Treinta años han pasado y este lunes 8 de junio se inicia en España el juicio contra uno de los presuntos responsables de asesinato en El Salvador de los sacerdotes jesuitas y de dos mujeres, ocurridos en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 por integrantes del Batallón Atlacatl, tropa élite gubernamental. Allí fueron asesinados Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes, Elba Julia Ramos y Celina Maricet Ramos.
El principal acusado es el ex coronel del ejército salvadoreño, Inocente Orlando Montano, viceministro de seguridad de la época, y que fue extraditado desde Estados Unidos a España el 29 de noviembre de 2017.
Este es un ícono importante en la aplicación de la Jurisdicción Universal, que permite a los tribunales de un país ejercer su jurisdicción sobre crímenes internacionales de especial gravedad, en base a la naturaleza del delito, y sin considerar ni el lugar donde se cometió el delito, ni la nacionalidad del autor. Un mecanismo del que ningún responsable de graves violaciones a derechos humanos está excluido, ni ahora ni en el futuro.
A continuación nota de prensa del Centro Guernica
El próximo lunes 8 de junio, inicia en Madrid el juicio por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en El Salvador en 1989
Condiciones imperfectas, justicia necesaria
Madrid, 4 de junio de 2020 – El juicio por la masacre de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes, Elba Julia Ramos y Celina Maricet Ramos comenzará el próximo lunes 8 del mes en curso, a las 15:00 horas (Madrid). Se prevé que el juicio se desarrolle en dos etapas: la primera tendrá lugar del 8 al 10 de junio, y la segunda del 8 al 16 de julio. De acuerdo con la normativa procesal penal española, al inicio del juicio se leerá en voz alta la calificación penal de los hechos y se practicará la prueba testifical de los acusados, testigos y peritos.
El principal acusado es el ex coronel del ejército salvadoreño, Inocente Orlando Montano, quien en el momento de los hechos era viceministro de seguridad, y que resultó finalmente extraditado desde Estados Unidos a España el 29 de noviembre de 2017.
El juicio por estos crímenes es de gran relevancia para la historia más reciente y dura de El Salvador. El asesinato de los sacerdotes jesuitas y de las dos mujeres ‒perpetrado en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 por integrantes del Batallón Atlacatl, tropa élite gubernamental‒ conmocionó al mundo entero, cambiando el curso de los acontecimientos en El Salvador. Los hechos coadyuvaron a empujar la negociación y los acuerdos entre las partes beligerantes para poner fin al conflicto armado en el país. Tras los asesinatos, la comunidad jesuita se dedicó a exigir verdad y justicia.
Teniendo en cuenta las limitaciones de movilidad derivadas de la pandemia de COVID-19 y la trascendencia internacional de los hechos, la acusación particular y popular ‒que ejercen la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la familia del jesuita asesinado Ignacio Martín-Baró, y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de San José de la Compañía de Jesús de Valencia‒ presentaron una solicitud para que el juicio se retransmitiera en directo, en un esfuerzo de potenciar el principio de publicidad que se debe respetar en todos los procesos penales. Con dicha transmisión se pretende que la mayor cantidad de personas alrededor del mundo, pero especialmente en El Salvador, puedan conocer los pormenores del mismo. La Sala todavía no se ha pronunciado sobre esta solicitud.
La abogada Almudena Bernabéu, miembro del equipo legal que ejerce la acusación particular y popular, y co-fundadora del Grupo Guernica, ha declarado:
“Después de todos estos años y de todos los obstáculos, estamos encantados de que este juicio se inicie la próxima semana. Es la culminación del enorme esfuerzo que comenzó en El Salvador hace 30 años. Este juicio es el testimonio de la resiliencia de las familias de las víctimas y de ese sufrido pueblo. Celebramos que, incluso en el contexto de la actual crisis mundial, se pueda hacer justicia”.
El juicio por la masacre de la UCA se celebra en un momento en el que la sociedad civil salvadoreña continúa luchando por obtener justicia por las atrocidades cometidas en el país desde finales de la década de 1970. El Centro Guernica seguirá trabajando con sus socios nacionales para combatir la impunidad y apoyar a las víctimas a promover los procesos de búsqueda de justicia que se siguen demandando.
Este caso es además de especial importancia para la reiterada necesidad de establecer una normativa clara e inclusiva que permita un ejercicio efectivo de la Jurisdicción Universal por parte de las jurisdicciones nacionales para investigar y enjuiciar crímenes internacionales y debidamente proteger a las victimas.
Versión en inglés
Historic Trial Against Salvadoran Colonel for the 1989 Slaying of Six Jesuits Priests and Two Women to Start on Monday, June 8 in Madrid, Spain
Imperfect conditions, necessary justice
Madrid, 4 June 2020 – The trial for the killings of Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes, and their housekeeper and her daughter, Elba Julia Ramos and Celina Maricet Ramos will begin on Monday, 8 June 2020. The trial is scheduled to be concluded in the course of two consecutive blocks: the first taking place from June 8 through 10, 2020; and the second scheduled later in the summer, starting July 8 and ending July 16, 2020. Following Spanish criminal procedure, at the outset of the trial (on Monday, 15.00 hours Madrid), the criminal charges will be read out loud, and then the evidence will be presented, starting with the testimonies of the defendants and witnesses. The principal defendant is former colonel Inocente Orlando Montano, who at the time of the events was Vice-Minister of Public Security, and was extradited from the United States of America to Spain on 29 November 2017. Considering mobilization limitations derived from the COVID-19 pandemic and the international relevance of this trial, attorneys for the private and popular prosecution ‒exercised by the Spanish Pro-Human Rights Association (APDHE), the family of Jesuit assassinated Ignacio Martín-Baró, and the San José Jesuit School of Valencia Alumni Association‒ filed a petition to have the trial live streamed in an effort to promote the principle of publicity that should regulate criminal trials. The online transmission of the trial aims to promote the possibility of having victims and other stakeholders in El Salvador and the Salvadoran society, at large, engaged in this momentous event. The decision regarding online streaming is pending. The assassination of the Jesuits priests and the two women they employed shocked the entire world and forever tainted Salvadoran history with atrocity and injustice. This heinous act was carried out in the early hours of 16 November 1989 by the Atlacatl Battalion of the Salvadoran Army. The events were so significant that they are said to have forced the end of the civil war in El Salvador and catalyzed the victims’ quest for truth, justice, and accountability, after an era of state-sponsored terror and repression against the civilian population.
Attorney Almudena Bernabeu, member of the prosecutorial team and co-founder of the Guernica Group, stated:
“After all these years and all the obstacles, we are thrilled this trial will begin next week. This is the culmination of the enormous effort that started in El Salvador 30 years ago. This trial is the testament of the resilience of the families and the people of El Salvador and we celebrate that even in the context of the current world crisis, justice can be served”.
The trial against Montano comes at a time when Salvadoran civil society is struggling to promote meaningful accountability for the atrocities committed in that country since the late 1970s. Guernica Centre will continue to work with its national partners to combat impunity and promote accountability initiatives that respond to the ongoing quest for justice that victims continue to lead.
This case is also significant as it demonstrates the need to reinstitute rules that will allow the effective exercise of Universal Jurisdiction to combat impunity of international crimes, particularly when they correspond to state-sanctioned behavior.
Foto: Provea. Lugar donde fueron asesinados los padres jesuitas en El Salvador.
