Hoy 12 de junio, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz se dirigió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para impugnar la designación de magistrados que fueron electos el 23 de diciembre de 2015 por el Parlamento anterior.

Luego de que fuese declarado inadmisible el recurso introducido el pasado jueves 8 de junio, la máxima titular del Ministerio Público vuelve a intentar una acción, para contribuir con el restablecimiento de la institucionalidad, impugnando a trece magistrados principales y veinte suplentes. «… la falta de legitimad de origen de esos magistrados es lo que afecta su idoneidad, su imparcialidad… es sin duda un factor que ha contribuido a que el TSJ no de soluciones efectivas al país, sino, por el contrario, de lo que se encarga es de acelerar la crisis… ha sido el TSJ un obstáculo para la paz del país… consigné con la solicitud que hice, las irregularidades presentadas durante el proceso para la selección de estos magistrados. Tomaron decisiones a espalda mías… al punto de que el acta no está firmada por mí ni por la secretaria del Consejo Moral Republicano..»

Ortega Díaz explicó que hubo vicios en la elecciones de estos magistrados:

  1. No se hizo el baremo para determinar si los aspirantes a magistrados cumplían con los extremos legales
  2. No se convocó una sesión ordinaria u extraordinaria para debatir en torno a la evaluación que se hiciera de cada uno de esos expedientes
  3. Ni la Secretaria del Consejo Moral Republicano ni la Fiscal firmaron el acta, por no estar de acuerdo con el proceso de designación

Ortega Díaz espera que los magistrados se inhiban o se desincorporen de manera inmediata para llamar a concurso.Explicó que tal acción no la había realizado antes por no tener acceso a las pruebas que hoy consignó. «No ha sido fácil acceder a las actas en el seno del Consejo Moral Republicano».

Asimismo declaró que esta pidiendo «…una acción de amparo cautelar a los fines de suspensión de los efectos d los actos impugnados».

Denuncia amenazas

La Fiscal General aseguró que su familia ha sido objeto de amenazas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) e hizo responsable al Ejecutivo por lo que pudiera ocurrirle: «Yo quisiera hacer responsable a las autoridades del Estado venezolano, especialmente al Ejecutivo, de lo que le pueda pasar a mi familia. No es posible que mi familia sea objeto de amenaza. Este es un tema que tienen que resolver conmigo, no con mi familia, entonces yo hago responsable de cualquier daño, cualquier lesión, agresión que pueda sufrir toda mi familia al ejecutivo nacional… Alguien está amenazando a mi familia …Si llaman a mi familia, los acosan, los persiguen patrullas que parecen ser del sebin, mensajes directamente del Sebin… el Sebin depende del ejecutivo.».

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Prensa Provea.