El coordinador de la ONG de Derechos Humanos, Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos), Rafael Uzcátegui, aseguró que el caso de Venezuela motiva a estudiar la creación de nuevos mecanismos para evitar la violación de DDHH
“El informe de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas es absolutamente demoledor. En él se señala que Nicolás Maduro y dos de sus ministros son responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad. Son las acusaciones más graves que se pueden hacer a nivel internacional. En todos los países se cometen violaciones, pero en muy pocos se dice que son crímenes de lesa humanidad. Ellos han entrado en el panteón de criminales, es un durísimo golpe a nivel internacional para un gobierno supuestamente comprometido con valores progresistas”.
Así lo expresó el coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, quien indicó que el documento despeja el camino para que los responsables de estos hechos puedan ser investigados penalmente.
“A partir de este informe se abre un abanico de posibilidades penales para que los responsables sean llevados a la justicia. Una es la llamada jurisdicción universal, a través del convenio de la convención contra la tortura. Las personas señaladas puedan ser llevados a juicio; el caso más conocido es el de (el exdictador chileno Augusto) Pinochet. La otra es el avance de la fase preliminar a la de investigación en la CPI. Abre las posibilidades penales para responsables”, detalló sociólogo.
Rafael Uzcátegui avizora un incremento en intensidad en mecanismos internacionales
El coordinador de Provea, Rafael Uzcátegui, recordó que ya desde hace un año el gobierno de Nicolás Maduro había anunciado que iba a desconocer el resultado de la Misión, pero acotó que Venezuela forma parte de esa instancia del Consejo de Derechos Humanos, la misma que ordenó el informe y amplió el trabajo de la Alta Comisionada por los DDHH, Michelle Bachelet, siendo ambas acciones líneas de trabajo complementarias.
-El gobierno de Nicolás Maduro ha intentado descalificar el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU porque la misión no estuvo en el país ¿Cuál es su apreciación de esto y cuál considera que es la trascendencia del documento?
-El Estado no le permitió el ingreso a territorio venezolano a los integrantes de la misión, no atendió ninguna de las solicitudes de información que se le hicieron. Ese intento actual de decir que es un documento que está siendo presentado a destiempo es un intento de propaganda para decir que la palabra de los Estados no es considerada y que son iniciativas impulsadas por EEUU.
“La línea narrativa del gobierno tiene dos áreas, una enfocada para su público local y sectores más fanatizados a nivel internacional, a través del cual se intenta criminalizar el informe diciendo que es un operativo de guerra sucia contra el gobierno, que intenta sacar el informe del contexto de Naciones Unidas, pero también han intentado decir que hay dinero de por medio, que además de fallas metodológicas fue realizado por entrevistas por Whatsapp y hasta ha hurgado en el pasado de los integrantes de la misión, que está conformada por tres expertos, a ver qué elementos podían encontrar para intentar deslegitimar a los voceros; pero eso está orientado básicamente a su gente dentro de Venezuela, decir que es un informe fantasma, mercenario, pero en el contexto de Naciones Unidas va a decir que ya tiene un acuerdo con la Alta comisionada y que el mismo es suficiente y ya ha estado arrojando resultados positivos. Va a decir que eso es suficiente y no necesitamos ningún mecanismo adicional”, sostuvo Rafael Uzcátegui.
Mecanismos de buena fe se están agotando, aseveró Rafael Uzcátegui
El coordinador de Provea Indicó que debe esperarse la votación. Hay una propuesta de que continúe el trabajo de la Alta Comisionada y que se prorrogue el trabajo de la Misión por dos años más.
“Hay que resaltar que estas instancias siempre tratan de agotar los mecanismos diplomáticos de buena fe, para que gobiernos tomen decisiones a nivel local para mejorar situación de DDHH, pero esos mecanismos de buena fe ya se están agotando, porque el Estado. a pesar de los llamados de atención, y observaciones, las situaciones no solo se continúan repitiendo sino agravando. Estos mecanismos buscan escalar en intensidad”, aseveró.
-¿Qué pasos siguen luego de presentado el informe? ¿Cree que Naciones Unidas presente el mismo a la Corte Penal Internacional?
-Los mecanismos no son lo rápido que uno quisiera, no son expeditos. La lentitud de la redacción, en el caso venezolano ha costado muchísimo, sangre sudor y lágrimas. Sensibilizar a la comunidad internacional ha llevado tiempo. Más de cuatro millones de venezolanos han tenido que salir de manera forzada para que América Latina pudiera haber reaccionado al deterioro de la situación venezolana.
“La Fiscalía es independiente –prosiguió Rafael Uzcátegui-, usualmente se tarda para procesar la cantidad de información necesaria para avanzar en una investigación formal. Colombia lleva 12 años esperando que se inicie un proceso de investigación formal por caso paramilitares. A pesar de todos los elementos, todavía se está esperando que esto avance a la etapa de investigación formal. Eso tiene que ver con una situación de mentalidad, la Fiscalía está esperando que proceso de paz sea suficiente para promover mecanismo de memoria, verdad y justicia”.
Ojo con el Ministerio Público
Añadió Rafael Uzcátegui que, en el caso venezolano, el gobierno está intentando decir que el Ministerio Público es suficiente, que tiene las condiciones y capacidad para castigar a los responsables. “Es por eso que nos generan tanta preocupación los reconocimientos de la Alta Comisionada por la supuesta colaboración del Ministerio Público (MP) en los últimos meses. Si el mensaje es que el Estado es capaz por sí mismo de castigar a los responsables, el camino a la CPI se va a demorar mucho más. Nosotros decimos que el MP es un elemento activo de la violación, un mecanismo de criminalización por razones políticas y no tiene independencia”.
El camino demanda paciencia, constancia, las organizaciones de DDHH tenemos que empezar a aprender a entregar información a la CPI, que se hace de manera diferente que a las organizaciones de DDHH. No es lo mismo informar a la CIDH que la CPI, las organizaciones venezolanas no estábamos acostumbradas a acudir al sistema de protección. Nos ha obligado a ir aprendiendo sobre la práctica. Tenemos las expectativas que, en cuanto al informe preliminar, que tiene cuatro fases y que Venezuela está en la dos, haya un anuncio de que haya pasado de la dos a la tres, que sigamos avanzando en la posibilidad de que se inicie una investigación.
Sistemas de protección deben ser revisados
-El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, habló durante la realización de la Asamblea de Naciones Unidas. Pidió considerar aplicar el mecanismo de la Responsabilidad de Proteger R2P. Siempre se ha descartado una intervención internacional por parte de Naciones Unidas por el derecho a veto de Rusia y China ¿Usted ve posibilidades de aplicar ese mecanismo? ¿Está de acuerdo con que se aplique?
-La R2P implica múltiples dimensiones para proteger DDHH. No solamente se limita a la posibilidad de una intervención física, abre posibilidades de otros mecanismos. Es un escenario que está allí. Habla de las limitaciones de los organismos internacionales de protección. Creo que el gobierno de Nicolás Maduro ha puesto a prueba mecanismos internacionales de protección. Hay que discutir nuevos mecanismos. En América Latina sabemos que la Carta Democrática se aprobó por Alberto Fujimori. Ahora ese desafío se abre con Nicolás Maduro. Se trata de evitar graves violaciones de DDHH y la activación de la mayor cantidad de mecanismos habla de la grave situación venezolana pero también de crisis de los sistemas de protección que son ineficientes e ineficaces.
Actualización del informe de Michelle Bachelet
-En la actualización del informe sobre Venezuela, la Alta Comisionada Michelle Bachelet indicó que en 2020 se han producido dos mil muertes por operativos de seguridad. ¿Cuál es la evaluación que hace sobre este tema?
-Esta actualización oral que incluye actuación dos meses y medio. Se mantiene, a pesar de la presencia del equipo de la Alta Comisionada, la situación de violación a los DDHH. Tenemos un país que en el primer semestre ha tenido tres meses en cuarentena y, a pesar de ello, continúa esta situación de control de territorio, que genera graves violaciones de DDHH, con la actuación de las FAES y colectivos para inhibir la expresión del descontento de los venezolanos (protestas).
