(Caracas 14/03/2017) El próximo 16 de marzo entre las 4:00 am y 7:00 am hora Caracas, el Estado venezolano deberá demostrar ante los ojos del mundo su postura frente a la adopción de las 274 recomendaciones recibidas durante la sesión de evaluación celebrada en noviembre del 2016.

En el primer examen de Venezuela realizado en el 2011 participaron 47 países, los cuales hicieron 148 recomendaciones al Estado venezolano para mejorar las condiciones de los derechos humanos. En este segundo examen de 2016, una mayor preocupación de la comunidad internacional se vio expresada al aumentar a 102 los países que participaron como examinadores y al incrementarse a 274 la cantidad de recomendaciones.

No solamente hubo una mayor participación de países y abundancia de recomendaciones, sino que varias se repitieron en el 2016 dando muestra de que el Estado no avanzó como se esperaría en su deber de cumplir con los derechos humanos de los venezolanos. Entre ellas, el respeto a la libertad de expresión, la garantía de derechos humanos a las personas privadas de libertad, la ratificación de protocolos en materia de denuncias sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y sobre la situación de la infancia, la protección de defensores de derechos humanos, la aceptación de visitas al país por parte de procedimientos especiales y la restitución de la independencia del poder judicial.

Además, en la comparación de ambos exámenes lo que se expresaba como positivo en las recomendaciones del EPU 2011, cambió a negativo en las del EPU 2016. Las continuas manifestaciones de apoyo emitidas por los países en el examen de 2011 hacia las políticas de carácter social implementadas por el Estado venezolano, fueron objeto de recomendaciones dirigidas a la urgente adopción de acciones para corregir una crisis generalizada en materia de derechos sociales, principalmente asociada a salud y alimentación, en el examen del 2016.

Es así como el cuadro de derechos humanos que recogieron las recomendaciones del segundo ciclo del EPU de Venezuela se transformó desfavorablemente como resultado de un severo, rápido y generalizado deterioro, a pesar de las exhortaciones y recomendaciones exigidas por los Comités de Naciones Unidas al revisar la situación de Venezuela en seis ocasiones sobre el cumplimiento de convenios y tratados de derechos humanos entre los años 2013 y 2015.

El 16 de marzo significa para el Estado venezolano una oportunidad para demostrar su real disposición a cumplir las obligaciones, que tiene con la población venezolana en materia de derechos humanos, aceptando sus errores, fallas y debilidades dentro de un espacio cooperativo que busca ayudar a mejorar la situación y no a intervenir en las decisiones internas de las naciones, sin necesidad de buscar excusas.


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