La ex ministra del Poder Popular para la Economía Popular, Oly Millán, denunció este viernes actos de discriminación laboral y retaliación política en su contra, debido a sus críticas contra el Arco Minero del Orinoco y el reciente anuncio presidencial de convocar una Asamblea Nacional Contituyente para modificar la Constitución Nacional.
Millán quien ocupó en 2006 el cargo de ministra del Poder Popular para la Economía Popular, durante la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez, informó en una carta pública difundida el 12.05.2017 que actualmente se desempeñaba como docente en la Escuela Venezolana de Planificación, impartiendo la unidad curricular «Perspectiva Integral de la Economía», y fue notificada «de forma verbal que por instrucciones del Ministro Ricardo Menéndez, fui relevada de dicha responsabilidad […] este último evento coincide, casualmente, con la posición que he venido asumiendo conjuntamente con los integrantes de la Plataforma por la Defensa de la Constitución, cuando el pasado martes 9 de los corrientes, hicimos entrega al Consejo Nacional Electoral de un documento público en el cual solicitamos, basándonos en el artículo 333 de la CRBV, el respeto a la Constitución de Chávez a propósito de la forma anticonstitucional como se pretende instalar, por parte del Ejecutivo Nacional, de una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo mecanismo de instalación viola flagrantemente la Constitución y profundiza los graves problemas por los que está atravesando el país».
La ex Ministra añade en su escrito que anteriormente ya había sido víctima de una situación similar debido a su posición crítica ante medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional. En tal sentido, denunció que fue despedida de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) por denunciar y participar en iniciativas contra el Arco Minero del Orinoco (AMO). «Luego de trabajar como docente a tiempo completo (planteamiento verbal que me hiciera el Coordinador de Economía Política) por espacio de seis (6) meses, es decir, de junio a diciembre 2016, impartiendo las Unidades Curriculares de: Proyecto I, Economía Mundial y Construcción del Socialismo en el Siglo XX, con una carga académica total de dieciséis (16) horas semanales, al finalizar el semestre me encontré con la sorpresa de que la rectora señora Maryann Hanson, se negaba a firmar mi contrato alegando como excusa por encima de cualquier derecho que como docente me asistía que `No iba a firmar el contrato porque yo venía asumiendo posiciones en contra del Gobierno` todo ello por mi participación activa en la denuncia contra el Decreto de creación del Arco Minero del Orinoco y por formar parte de la Plataforma por la Defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, la constitución de Chávez».
Provea recuerda que los actos de discriminación laboral por razones políticas están expresamente prohibidos en el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito y ratificado por Venezuela; en los artículos 19, 21, 57 y 89 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV); en el artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLOTTT), y en el artículo 21 de la misma Ley que reza: “Son contrarias a los principios de esta Ley las prácticas de discriminación. Se prohíbe toda distinción, exclusión, preferencia o restricción en el acceso y en las condiciones de trabajo, basadas en razones de raza, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opiniones políticas, nacionalidad, orientación sexual, personas con discapacidad u origen social, que menoscabe el derecho al trabajo por resultar contrarias a los postulados constitucionales”. Igualmente están prohibidos en la Ley Orgánica sobre Protección, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo (LOPCYMAT) en su artículo 56 que obliga a todo empleador a “Abstenerse de toda discriminación contra los aspirantes a obtener trabajo o contra los trabajadores y trabajadoras y, dentro de los requerimientos de la actividad productiva, respetar la libertad de conciencia y expresión de los trabajadores y trabajadoras”. Reiteramos nuestro rechazo a la recurrente promoción de actos de discriminación y hostigamiento, despidos injustificados y retaliaciones contra empleados y trabajadores de la administración pública y empresas del Estado, debido a su posición política. Reafirmamos nuestra disposición a acompañar a todas las víctimas de estas situaciones, que constituyen serios abusos contra los derechos humanos.
