En Venezuela la criminalización a la opinión crítica y a la protesta social es una política de Estado, sistemática y generalizada, ejecutada desde el Poder Ejecutivo Nacional en conjunto con el Poder Judicial y el Poder Ciudadano, este último por órgano del Ministerio Público (MP) y con la complicidad de la Defensoría del Pueblo (DdP); a los que se sumaría ahora la plenipotenciaria ANC. Es sustentada además en el desarrollo de un marco jurídico que restringe la posibilidad de efectuar concentraciones, movilizaciones o huelgas, e impone penas de varios años por ejercer tales acciones. Constituyendo así una respuesta antidemocrática al reclamo social y al protagonismo de la gente defendiendo y exigiendo sus derechos. Esta normativa se aplica partiendo del supuesto de que todo acto de protesta realizado por la ciudadanía se considera “acción desestabilizadora”, negando de antemano la protección y el reconocimiento al derecho a la manifestación pacífica y a la huelga.
Han sido varios los mecanismos utilizados por el Estado para reprimir, yendo estos mecanismos más allá del andamiaje jurídico represivo, ya que también por la vía de los hechos e imponiendo la fuerza ha contrarrestado los justos reclamos de los trabajadores e impedido el ejercicio de la libertad sindical.
Esta política, tiene ya casi dos décadas. Durante la gestión del expresidente Chávez se configuraron mecanismos arbitrarios de gobernabilidad que mezclaban la ausencia de contrapesos institucionales y desaparición de la independencia de los diferentes poderes, la concentración progresiva del poder en su persona y la persecución no solo de los disidentes a su proyecto político sino también de la opinión disidente dentro de su propio movimiento, y de quienes alzaban su voz y se movilizaban en defensa de sus derechos.
Presentamos este nuevo trabajo sobre la criminalización de las luchas de los trabajadores y los obstáculos para el ejercicio de la libertad sindical, elaborado por los abogados Jessica Duhan Botero, Carlos Patiño y Marino Alvarado.
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