El abogado y profesor universitario Joel García aseguró que la creación de una comisión para cambiar el Poder Judicial tiene como objetivo intentar evitar la apertura de una investigación contra altos funcionarios venezolanos ante la Corte Penal Internacional
“Emprender una revolución profunda y acelerada” del sistema judicial ordenó el gobernante Nicolás Maduro al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y a su propia esposa, Cilia Flores, el pasado 21 de junio durante un encuentro con las autoridades del chavismo en el marco de un Consejo de Estado.
El anuncio, que según explicó el mandatario tiene el objetivo de acabar con el hacinamiento en las cárceles del país, es el sexto que se produce en los 22 años que el proceso revolucionario lleva en el poder y se da en el marco de un examen preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y luego de los reiterados informes tanto de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para DDHH, Michelle Bachelet como de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.
La comisión deberá entregar un conjunto de propuestas en un lapso de 60 días, pero para el abogado Joel García, el anuncio no es más que una puesta en escena para dar la impresión de que el Estado venezolano está actuando para enfrentar los casos de violaciones de DDHH, pero estima que esto no es suficiente.
“Tenemos hacinamiento, jueces Incompetentes, y falta de independencia y autonomía del Poder Judicial. Hay que tener en cuenta cómo han actuado todo este tiempo. Basta ver cómo se eligieron y nombraron a esos magistrados al finalizar aquel período de la Asamblea Nacional (2015), cuando ni siquiera un Comité de Postulaciones estaba estructurado. En el año 1999-2000 se estableció una comisión de reestructuración en la que estaban Elio Gómez Grillo, Manuel Quijada. (El TSJ) actuó desde 2000 a 2021, y ahora se habla de una revolución judicial”, explicó Joel García.
Joel García: Hay que cumplir con lo establecido en la Constitución
El profesor universitario y defensor de Derechos Humanos resaltó que Maduro puso a la cabeza de esa comisión a Cabello y a Flores, y se preguntó seguidamente es por qué el llamado “número dos del chavismo” está en esa comisión.
“¿Qué sabe Diosdado Cabello del Poder Judicial más allá de mandar y recibir el diario a causa de una demanda? Cilia Flores es abogada, pero qué puede saber de por qué hay hacinamiento, sobre cuál es la falla en el sistema. Son 22 años que tiene la revolución, no son meses o un período de cinco años. Hay que preguntarse cuál es la casuística, dónde radica el problema de hacinamiento” expresó el profesional del derecho.
Sostuvo Joel García que la única forma de tener un Poder Judicial con personas idóneas es hacer una escogencia tal como establece el artículo 255 de la Constitución, que es hacerla a través de concursos públicos de oposición en los que todo aquél que considere tiene las credenciales académicas, conocimientos e idoneidad para ocupar esos cargos se postulen y la selección la haga un jurado que escojan a los mejores hombres y mujeres.
Añadió que, además de concursos de oposición públicos, se debe incorporar a las facultades de Derecho de las Diferentes Universidades públicas o privadas, la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Jurídicas. “Si no se hace de esa manera –advirtió- lo que vamos a tener es más de lo mismo, cambiar nombres por otros, pero va a seguir igual. No hay autonomía ni independencia”.
Los jueces no cuentan con salario digno ni estabilidad laboral, indicó Joel García
El abogado inquirió sobre “¿qué se le va a ofrecer a una persona para que sea juez? ¿Cuánto va a ganar? ¿Va a tener estabilidad, seguridad social? No creo que nadie se vaya a ir a para allá por un mísero salario, sin seguridad social ni estabilidad”.
Explicó que los magistrados no gozan de estabilidad porque no son jueces de carrera. “Me atrevo a asegurar que, en el Palacio de Justicia de Caracas, en más de 100 tribunales que hay, no hay un solo juez de carrera, los que están son nombrados, por designación, a dedo, por recomendación de alguien, pero nadie fue sometido a un concurso de oposición y a un jurado”.
