Se cumplen cinco años del lanzamiento oficial del «Operativo de Liberación del Pueblo» (OLP), una operación policial-militar anunciada como el plan gubernamental N° 23 para combatir la inseguridad, que rápidamente se convirtió en una carta en blanco para que las fuerzas de seguridad cometieran excesos y atropellos contra habitantes de zonas populares.
Desde el inicio del OLP, Provea registró cientos de denuncias sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidas por los funcionarios policiales y militares actuantes en estos operativos. El numeroso despliegue de funcionarios policiales y militares en las zonas donde se realizó el OLP y el discurso oficial que alentó la política de “mano dura”, propiciaron la ocurrencia de numerosos abusos por parte de los agentes de la fuerza pública contra habitantes de sectores pobres. En abril de 2016, junto a Human Rights Watch, presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el informe Poder sin Límites: Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela, en el que se analizaron los señalamientos de abusos durante operativos de seguridad pública llevados a cabo en distintos lugares del país desde julio de 2015, en el marco de la OLP.
Ejecuciones extrajudiciales, allanamientos masivos en conjuntos residenciales y barrios, demolición de cientos de viviendas, desalojos forzosos, detenciones arbitrarias, deportaciones masivas e inconsistencia en cifras y balances ofrecidos por las autoridades se sumaron a la cuestionable actuación de la Fuerza Armada y cuerpos policiales. La denuncia del gobierno sobre la «presencia de paramilitarismo» en las comunidades pobres dio pie a una especie de pogromo contra la población extranjera, especialmente colombiana, y contra quienes habitan zonas populares. Autoridades y el sistema público de medios mantuvieron una amplia campaña xenófoba que generó la criminalización de grupos de la sociedad por su nacionalidad o condición social.
Según las cifras suministradas por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) en los primeros 5 meses de OLP, más de 70.000 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Guardia del Pueblo, Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y policías regionales habían participado en operativos realizados en distintas comunidades populares de la geografía nacional.
Por sus efectos, el OLP impactó negativamente en la garantía de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal, además vulneró la realización y garantía de los derechos económicos sociales y culturales.No hay antecedentes en Venezuela de un operativo policial que haya tenido un impacto tan negativo en la garantía del derecho humano a una vivienda adecuada.
Ejecuciones extrajudiciales
De acuerdo a las cifras presentadas en 2017 por el Ministerio Público en su informe Actuaciones en el marco de las OLP, desde el inicio del «Operativo de Liberación del Pueblo» en julio de 2015 y hasta marzo de 2017, un total de 505 personas fueron asesinadas por agentes de la fuerza pública. De acuerdo a la información revelada por el órgano, la mayoría de las personas asesinadas eran hombres mayores de edad (94,65%) y en menor medida hombres menores de 18 años (5,35%).
En Carabobo se registró la mayor cantidad de asesinatos a manos de la fuerza pública con 136 víctimas (26,9%), le siguió el Área Metropolitana de Caracas con 126 víctimas (25%) y el estado Bolívar con 74 víctimas (14,7%) Por estos hechos, se 357 investigaciones por homicidios. El informe del Ministerio Público reveló que para 2017 la gestión de Luisa Ortega Diaz investigaba a 1.074 funcionarios policiales y militares involucrados en presuntos casos de violaciones a derechos humanos cometidas en estos operativos policiales, y 112 de ellos ya habrían sido imputados ante Tribunales del país. A la fecha, se desconoce el curso actual de dichos procedimientos bajo la gestión del fiscal de facto Tarek William Saab.
– Masacre en la Cota 905
El 14 de julio de 2015 familiares de 4 personas asesinadas en el sector La Cancha de la Cota 905 durante la realización del OLP el 13 de julio de 2015, desmintieron la versión oficial que indicaba que estas personas habían resultado muertas luego de enfrentarse a la fuerza pública. Familiares de MARTINEZ, Elio Jesús (25); CASTRO, Carlos Luis (25); ISTURÍZ, Kevin Jesús (22); BEJARANO, Carlos Eneisi (18) y un menor de edad de 14 años, denunciaron que estas personas no se habían enfrentado a los efectivos policiales y no pertenecían a bandas delictivas. En el caso del adolescente asesinado, un familiar señaló que este fue asesinado mientras dormía en su vivienda.
