La ascendente letalidad policial-militar apuntalada por una impunidad estructural
Las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Venezuela se extienden por varias décadas. El uso deliberado de la fuerza letal por parte de militares y policías ha producido la privación arbitraria de la vida a miles de personas, en su mayoría jóvenes residenciados en zonas pobres. Una ascendente letalidad intencional que evidencia un desprecio por la vida de las personas lo cual afirma una política de exterminio.
La ausencia de investigación y sanción a los responsables, tanto autores materiales como las cadenas de mando, favorece la repetición de los hechos.
Amparados por la impunidad los funcionarios del Estado disparan a matar y, con frecuencia, primero detienen sin que exista una situación de flagrancia u orden judicial, en ocasiones se tortura a la persona y después proceden a dar muerte incluso delante de sus familiares, imponiendo así su propia ley, decidiendo en minutos sobre la vida de un detenido. Crímenes realizados con alevosía con la convicción que no serán investigados.
La progresiva militarización de las labores de seguridad ciudadana afianzó la violencia sistemática contra la población civil, reforzó la narrativa desde las estructuras del Estado de las políticas de mano dura como las más adecuadas para combatir el ascendente problema de la delincuencia y otorgó a la Fuerza Armada un papel destacado en las labores y conducción de los operativos de seguridad ciudadana.
En Venezuela la población ha sido sometida a graves violaciones de derechos humanos, al nivel de considerarse se han cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde 2017. En el contexto de ataques generalizados y sistemáticos que se han producido en Venezuela, las ejecuciones extrajudiciales pudiesen constituir crímenes de asesinato de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma en lo referente a los crímenes de lesa humanidad, así lo han considerado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (MDH-ONU).
Esta investigación se centra en la letalidad policial y militar en el contexto de operativos de seguridad ciudadana, pero hay que señalar también que el uso excesivo de la fuerza en contexto de protestas sociales, ha privado de la vida de manera arbitraria a cientos de personas por exigir derechos.
Para esta investigación hemos decidido analizar las tendencias de la violencia institucional policial y militar en Venezuela en los últimos 25 años, a la luz del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales. Dicho período abarca los últimos años del gobierno del expresidente Rafael Caldera, la totalidad de años de gestión del expresidente Hugo Chávez y los años de gestión de Nicolás Maduro.
Para tal fin nos hemos apoyado principalmente en los informes anuales sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA). Igualmente se recurrió a trabajos de investigación realizados por el Comité de Víctimas y Familiares de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC), informes de la organización Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, los informes anuales del Ministerio Público (MP) y de la Defensoría del Pueblo (DdP); informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informes de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol) de 2006, así como los reportes de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MDH-ONU).
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