—¿A qué puede atribuirse esta “revolución judicial” que pretende Maduro? ¿Cree que hay una disputa de poder en el seno del chavismo?
—Hay que preguntarse por qué está ¿Diosdado Cabello, y por qué no está el presidente del TSJ, o (el fiscal designado por la asamblea constituyente) Tarek William Saab. El Sistema Judicial no está conformado solamente por el Poder Judicial, sino por todos los jueces, Ministerio Público, Defensoría Pública Nacional, Ministerio de Asuntos Penitenciarios, los cuerpos policiales, que tienen a su cargo la investigación penal, y todos los abogados de la República; todo eso conforma el sistema de Justicia, y para poder transformarlo tiene que haber participación de todos y cada uno de esos órganos e instituciones.
“Maduro ordenó –prosiguió Joel García- por decreto que se desocuparan las instalaciones de la Dgcim y del Sebin de los presos que están allí. Sabemos que la mayoría de los mismos tienen problemas de naturaleza política, presunta corrupción, etc. Mandaron a descongestionar esos centros y no nos explicamos cómo un centro de contrainteligencia o la inteligencia nacional pueda tener presos, ya que para eso es el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Ya Quedan pocos en la Dgcim y Sebin, la mayoría fueron trasladados a (los centros penitenciarios de) El Rodeo y Yare”.
Agregó que Nicolás Maduro prorrogó el decreto y ahora está buscando sacar del hacinamiento las instalaciones de los cuerpos policiales, pero cuestionó la manera en que lo hacen.
“¿Qué están haciendo? -continuó- todas aquellas personas presas por delitos como robo, los están llamando, les dicen que si admiten los hechos les pueden quitar uno u otro delito, o uno consumado se lo ponen frustrado; le ofrecen un «combito», ‘si usted admite le ponemos tal pena, y sale en tanto tiempo, o le dicen ‘sales de aquí al tribunal’. Eso no es descongestionamiento. Están presos porque la cultura es meter preso a todo el mundo y como sea. Después de un año de pandemia, donde una semana sí, otra no hay audiencias, y esa semana que sí se hacen es hasta mediodía. No vas a poder resolver el problema en 60 días, porque son todos los aspectos los que hay que abordar”.
Joel García señala la perversión de la naturaleza del sistema
Lo primero que, en opinión de Joel García, debe hacerse para procurar un sistema de Justicia que funcione, es tener personas capaces, idóneas, conocedoras que tengan autonomía. “En Caracas no sale boleta de libertad, una notificación, que no pase presidenta del Circuito Judicial Penal”, indicó.
Al respecto resaltó que, en atención de la ley respectiva, esa facultad no es función de la presidenta del circuito, como sí lo es buscar que se cuente con condiciones lo más favorable posibles, tanto de estructura, como de personal, e insumos, como papelería, máquinas, pero no para girar instrucciones de quién sale y quién no.
“Se ha pervertido la naturaleza del Sistema Judicial. ¿Qué van a hacer Diosdado Cabello y Cilia Flores? Lo que van es a sacar los jueces que tenemos y poner otros. Eso no es resolver el problema. Sin políticas de gerencia, eso no va a llegar”.
Lavarse la cara
A su juicio, el anuncio tiene que ver mucho con lo que está pasando en la CPI, y consiste en cambiar la narrativa con respecto a los casos emblemáticos que han sido sustentados ante la Fiscalía del organismo, como la tortura y asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo y del concejal Fernando Albán, así como el asesinato del estudiante Juan Pernalete.
“Es una puesta en escena para decir que en Venezuela hay toda la intención la disposición para transformar el sistema de justicia y que los responsables de esos delitos que se documentaron ante la CPI, ellos los van a juzgar en Venezuela”, afirmó.
—¿Cree que lo hacen para lavarse la cara? ¿Podría evitar la apertura de una investigación?