A continuación reproducimos el texto difundido por la ex Ministra Oly Millán:
«ANTE LA CRITICA, LO QUE EXISTE ES INTOLERANCIA, AUTORITARISMO Y RETALIACIÓN POLÍTICA
Oly Millan Campos
“La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder.» José de San Martín
Hace ya unos cuantos años, diría para no ahondar en detalles, antes de que Chávez llegara a Miraflores, cuando comencé a abrazar la lucha por la construcción del socialismo, eran tiempos de angustias y temores porque, como sabemos quienes vivimos esa época, en todos los espacios de la vida nacional existía una especie de represión permanente con un ropaje de supuesta democracia, por lo tanto se reprimía violentamente, se encarcelaba, torturaba y desaparecía a quienes pensaban diferente al régimen de entonces. En medio de esta situación, el camino que le quedaba, entre otros, al movimiento revolucionario y popular era la denuncia pública y las exigencias en el caso de encarcelamiento, del respeto al debido proceso. Pues bien, quienes asumíamos de inmediato la lucha lo hacíamos en primer lugar motivados por la necesidad de lograr en nuestro país: justicia social. Era natural que en aquellos años no existiera espacio para la crítica al sistema imperante y mucho menos para la materialización de las propuestas revolucionarias, ya que, como sabemos esa democracia representativa se sustentaba en la represión, el amedrentamiento y la violación a derechos fundamentales.
Expreso lo anteriormente señalado, porque en el marco del actual Gobierno, vienen ocurriendo hechos que nos retrotraen a las practicas nefastas de la Cuarta República, como una evidencia de lo antes expuesto, me permito denunciar que durante los últimos diez (10) meses he sido víctima de prácticas de violación del derecho al trabajo. Me refiero concretamente a dos eventos que denuncio públicamente. Uno de ellos está vinculado a la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde luego de trabajar como docente a tiempo completo (planteamiento verbal que me hiciera el Coordinador de Economía Política) por espacio de seis (6) meses, es decir, de junio a diciembre 2016, impartiendo las Unidades Curriculares de: Proyecto I, Economía Mundial y Construcción del Socialismo en el Siglo XX, con una carga académica total de dieciséis (16) horas semanales, al finalizar el semestre me encontré con la sorpresa de que la rectora señora Maryann Hanson, se negaba a firmar mi contrato alegando como excusa por encima de cualquier derecho que como docente me asistía que “No iba a firmar el contrato porque yo venía asumiendo posiciones en contra del Gobierno” todo ello por mi participación activa en la denuncia contra el Decreto de creación del Arco Minero del Orinoco y por formar parte de la Plataforma por la Defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, la constitución de Chávez. El otro caso, ocurrió cuando luego de iniciar el proceso como docente en la Escuela Venezolana de Planificación, impartiendo la Unidad Curricular: Perspectiva Integral de la Economía en los cursos nocturno y sabatino, me fue notificado de forma verbal que por instrucciones del Ministro Ricardo Menéndez, fui relevada de dicha responsabilidad, este último evento coincide, casualmente, con la posición que he venido asumiendo conjuntamente con los integrantes de la Plataforma por la Defensa de la Constitución, cuando el pasado martes 9 de los corrientes, hicimos entrega al Consejo Nacional Electoral de un documento público en el cual solicitamos, basándonos en el artículo 333 de la CRBV, el respeto a la Constitución de Chávez a propósito de la forma anticonstitucional como se pretende instalar, por parte del Ejecutivo Nacional, de una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo mecanismo de instalación viola flagrantemente la Constitución y profundiza los graves problemas por los que está atravesando el país.
Es indudable que estas acciones son expresión de intolerancia, de autoritarismo y de retaliación política contra quienes mantienen una postura y conducta crítica al Gobierno, lo que deja ver que la elite de poder que gobierna bajo un “discurso revolucionario, socialista y chavista” en el fondo niega el debate por la vía del amedrentamiento y la violación a derechos fundamentales, lo cual entra en contradicción con lo que pregonan. Es obvio, que no existen muchas diferencias entre el pasado que creíamos superado y lo que hoy está ocurriendo contra quienes asumimos posiciones críticas y de construcción a un verdadero proceso de cambio revolucionario. Más grave aún, cuando se pretende levantar una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente mientras con un garrote se busca callar a quienes levantan de forma democrática y haciendo uso del derecho que los asiste, planteamientos que denuncian las desviaciones flagrantes al proceso de cambio revolucionario.
Todo ello, forma parte de una escalada en contra del chavismo crítico y contra todo tipo de disidencia que se viene gestando en el seno del PSUV y del movimiento popular, donde se comienza a visibilizar las profundas diferencias y malestares entre una propuesta por reorganizar y reorientar la lucha revolucionaria para salir de la profunda crisis de carácter societal que embarga al pueblo venezolano y la permanencia en el poder, a como dé lugar, de una dirigencia desgastada, ineficiente y corrupta que viene dilapidando de forma acelerada el importante legado político que construyó y dejó Chávez».
Prensa Provea
