Las organizaciones de derechos humanos que integran el Foro por la Vida rechazan categóricamente el impedimento de ingreso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país, en el marco de una visita in loco este 4 de febrero.
La visita in loco consiste en la entrada de la CIDH a un país para documentar la situación de derechos humanos y observar en terreno el cumplimiento de los estándares internacionales de protección. Esto sirve para identificar situaciones que afecten los derechos de las personas a fin de adelantar procesos de verdad, reparación y justicia para las víctimas.
La CIDH mantiene su competencia en relación a la situación de los derechos humanos en Venezuela porque la denuncia del tratado no cumplió con los extremos para considerarse efectiva. Debe hacerse conforme lo establecido en la Constitución venezolana y además deben cumplirse con todas sus obligaciones (decisiones de la CorteIDH, medidas cautelares…). Igualmente hay un conjunto de tratados vigentes que establecen competencias para la CIDH.
La Comisión busca información, documenta casos y posibles patrones, para ello se reúne con la mayor diversidad de actores locales: organizaciones sociales, ONG, universidades, sindicatos, autoridades y sociedad civil en general; plantea a la opinión pública sus hallazgos, así como recomendaciones a los Estados para procurar el cumplimiento de las obligaciones respecto a la protección de derechos.
El último ingreso de la CIDH al país fue hace 18 años (2002). El Estado venezolano sigue en deuda con el sistema interamericano y debe cumplir con: las sentencias de la Corte Interamericana, la ejecución de medidas cautelares otorgadas por la Comisión; así como acatar la obligación que deriva de los instrumentos y pactos internacionales de protección, los cuales gozan de carácter constitucional en Venezuela.
El impedimento de acceso a la CIDH por parte del gobierno se traduce en otro impulso para sostener y encubrir la impunidad. En un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que derivó en la crisis migratoria más grave de la historia reciente, excluir de facto a las instancias de protección revela el desinterés en mejorar las condiciones de vida de la población, y eludir con ello la responsabilidad de los funcionarios públicos en la emergencia humanitaria y la crisis política.
Negar la entrada de la Comisión al país es negar nuevamente a las víctimas una oportunidad de ser escuchadas y obtener justicia a través de los sistemas internacionales que están destinados para ello. El Estado venezolano insiste, a través del Poder Ejecutivo, en mantener aislada a la población de los mecanismos de protección de derechos humanos, lo que implica revictimizar las personas que han sido vulneradas en su dignidad e integridad, sea por acción directa u omisión del gobierno frente a su obligación de garantía, respeto y protección de los derechos de los/as venezolanos/as.
Exhortamos a la comunidad internacional y organizaciones civiles del continente a rechazar esta medida en tanto limita la posibilidad de justicia a la población venezolana. La vigencia del sistema regional de protección pasa por la defensa activa de sus mecanismos, la exigencia de su reconocimiento a los Estados miembros y la inclusión efectiva de los estándares de protección en todos los niveles de la vida pública como garantía de dignidad para nuestras sociedades.
Acción Ciudadana contra el Sida– ACCSI
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello – CDH-UCAB
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)
Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana
Justicia y Paz. Cáritas Los Teques
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos – Provea
