En la madrugada del 12 de enero de 2020, tres personas no identificadas ingresaron ilegalmente a uno de los centros de acopio de Prepara Familia. Se fueron horas después, luego de amenazar a integrantes de la organización con «denunciarles ante el FAES», por supuestamente mantener medicamentos vencidos y otros suministros en el centro de acopio. Además, los invasores se llevaron alimentos no perecederos y fórmulas lácteas que estaban almacenadas en el edificio.
Prepara Familia es una organización no gubernamental cuyo objetivo principal es generar herramientas para prevenir la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres, a través de la educación y brindando apoyo legal, psicológico y espiritual a las familias, especialmente a las mujeres. Desde 2018, la organización ha enfrentado varios incidentes de acoso e intimidación debido a su trabajo denunciando violaciones del derecho a la salud y acompañando a los niños y sus familiares especialmente en el Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, conocido como J.M. de los Ríos.
El 12 de enero de 2020, tres personas no identificadas ingresaron ilegalmente a uno de los centros de acopio de Prepara Familia. Vecinos les avisaron que desconocidos habrían saltado los muros y violentado la entrada al centro de acopio. Algunos miembros de la organización llegaron alrededor de las 8 p.m. Después de varias discusiones, los individuos finalmente abandonaron las instalaciones. Antes de irse, amenazaron a los miembros presentes de que les denunciarían ante el FAES, por supuestamente almacenar medicamentos vencidos y otros suministros en el centro de recolección. La Fuerza de Acciones Especiales de Venezuela (FAES) es una rama de la Policía Nacional Bolivariana creada en 2017. Varias instituciones nacionales e internacionales, incluido el ACNUDH, han documentado y denunciado la participación impune de agentes de la FAES en violaciones graves de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales.
Los tres individuos se llevaron alimentos no perecederos y fórmulas lácteas de las instalaciones. Cuando la directora de Prepara Familia, Katherine Martínez, fue a la estación de policía local para presentar una queja, los oficiales a cargo se negaron a aceptarla y declararon que debía dirigirse a otras entidades, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC). Al final, un oficial de policía fue al centro de acopio, donde tomaron fotografías de los suministros y preguntaron si la organización estaba asociada con el líder opositor Juan Guaidó.
El 14 de enero de 2020, aproximadamente a las 4 p.m., la directora de Prepara Familia fue notificada de que las mismas personas volvieron al centro de acopio, esta vez acompañadas por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). La policía trató de llevar a cabo una redada, sin presentar una orden judicial, alegando que se llevarían donaciones ya que supuestamente tendrían que llevar a cabo una investigación. Los funcionarios intentaron apoderarse de las donaciones almacenadas en el centro de acopio y amenazaron con arrestar a su directora. Finalmente, tras negociaciones y presión de varias organizaciones de derechos humanos locales, la policía devolvió las donaciones incautadas y se retiró del lugar.
En el transcurso del 2019, Prepara Familia documentó una serie de incidentes de seguridad y obstrucción a su trabajo. En febrero de 2019, a su directora se le prohibió ingresar al Hospital J.M. de los Ríos. Esto ocurrió en el contexto del primer aniversario de la emisión de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en beneficio de los niños hospitalizados en el mencionado centro de salud. En mayo de 2019, el portal gubernamental Misión Verdad, asociado con el programa de televisión Con El Mazo Dando, publicó una declaración contra las ONG que defienden los derechos de los niños que reciben tratamiento en este hospital, acusando específicamentea Katherine Martínez de inflar cifras y tener vínculos con funcionarios estadounidenses y el bloqueo impuesto por los Estados Unidos al país. El ataque en mayo se produjo después de las quejas de Prepara Familia sobre la muerte de varios niños en el Hospital J.M. de los Ríos debido a la falta de tratamiento oportuno. Poco antes, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Defensor del Pueblo habían declarado públicamente que las muertes de niños en el hospital eran producto de las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Finalmente, en octubre de 2019, durante sus actividades regulares en el hospital, un funcionario del allí se acercó a Katherine Martínez y le dijo que ya no podía estar presente en el hospital. Esto fue reiterado por varios otros funcionarios, quienes indicaron que la orden venia de la dirección.
En el transcurso del 2019, Prepara Familia documentó una serie de incidentes de seguridad y obstrucción a su trabajo. En febrero de 2019, a su directora se le prohibió ingresar al Hospital J.M. de los Ríos. Esto ocurrió en el contexto del primer aniversario de la emisión de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en beneficio de los niños hospitalizados en el mencionado centro de salud. En mayo de 2019, el portal gubernamental Misión Verdad, asociado con el programa de televisión Con El Mazo Dando, publicó una declaración contra las ONG que defienden los derechos de los niños que reciben tratamiento en este hospital, acusando específicamentea Katherine Martínez de inflar cifras y tener vínculos con funcionarios estadounidenses y el bloqueo impuesto por los Estados Unidos al país. El ataque en mayo se produjo después de las quejas de Prepara Familia sobre la muerte de varios niños en el Hospital J.M. de los Ríos debido a la falta de tratamiento oportuno. Poco antes, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Defensor del Pueblo habían declarado públicamente que las muertes de niños en el hospital eran producto de las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Finalmente, en octubre de 2019, durante sus actividades regulares en el hospital, un funcionario del allí se acercó a Katherine Martínez y le dijo que ya no podía estar presente en el hospital. Esto fue reiterado por varios otros funcionarios, quienes indicaron que la orden venia de la dirección.
Front Line Defenders ha denunciado previamente la escalada de ataques contra organizaciones que realizan trabajos humanitarios y promueven los derechos humanos en el contexto de la compleja crisis humanitaria que Venezuela ha enfrentado en los últimos años, como en el caso de la Fundación Mavid. Front Line Defenders condena los ataques contra Prepara Familia y expresa su preocupación por el hecho de que estos actos tengan un efecto intimidatorio en la comunidad de defensores de derechos humanos en Venezuela, particularmente quienes continúan denunciando la crisis humanitaria y quienes brindan apoyo humanitaria.
Front Line Defenders insta a las autoridades en Venezuela a:
1. Detener todos los actos de acoso contra defensores de derechos humanos y organizaciones que brindan apoyo humanitario, en particular los integrantes de Prepara Familia;
2. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica y la seguridad de los miembros de Prepara Familia, en consulta con ellos;
3. Asegurar que las denuncias de ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos sean oportunamente registradas e investigadas por las autoridades;
4. Llevar a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre los incidentes de seguridad contra Prepara Familia, con el fin de publicar los resultados y llevar a los responsables ante la justicia de conformidad con los estándares internacionales;
5. Tomar medidas para garantizar que los funcionarios del gobierno u otras figuras públicas se abstengan de hacer declaraciones que estigmaticen el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos y las organizaciones que brindan ayuda humanitaria;
6. Asegurar que los defensores y las defensoras de derechos humanos en Venezuela puedan continuar sus actividades de derechos humanos sin temor a represalias y libres de todas las restricciones, incluido el acoso policial.
