Como un hecho repudiable calificó el abogado y coordinador general de la Fundación de los Derechos Humanos, Alcides Magallanes, las acciones llevadas a cabo por funcionarios de la Policía de Urbaneja, quienes en los últimos días se han dado la tarea de atacar a humildes pescadores artesanales.
El activista de los DDHH señaló que el pasado miércoles 29 de agosto del presente año, una comisión de este cuerpo de seguridad conformada por cinco funcionarios, entre quienes se encuentra una femenina de nombre Dayana Campos y otro funcionario identificado con el apellido Vásquez, se presentaron en la residencia de Cristina María Sarmiento Rodríguez y Yarismar del Valle María Salazar Sarmiento, ubicada en la Aldea de Pescadores de Lechería y sin orden de allanamiento trataron de llevarse a la fuerza a sus familiares: Gustavo Salazar, Alberth Moreno, Yunior Anamarima y Alejandro Salazar.
Magallanes indicó que las mencionadas ciudadanas se trasladaron hasta la sede de Poliubaneja y allí fueron amenazadas por los miembros de la referida institución, quienes les dijeron que tenían que mudarse del municipio. Luego quedaron privadas de libertad sin ningún tipo de orden, lo cual desde el punto de vista constitucional y legal corresponde una detención arbitraria.
Aseguro que en Anzoátegui se ha incrementado el número de abusos, detenciones arbitrarias, el cobro de dinero en dólares al cambio de libertad de detenidos y presuntas ejecuciones extrajudiciales como es el caso del ciudadano Jesús Ramón Linares Reyes, quien falleció el 3 de agosto y donde están involucrados uniformados del cuerpo de seguridad de la ciudad morreña.
“Esta es una tendencia muy grave, lo cual indica el grado de deterioro moral de algunos organismos de seguridad de nuestra entidad”, dijo.
Prensa Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui
