Octubre se resumió en signos de intolerancia a la actividad periodística, en medio de diversos momentos de mucha convulsión en el escenario político de Venezuela. Los sectores de oposición tuvieron una activa agenda de calle a la que se sumaron otras actividades para responder ante la crisis: la propuesta de realización en la Asamblea Nacional de un juicio político al presidente Nicolás Maduro, y la visita de un representante del Vaticano, enviado por el Papa Francisco, para mediar en un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana.
Los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se mostraron intolerantes al ejercicio periodístico. En Lara, durante la cobertura de una cola por comida, obligaron al periodista Ángel Gallardo, del diario La Prensa, a que mostrara su cámara para asegurarse de que no había fotos de los funcionarios allí; en Caracas, en medio de la cobertura de una protesta contra el Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap), el equipo de Caraota Digital fue agredido: golpearon al reportero gráfico Michellet Castellanos y obligaron al periodista Luis Gonzalo Pérez a borrar el material donde se veía esta agresión.
Este mismo cuerpo de seguridad, también en Caracas, retuvo a la reportera Oriana Vielma, de El Pitazo, que cubría la represión que estaban ejecutando funcionarios contra una protesta de adultos mayores, argumentando que querían asegurarse de que no estaba “haciendo nada ilegal”.
Las tomas por asalto a edificios públicos se convirtieron en el modo de operar de sectores asociados al partido de gobierno en Caracas y Mérida. En la capital, entraron al Palacio Federal Legislativo en medio de una sesión especial para debatir sobre “la restitución de la Constitución, el orden constitucional y la democracia”, dejando un saldo de seis violaciones a la libertad de expresión. En Mérida ocurrió una situación similar en el Concejo Municipal del municipio Libertador, donde amenazaron con un arma de fuego al reportero gráfico de la institución, Hugo Angulo.
“Que demande a los dueños de ese periódico y le veamos el hueso”, fue la orden del presidente Maduro que siguió Eulogio del Pino, ministro de petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), quien aseguró que “es completamente falso lo que ellos han dicho y es completamente falso lo que este periódico ha dado a entender” el día que puso la demanda contra el diario El Nuevo País por publicar, a su juicio, información falsa y difamar a la estatal petrolera. Entre la orden y la ejecución, fue hackeada la cuenta en Twitter del director asociado de este diario.
La intolerancia en contra de la prensa en actividades asociadas a la oposición venezolana dejó ver sus rasgos en una asamblea ciudadana en Caracas, donde un grupo de personas identificadas con el oficialismo agredieron al reportero Manuel Trujillo, de VivoPlay.
Otra práctica: el allanamiento. El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) entró a la casa de la periodista Melissa Turibbi en búsqueda de su computadora personal; no tenían orden judicial y tampoco encontraron lo que buscaban, por lo que no se llevaron nada.
Durante el desarrollo de La Toma de Venezuela, una convocatoria de movilización masiva hecha por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el saldo negativo para la prensa fue de diez víctimas: tres reporteros intimidados por manifestantes en Caracas (uno en movilización MUD y dos en concentración oficialista en Miraflores); un reportero herido de perdigón en Mérida; dos periodistas golpeadas con piedras en la cabeza en Maracaibo y Sucre; un periodista intimidado en Sucre, un reportero hostigado verbalmente, un reportero gráfico detenido en Monagas; y una periodista golpeada y detenida en Nueva Esparta.
Al día siguiente de la movilización, el reportero gráfico Rafael Hernández, de NTN24, fue apuntado en el pecho con un arma de fuego y amenazado de muerte por parte de un simpatizante oficialista, al momento de llegar a cubrir la sesión en la Asamblea Nacional, enmarcada en el denominado “juicio político” al presidente Maduro.
Un funcionario de la Policía de Chacao obligó a la fotógrafa Dagne Cobo, de El Estímulo, a mostrar sus fotografías y a borrar algunas que realizó a la salida de un supermercado en Los Palos Grandes, municipio Chacao, en Caracas. El funcionario alegó que no podía aparecer en fotografías. La reportera estaba haciendo un trabajo periodístico asociado al llamado de paro cívico de la Mesa de la Unidad Democrática.
Cifras de octubre
- 31 Periodistas fueron víctimas durante el mes
- 57 Violaciones se registraron en octubre
- 14 veces fueron victimarios los cuerpos de seguridad
Minci y Saime: trabas para la prensa extranjera en Venezuela
El gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) protagonizan una incierta agenda política, que tiene como finalidad encontrar una solución a la crisis del país. Estas razones entre otras, convierten a Venezuela en una potencial fuente de noticias y como es de esperarse en estos contextos, los medios y periodistas extranjeros se interesan en hacer coberturas especiales en el país. Sin embargo, el gobierno venezolano impidió el trabajo de 17 periodistas en dos meses.
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