El 27 de septiembre de 2018, durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se aprobó una resolución sobre Venezuela, con 23 votos a favor, en la que se exigía al gobierno venezolano que abriera sus puertas a la asistencia humanitaria, expresando preocupación por lo que se calificó como “graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria”.
En el texto se solicitaba la colaboración con la Oficina de Derechos Humanos y el resto de los mecanismos del Consejo. Finalmente se estableció el mandato, a la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, de elaborar un nuevo informe exhaustivo sobre la situación de derechos humanos en el país latinoamericano, para que sea presentado ante el Consejo, a mediados de 2019, haciendo una actualización de forma oral en la sesión correspondiente a marzo de 2019.
Tras esta resolución la Alta Comisionada para la ONU de los DDHH, Michelle Bachelet pidió a las autoridades venezolanas que dejaran entrar al país a los investigadores de su equipo técnico, para poder recabar información para la realización del tercer informe especial sobre la situación del país.
En una entrevista con Noticias ONU, Michelle Bachelet, explicó que cuando se reunió con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en Ginebra le pidió “acceso al país” y le explicó que su oficina, con o sin resolución, tiene que monitorear y hacer un reporte sobre la situación de los derechos humanos. Luego de esta solicitud se anunció que Nicolás Maduro permitiría que la propia Alta Comisionada visitara Venezuela. La anterior visita de un funcionario de esta envergadura, con competencias en materia de derechos humanos, ocurrió en el 2002 cuando el Secretario General de la OEA, César Gaviria, visitó Caracas tras la solicitud de la activación de la Carta Democrática Interamericana luego de los sucesos de abril de ese año.
Bachelet llegó a Venezuela el miércoles 19 de junio para una visita de 3 días al país. El jueves 20, en horas de la tarde, estuvo destinado el espacio de encuentro para las organizaciones de derechos humanos y diferentes grupos de víctimas. En el espacio de una hora 26 voceros tomaron la palabra para hacerle peticiones al Alto Comisionado. 20 de esas intervenciones están registradas en el presente documento, que representa una síntesis de las demandas y exigencias de los activistas por la dignidad humana del país en un contexto marcado por la ausencia de democracia, el aumento de la pobreza y la migración forzada.
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