—No creo que lo puedan hacer (evitar la investigación), porque, si bien es cierto que la CPI trabaja bajo el principio de complementariedad, artículo 1 del Estatuto de Roma establece el principio, que es que ellos se verán en la necesidad de actuar si y solo sí en el país de los hechos no pueden o no quieren investigar los hechos. El problema de Venezuela está en que en Venezuela esos graves delitos que se denunciaron ante la CPI quienes cometieron esos delitos, no lo hicieron motu proprio.
“No fue que un funcionario equis se antojó de matar a Fernando Albán, quien, así como en el caso de Acosta Arévalo, estaba a cargo de una institución policial. Luego el fiscal salió diciendo que estaba allí por un delito y sostuvo que se había suicidado y, además, amenazó diciendo que el que dijera que no se había suicidado iba a pagar las consecuencias”, recordó.
En opinión de Joel García, el sistema está podrido. “No es el policía que practicó una detención arbitraria, es que un director de ese cuerpo lo ordenó y no porque le dio la gana, es porque alguien del Poder Ejecutivo lo ordenó y giró instrucciones al Ministerio Público (MP) y a los jueces, porque no es posible que estemos en esta situación con más de 300 presos políticos entre civiles y militares sin el concurso y la complicidad necesaria del cuerpo policial, el MP y de los jueces de la República”.
Estructura confabulada
Argumentó que un fiscal puede pedir pena de muerte si le da la gana, pero para eso está el juez, para aplicar lo que legalmente corresponde; que un policía puede detener arbitrariamente a cualquier ciudadano, pero está el MP, para supervisar el procedimiento, por lo que estima que se trata de una estructura que se confabuló para cometer esos hechos.
Karim Kahn (el nuevo fiscal de la CPI) tiene que pronunciarse en los próximos días o meses sobre el caso Venezuela. En diciembre se va a celebrar una convención del Estatuto de Roma, y es la fecha tope para que se pronuncie. Por otra parte, la CPI tiene competencia sobre personas, no Estados, y cuando el fiscal se atribuye la representación del Estado, me pregunto a quién representa él, porque no se está jugando al Estado venezolano.
Recordó que las personas involucradas son altos funcionarios, pero que el fiscal Saab utilizó una táctica dilatoria para retardar el pronunciamiento que debió haber hecho la fiscal anterior (Fatou Bensouda). Sin embargo, está convencido de que ese pronunciamiento tarde o temprano va a venir. “Estas acciones son para hacer la puesta en escena de que hay la intención y disposición de hacerlo para que la CPI no actúe”.
Falta de independencia
—¿Serían los acusados quienes tendrían que nombrar abogados particulares para defenderse?
—Por supuesto, no es al Estado venezolano a quien se está persiguiendo, es a determinadas personas, hay nombres y apellidos, cuando lleven al funcionario equis sobre tal caso, dirá ‘cumplí instrucciones de otro’, y éste de otro, y esa cadena de mando es lo que busca establecer la CPI y eso es lo que el gobierno quiere evitar a toda costa.
—El vicepresidente de Comisión Internacional de Juristas, Carlos Ayala Corao afirmó que el Poder Judicial depende del Ejecutivo, se ha hablado bastante de la falta de independencia. ¿Cómo se evidencia esa falta de independencia?
—He manejado varios casos donde las personas imputadas están relacionadas con la política nacional. Por ejemplo, estoy llevando el caso del magnicidio frustrado, del diputado Requesens, y el del periodista Rolando Carreño. En el caso de Roland Carreño, que es el de data más reciente, él fue privado de libertad 26 de octubre 2020, fue acusado el 12 de diciembre de 2020. La ley, el Código Orgánico Procesal Penal, establece cuándo, cómo, dónde, se inicia un lapso, cuándo termina, cuando se inicia una fase y cuándo la otra. Fue acusado el día 12 de diciembre, el Código dice que una vez se reciba la acusación se debe fijar audiencia preliminar, que es la fase siguiente, en un lapso no mayor a 20 días ni menor a 15. Si tomamos en cuenta fue el 12 diciembre, sacando sábado, domingo, festividades, pandemia, debió haber pasado en febrero, máximo en marzo. Estamos en junio y no se ha fijado la audiencia.
