no es más que “mentira”.
Para los familiares de las víctimas de las manifestaciones la CPI es la esperanza y la única luz para obtener una justicia genuina porque aseguran que en Venezuela no hay justicia.
Olga González, esposa de Rubén González, pidió a la CPI que los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y otros cuerpos de seguridad, en barriadas populares y en el interior del país también sean investigados pues son crímenes de lesa humanidad.
Reitero que las víctimas de las manifestaciones y las de ejecuciones extrajudiciales “fueron concebidos bajo dos planes cívicos militares convocados por el mismo estado venezolano, el Plan Zamora y el Plan Guaicaipuro”. Además aseguró que en los casos de las manifestaciones ni siquiera le han dado respuesta al 1 % de los casos.
La justicia no es negociable
Elvira de Pernalete, le quiso dar un mensaje a los actores políticos en Venezuela, de quien comentó nunca han llamado, ni se han comunicado con los familiares de las víctimas de manifestaciones del 2017.
Para Pernalete la justicia no es negociable y pidió en nombre de todas las personas fallecidas en contexto de manifestaciones que no los pongan como punto de negociación, “no intervengan en un proceso de justicia internacional, que no son los actores invitados para hacerlos”.
