«Estos Magistrados no pueden seguir en la Sala Constitucional». Con estas palabras la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, acudió este martes 13 de junio a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a solicitar el Antejuicio de Mérito contra los seis Magistrados principales de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Luis Damiani, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y los dos suplentes Federico Fuenmayor y René De Graves por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de conspiración contra la forma repúblicana que se ha dado la Nación, previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal Venezolano. Ello, según explicó la alta funcionaria, debido a las recientes decisiones emanadas de la Sala Constitucional que generaron una ruptura del orden constitucional y el Estado de derecho en el país.
“Corre peligro la nación, corre peligro el Estado de Derecho, corre peligro el derecho, corre peligro la paz y la ciudadanía, esta es la muerte del derecho, sería la muerte del derecho si nosotros permitimos que estos Magistrados sigan en la Sala”, dijo.
La Fiscal fundamentó su petición en las consecuencias generadas a raíz de las sentencias 155, 156 y 378 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Recordó que las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia otorgaron poderes especiales al Presidente de la República -incluso en materia penal-, disolvían y despojaron de competencias a la Asamblea Nacional y arrogaba sus facultades a la Sala Constitucional, conspirando contra la forma repúblicana que se ha dado la nación. “Esas sentencias pusieron en peligro la democracia. No es a través de un acto de fuerza como se conspira contra la forma repúblicana de la nación, también se conspira generando daños irreparables a través de sentencias, lo que se está buscando es desmantelar el Estado”.
Asimismo, la Fiscal se refirió al inconstitucional secuestro de la soberanía popular, mediante la sentencia 378 de la Sala Constitucional, y a la negativa de respuestas por parte de los Magistrados a los recursos ejercidos por el Ministerio Público, lo que calificó como la negación del Estado de Derecho. Denunció la ausencia de garantías para el principio de la Tutela judicial efectiva, debido a los obstáculos promovidos por el Poder Judicial y la Guardia Nacional Bolivariana para impedir que los ciudadanos pudieran adherirse al recurso interpuesto por la Fiscal General contra la referida sentencia.
Provea saluda los esfuerzos encabezados por la Fiscal General de la República por la reinstitucionalización del país y acompañará las iniciativas del Ministerio Público por el rescate de la democracia en Venezuela, ante los intentos de consolidación de la Dictadura de Nicolás Maduro mediante la pretendida abolición de la Constitución de 1999 a través de la inconstitucional convocatoria a un proceso constituyente.
