En el marco del 163° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Espacio Público presentó cifras y patrones que muestran cuál es la situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela. Entre enero y el 15 de junio de 2017, se contabilizaron 595 violaciones y 444 casos, que representan 27% más que el total de casos/situaciones registradas durante todo el año 2014, y un incremento de las violaciones mayor al 300% respecto al mismo período de 2016.
Entre marzo y junio de 2017 se han desarrollado numerosas manifestaciones de calle en contra del Gobierno, debido a la escasez de productos básicos, medicamentos, y crisis económica. En este contexto, el uso ilegítimo de la fuerza de instituciones estatales está orientado a impedir la cobertura de temas críticos al resultar de alta sensibilidad para la opinión pública en detrimento de la imagen del gobierno. Entre el 30 de marzo y 15 de junio, periodo de manifestaciones, se registraron 359 casos y 462 violaciones, lo que representa el 77% del total de violaciones registradas en 2017.
La criminalización de la búsqueda y registro de información se agudiza en la cobertura de la protesta política, un contexto donde arrecian las restricciones durante la cobertura en el sitio, y se extienden simultáneamente a la interrupción de las plataformas de difusión, el bloqueo de sitios web informativos, y hasta sanciones contra medios que cubran manifestaciones por incurrir en “terrorismo”. (Ver Informe)
La arremetida contra reporteros en las zonas de protesta tanto por cuerpos de seguridad como por grupos paraestatales, escala algunas veces en agresiones físicas a fin de impedir el registro la demanda ciudadana así como la represión por parte de la fuerza pública. De allí que la intimidación esté en el primer lugar con 181 ocurrencias, seguida de las agresiones con 140.
La mayoría de las situaciones de censura estuvieron vinculadas al cierre de cuarenta y un (41) medios de comunicación, 40 emisoras radiales y 1 planta televisiva, tras inspecciones fuera de rutina por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ente que mantiene una severa opacidad respecto al estatus de las concesiones.
Se registró la salida parcial de 15 medios impresos afectados en su circulación regular y una salida indefinida ante cierre técnico por escasez de papel, el ataque o bloqueo de sitios web informativos, en la prohibición expresa de emitir opiniones políticas y órdenes de cese de transmisiones televisivas por razones político-partidistas. Once (11) sitios web informativos fueron atacados o bloqueados (Contrapunto, Valera Noticias, Aporrea, Caraota Digital, El Pitazo, VPI, VivoPlay, Maduradas, Sumarium, El Estímulo, Analítica).
Por otra parte, la impunidad incide en el incremento de las arremetidas contra periodistas ya que no hay costo. La grave debilidad institucional deja a los ciudadanos sin garantías, sin respuestas, los revictimiza, cuando el Estado niega, retarda o posterga efectiva justicia y reparación.
Más de 400 trabajadores de medios de comunicación: periodistas, conductores, camarógrafos, han sido lesionados, detenidos, robados u hostigados durante o en represalia hacer cobertura. En 2017, al menos tres ciudadanos han sido detenidos por tuitear contra el gobierno nacional, sometidos a órganos de inteligencia y jurisdicción militar, sin presentación en tribunales naturales, algunos torturados y sin acceso a abogados. Los casos, reiterados o no, demuestran un patrón estructural de impunidad.
Audiencia sobre Venezuela: Libertad de expresión y democracia
Durante la audiencia, el representante del Estado Venezolano, William Castillo, se comprometió a enviarle a la Comisión un informe sobre el caso de ULA TV; además aseguró que en el país no hay medidas administrativas para la regulación de Internet, sin embargo, durante la ronda de respuestas a la Comisión, afirmó que han sido bloqueados 800 sitios web en el país. Larry Devoe, también representante del Estado venezolano, aseguró: “cada uno de los casos que se presentaron acá, vamos a informarle a la Comisión y al MP sobre ellos”.
Respecto a las agresiones a periodistas, Castillo asumió que “hay exceso de fuerzas policiales contra periodistas” pero excusó los casos afirmando: “hay que estar conscientes de que los periodistas están en una zona de conflicto”, aún cuando los trabajadores de la prensa están claramente identificados como tal y han recibido ataques directos de fuerzas de seguridad del Estado.
El director de Espacio Público, Carlos Correa, enfatizó: “los periodistas son necesarios para el debate que se está generando”. Así mismo rechazó que hayan sido sacados del aire los canales de televisión internacionales que hacen cobertura sobre las manifestaciones en el país. Para la democracia es fundamental la diversidad de opiniones y debe ser el ciudadano quién decida qué ver y qué no ver.
Los Comisionados escucharon las intervenciones de Espacio Público, Ipys y de los representantes del Estado. Francisco Eguigure recordó que “el papel del Estado es distinto al de la Sociedad Civil, el Estado tiene que dar el ejemplo”, mientras que Margarette May se mostró preocupada por la polarización de los medios de comunicación y la violencia contra los periodistas: “no se debería amenazar la vida de los periodistas, cuando realizan su labor”.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, recordó que el Estado está en la obligación de prevenir la violencia y proteger a los periodistas, y cuestionó “¿por qué no se han tomado medidas en los casos de agresiones a periodistas”. Lanza indicó que las fuerzas de seguridad deben evitar disparar bombas lacrimógenas a los periodistas, preguntó sobre el caso de Beatriz Lara, y enfatizó sobre la clausura de los medios de comunicación: “el Pacto establece la prohibición de cierre o censura”.
En relación a la expulsión de corresponsales extranjeros, Correa explicó que no existe una norma que limite que los periodistas internacionales entren en el país, pero el Ministerio de Comunicación en información tiene un mecanismo de acreditación que no responde las solicitudes, lo que limita el trabajo de periodistas internacionales.
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