Durante el operativo de búsqueda del ex piloto del CICPC, Oscar Pérez, el Estado venezolano no agotó la vía de la resolución pacífica y propició el desenlace violento que condujo a la muerte de -según fuentes oficiales- 7 venezolanos, incluyendo dos funcionarios policiales y cinco presuntos acompañantes de Pérez.
En un comunicado divulgado la tarde de este lunes, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz ofreció escasos detalles sobre el operativo policial, informando que dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana habrían fallecido producto de un presunto enfrentamiento, y otros cinco estarían heridos de gravedad. Asimismo el MPPRIJ informó que cinco personas, cuyas identidades se desconocen, habrían sido abatidas por los cuerpos de seguridad y otras cinco habrían resultado detenidas. Se desconoce hasta ahora el paradero de estos detenidos y no hay información sobre el piloto Oscar Pérez.
Provea lamenta el desenlace de los hechos y expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de todos los fallecidos en el procedimiento policial de búsqueda del piloto Oscar Pérez. Igualmente, exige al gobierno ofrecer información precisa y detallada de los hechos ocurridos hoy en carretera El Junquito, cada minuto de silencio oficial aumenta el riesgo para la integridad y la vida de las personas detenidas durante el operativo. Los riesgos de torturas y/o desaparición forzada aumentan en tanto la opacidad y la incomunicación de los detenidos se impongan.
En horas de la mañana de este lunes, Provea advirtió que el Gobierno debía respetar la vida e integridad del piloto Oscar Pérez, quien a través de sus redes sociales manifestó su intención de entregarse, junto a sus compañeros, a las autoridades. La ausencia y silencio del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en los hechos, impidió la existencia de garantías para la resolución pacífica del operativo y una actuación ajustada a los estándares sobre uso diferenciado y proporcional de la fuerza por parte de los agentes de seguridad.
Hoy todo indica que se repiten los hechos ocurridos el 9 de octubre de 2014 durante el operativo realizado en el edificio Manfredir en la avenida Baralt de Caracas, donde agentes del CICPC asesinaron al líder del colectivo «5 de marzo» José Odreman, quien minutos antes había expresado públicamente su voluntad de rendición y negociación con las autoridades, responsabilizando al entonces Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, por cualquier daño a su vida e integridad. En dicha ocasión, las autoridades propiciaron el desenlace violento de los hechos que condujeron a la muerte de este ciudadano.
Se ha convertido en una práctica rutinaria la comisión de ejecuciones extrajudiciales durante la realización de operativos policiales y militares en Venezuela. En 2016 Provea y el Ministerio Público constataron el asesinato de 241 personas bajo la figura de ejecuciones, sólo en el marco de la realización del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP).
El silencio permanente del actual fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, y del defensor del pueblo, también designado por la constituyente, Alfredo Ruíz, son un aval para la reiteración de este tipo de abusos contra los derechos humanos. En esta oportunidad su silencio y ausencia de actuación vuelve a ser cómplice de los posibles abusos. Provea exige una investigación transparente y oportuna de los hechos, y sanción para los responsables de los posibles abusos ocurridos en este operativo policial. Asimismo, exigimos garantías para la vida e integridad de las personas detenidas y para sus familiares y amigos.
Prensa Provea