“Uno acude al Tribunal, y le pregunta al juez, ¿cuándo diablos vas a fijar la audiencia preliminar? Y éste dice ‘estoy esperando instrucciones, no tengo instrucciones para poner la fecha’. ¿Instrucciones de quién? La instrucción que debe recibir es del Código, de la ley, un juez se debe al derecho, a la ley, debe tener autonomía, autoridad para decidir y la ley es la que lo ordena, ¿cómo es que no ha recibido instrucciones? ¿instrucciones de quién? ¿Son de su superior jerárquico? ¿Del TSJ? ¿O esas decisiones son tomadas desde el Poder Ejecutivo? Del Judicial no es, porque lo tendría que fijar según lo establecido por el Código, vemos cuando apresan a alguien ¿quién sale a dar la rueda de prensa? Es Jorge Rodríguez, en el caso de Roland Carreño, quien era el jefe de campaña del PSUV para el momento”, detalló Joel García.
Deterioro absoluto
Desde la perspectiva de Joel García, toda la actuación en ese tipo de casos está orquestada desde el Poder Ejecutivo, que es el que domina todos los demás poderes ya que ahora hasta controla el Legislativo. “No hay separación de Poderes en Venezuela y sin eso no existe tal República ni Estado de derecho”.
—Cuando se habló de la necesidad de una reforma del Poder Judicial se estableció la creación Papel de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) ¿Qué papel cumplió?
—Se crea porque se eliminó el Consejo de la Judicatura, que era como un órgano independiente de la antigua Corte Suprema de Justicia, entonces se crea la DEM que depende del mismo TSJ, es decir, se pagan y se dan el vuelto. De esa DEM, que se ha anunciado con bombos y platillos, no se escuchó más nunca, se vino a nada. ¿Qué ha hecho para adecentar el Poder Judicial? Nada.
“Te voy a hablar del Palacio de Justicia –prosiguió-. Allí no hay un sanitario decente al que se pueda ir, un sitio donde pueda poner un ahoja y afincarse para escribir. En la recepción de documentos no está funcionando. El estado de deterioro de las instalaciones del Poder Judicial deja mucho que desear. Hablamos de justicia telemática y eso es inexistente. Tengo un caso donde la mayoría de los testigos están en el estado Bolívar y no los hemos podido evacuar tenemos las herramientas de internet ni equipos para hacerlo telemáticamente”, refirió Joel García.
Insistió en que la transformación debe ser desde la infraestructura, el personal, la logística, materiales e insumos, “Hay que ver cuando la comisión esté instalada, cuáles son los planes que se van a desarrollar para decir que van a transformar del Poder Judicial, pero no lo creo, son 22 años, qué vas a hacer en seis meses que no hiciste en 22 años”.
—¿El hacinamiento por retardos procesales se resuelve solo con más fiscales?
—No es cuestión de cantidad, es de calidad, es más cualitativo el problema que cuantitativo. Salió el decreto que los presos que estaban en instalaciones de la Dgcim y el Sebin pasen a centros penitenciarios. Yo tenía una audiencia de dos personas supuestamente involucradas, ya van a cumplir un año presos, vino la orden del traslado a El Rodeo y trasladaron a uno y a otro no. Fíjate el desconocimiento. La audiencia, en consecuencia, no se ha podido celebrar. No se trata de cantidad sino de calidad. Que las personas que ocupen esos cargos de directores centros penitenciarios, fiscales, sean conocedores del derecho, que razonen y no solo se limiten a cumplir órdenes, y conozcan cómo funcione y cómo se hacen.
“¿Qué sabrá Diosdado Cabello de cómo funciona el Poder Judical? que es una institución jerárquica y debe cumplir con lapsos, términos y procesos ¿cómo puede dirigir alguien algo que no conoce? Es como que tenga a 100 personas que no saben hacer nada, es preferible que tengas dos que tengan el conocimiento”, se preguntó para finalizar.
Para la Alianza Tal Cual – Provea