El OLP realizado en la Cota 905 en Caracas arrojó, según cifras oficiales, un balance de 16 personas asesinadas. La versión de los cuerpos policiales indicó que la totalidad de estas personas fallecieron luego de enfrentarse a las comisiones de los cuerpos de seguridad que participaron en la operación, sin embargo en al menos 7 casos los familiares de los fallecidos desmintieron la versión oficial.
El 17 de julio de 2015 Provea acudió, junto a un numeroso grupo de personas habitantes de los sectores La Quinta y La Cancha de la Cota 905, a la sede del Ministerio Público para solicitar una investigación sobre los hechos ocurridos. El 18 de julio Provea acudió a la Cota 905 para documentar las denuncias de habitantes de este sector sobre presuntos excesos y violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios actuantes en el OLP. El equipo de Provea pudo reunirse con más de 200 habitantes de los sectores La Cancha y Las Quintas en la parte alta de la Cota 905 y registrar denuncias sobre presuntas ejecuciones policiales, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas detenidas, hurtos masivos y destrozos en viviendas, presuntos forjamientos de pruebas, maltratos físicos y verbales y amenazas de muerte contra niños, mujeres y hombres habitantes de este sector.
– Masacre de Barlovento
El 08 de octubre de 2016, unos 1.300 funcionarios del Ejército y otros cuerpos de seguridad, desplegaron un OLP en la región de Barlovento en el estado Miranda. En su primera fase, el operativo dejó cinco jóvenes fallecidos en el sector Casupo Arriba. Según informaron las autoridades, estas personas habrían muerto en un enfrentamiento con miembros del Comando Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la GNB. Otras decenas de personas fueron detenidas durante la ejecución del OLP en varios sectores de Barlovento. 45 días después de iniciado el operativo se supo que 12 de los detenidos en los allanamientos ilegales y puntos de control desplegados, fueron asesinados y enterrados en fosas comunes por los militares. Otro de los detenidos, falleció en los mismos hechos a consecuencia de las torturas recibidas.
En un informe presentado por el Ministerio Público en febrero de 2017 el órgano concluyó: «se extrae de los testimonios rendidos por las víctimas- testigos que, tanto ellos como los occisos, fueron sometidos a graves métodos de tortura, tales como: descargas eléctricas en varias partes del cuerpo incluyendo partes íntimas; inhalación de gas lacrimógeno; golpes con objetos contundentes, entre los cuales se puede mencionar un palo de guayaba colectado a través de la Inspección Técnica realizada en uno de los sitios en los cuales se dieron los hechos reseñados. Los vejámenes a los cuales resultaron sometidas las víctimas sobrevivientes y los hoy occisos violaron los más básicos derechos constitucionales».
La mayoría de las víctimas fallecieron a consecuencia de heridas producidas por armas blancas en el cuello, y luego de haber sido sometidos a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Por estos hechos el Ministerio Público imputo a los ciudadanos: Teniente Coronel, José Ángel Rojas Córdova; Mayor, Luis Eduardo Romero Arcia; Sargento Mayor, Miguel Francisco Rodríguez Rodríguez; Sargento Primero, Orlando José Mosegui Barrios; Sargento Primero, Rafael Luis Acevedo Galanton; Sargento Primero, Luis Ramón Figuera Salazar; Sargento Primero, Francisco José Rivas Salazar; Sargento Primero, Ronny José Anton Anton; Cabo Segundo, Arquímedes José Aguey; Cabo Segundo, Luis Eduardo Machado Márquez; Cabo Primero, Fabián de Jesús Rengel Rengel; Capitán, Daniel Rafael Contreras Primera.
Detenciones arbitrarias
En las dos primeras semanas de despliegue del OLP fueron detenidas más de 500 personas. Sólo en el primer operativo realizado en la Cota 905, en Caracas, se detuvo a 134 personas a quienes autoridades como el entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López y Nicolás Maduro acusaron de mantener vínculos estrechos con el paramilitarismo. 15 días después se conoció que sólo siete personas permanecían detenidas por presentar cargos por robo y homicidio, mientras el resto fue liberado por no tener antecedentes ni solicitudes. Es decir, la efectividad de esta incursión fue de apenas 5%.