“La Alta Comisionada -continuó Rafael Uzcátegui- abordó áreas como prevención y detención a quienes demandan salarios o gasolina, figura el caso de dos personas asesinadas, ataques a periodistas y activistas de DDHH la muerte de personal de protección, pero me parece muy importante el reconocimiento que hace a que la convocatoria a las elecciones parlamentarias no tiene condiciones ni creíbles equitativas ni libres, y que inclusive, adolece cuatro condiciones claves. Ese reconocimiento de la doctora es muy importante. Tiene obligación de mantener el diálogo con el gobierno y es por eso que el tono es excesivamente diplomático, pero hay aseveraciones muy graves que ratifican las propias denuncias de la Misión de Determinación de los Hechos”.
-También habló sobre la estigmatización de las personas que regresan al país por caminos no regulares ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de actitud?
-Cuando Nicolás Maduro habla sobre los bioterroristas, así califica a venezolanos, pudiera estar está generando condiciones para que existan tratos crueles inhumanos y degradantes contra ellos, maltrato verbal y física como lo afirma la Misión, Maduro conoce la situación y no hace nada para prevenir estas violaciones. Creo que con esta política permanentemente mediática que realiza el gobierno, nunca un presidente había brindado tantos elementos para ser señalado por crímenes de lesa humanidad.
Elecciones en la mira
-La Alta Comisionada manifestó su preocupación por decisiones del TSJ que obstruyen libertades, señala el nombramiento no consensuado del CNE y cambios en las normativas electorales, afirma que “es crucial que en próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático”, ¿Cómo cree que puede hacerse esto?
-En primer lugar, tiene que cesar la persecución y hostigamiento contra toda la sociedad civil, partidos, periodistas, activistas sociales, defensores. La sociedad civil tiene derecho a denunciar, a documentar, a pedir respuesta por parte de las autoridades de diferentes situaciones. No tienen que ser perseguidos, criminalizados ni privados de libertad por esta razón.
Rafael Uzcátegui deseó que las gestiones de la Unión Europea (UE) prosperen para garantizar derechos electorales, no solo que se reprogramen los comicios, sino que se generen mejores condiciones para que los venezolanos puedan participar. «Creo que también cuando se habla de proteger espacios se trata garantizar condiciones eficaces para ejercer el derecho a elegir», añadió.
-Próximamente vendrá una comisión de la UE para reunirse con Nicolás Maduro para abordar el tema de las elecciones. ¿Qué cree que debe ser el objetivo a lograr para garantizar proteger el derecho a elegir de los ciudadanos?
No solo hay un cronograma (electoral) que se ha incumplido con los plazos que se debían realizar, sino que la cuarentena y la escasez de gasolina han permitido que ninguno de los procedimientos se pueda haber cumplido con satisfacción, como la inscripción de nuevos electores, que se realizó coincidiendo con una cuarentena radical, y todo eso limita posibilidad que proceso se cumpla manera satisfactoria. El gran desafío es realizar unas elecciones que no generen riesgos para los votantes ni para los no votantes, hay una situación de pandemia que debe ser el principal objetivo del liderazgo político, cómo poner el bienestar de la población sobre cualquier otra consideración. Esperemos que se puedan generar las condiciones y continuar sirviendo a la contención de la pandemia.
Finalmente, Rafael Uzcátegui lamentó la posición asumida por el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, quien aseguró que existen motivaciones políticas detrás del informe de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas.
“Formo parte del movimiento de DDHH en Venezuela y para mí es absolutamente vergonzoso que una persona que formó parte de ese movimiento, Alfredo Ruíz, sea un elemento para legitimar la tortura y delitos de lesa humanidad. Es todo lo malo de una persona que dice que defiende DDHH en Venezuela, yo hago esfuerzos para que mis pasos no terminen como los de él. Está avalando lo que tanto criticó, los anarquistas han dicho que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Él fue coordinador de una organización que fue hermana de Provea Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, yo hago un esfuerzo consciente para que mi destino no sea como el de él”.
Para la Alianza Tal Cual-Provea