Los datos recopilados por Provea en su Informe Anual 2015, indicaron que en dicho período se registraron 100 casos y 17.071 víctimas de detenciones masivas, lo que representó un incremento de 494% respecto al año anterior. El incremento de este tipo de detenciones obedeció a la implementación del OLP, toda vez que las detenciones realizadas en el marco de dicho operativo representaron el 92% (15.946 detenciones) de los casos de violaciones al derecho a la libertad personal, y 93% de las detenciones masivas (17.071) registradas durante 2015. Entre los cuerpos de seguridad que más realizaron este tipo de detenciones destacó en primer lugar la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 901 detenciones.
Allanamientos, desahucios y demolición de viviendas
Más de 18.000 viviendas fueron allanadas durante la ejecución del OLP. En operativos como el realizado el 13.07.2015 en la Cota 905 y el 02.08.2015 en el complejo urbanístico de la GMVV en el sector Vidoño, ubicado en el estado Anzoátegui, se realizaron allanamientos en todas las viviendas de dichas comunidades. En los OLP realizados en los urbanismos Alí Primera y La Sábila en el estado Lara, fueron allanadas 4.032 y 4.000 viviendas respectivamente, mientras que en el OLP ejecutado en el sector La Invasión, en el estado Táchira, 1.500 viviendas fueron allanadas. En ninguno de los casos, estos allanamientos denominados “inspecciones” y “auditorias” por los funcionarios actuantes-, contaron con una orden judicial. Igualmente en muchas de las situaciones de allanamientos masivos, los habitantes de las comunidades dijeron que no hubo presencia de fiscales del Ministerio Público durante la realización de los mismos. Se reportaron numerosas denuncias de hurtos y destrozos ocasionados a viviendas que han sido objeto de estos allanamientos ilegales.
Otras 1.490 viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela fueron “recuperadas” durante la ejecución de OLP a nivel nacional. Es decir, los habitantes fueron desalojados de forma arbitraria por las autoridades luego de haber sido estigmatizados y criminalizados. Provea recibió denuncias de personas de nacionalidad colombiana residentes de urbanismos de la GMVV, quienes señalaron el trato discriminatorio y los atropellos recibidos por parte de funcionarios policiales y militares debido a su nacionalidad.
La señora Omaira del Carmen Ramírez, beneficiaria de la GMVV de Tanaguarena en el estado Vargas, denunció en Provea que fue víctima de desahucio y desalojo forzoso de su vivienda a manos de funcionarios del Instituto de Vivienda de Vargas (INVIVAR) y la policía regional de esa entidad en el contexto de la OLP. El desalojo se produjo la tarde del 24.08.2015. Ramírez habitaba el apartamento desde hace un año. Antes estuvo refugiada cuatro años en el Fuerte Tiuna. Junto a sus tres hijos, dos de ellos menores de edad, recibió la orden de desalojar en 20 minutos la vivienda bajo el argumento de que no la habitaba de forma regular. Denuncia que inmediatamente otra familia fue alojada en el inmueble. IVIVAR justificó la medida alegando que el inmueble se encontraba en tan óptimas condiciones que no se podía presumir que alguien lo estaba habitando.
976 viviendas fueron demolidas y otras 10 incendiadas por agentes de la fuerza pública durante la ejecución del OLP. Una afectación del derecho a la vivienda –en el marco de un operativo de seguridad ciudadana- sin precedentes en la historia venezolana. En estos procedimientos el Estado violó las garantías procesales previstas en el caso de desalojos y consagradas en los instrumentos internacionales y nacionales de protección del derecho humano a una vivienda adecuada, toda vez que no realizó una consulta con las personas afectadas y no otorgó un plazo razonable de notificación previa y, por el contrario, realizó el desalojo y la demolición de forma sorpresiva y violenta. Estas personas no fueron informadas debidamente de la ejecución del desalojo y las autoridades no adoptaron ninguna medida para garantizar la reubicación y destino habitacional de las 976 familias afectadas. Los testimonios recogidos por Provea en las comunidades afectadas indican que el OLP fue empleado como excusa para justificar el desalojo forzoso y la demolición de estas 976 viviendas.
De la OLP a las FAES
Las FAES se han convertido en el brazo ejecutor del terrorismo de Estado. El despliegue masivo de policías y militares que caracterizó al OLP, fue sustituido por el aumento de la letalidad policial a manos de este cuerpo élite que siembra terror en las comunidades.
En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela presentado el pasado 5 de julio en Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) dijo: “Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES. Al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES, y posiblemente a otras fuerzas de seguridad, como parte de una política de control social. Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición”.
Prensa Provea
