Las muertes potencialmente ilícitas siguen sumando víctimas en Bolívar, un estado donde el derecho a la vida es vulnerado cada mes. Tan solo en la primera semana de julio de 2021, medios de comunicación regionales informaron sobre la muerte de 6 personas pertenecientes al llamado “Tren de Aragua” en el municipio Piar, durante un presunto enfrentamiento con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Pero la violencia no terminó ahí; en la misma entidad, un mes después, otros dos hombres fueron ejecutados por la GNB: Jorge De Lourerio Padrón y Keisser Ramsés Hernández Cedeño.
Ambos, como lo narran reportes de prensa y fuentes oficiales, eran integrantes de la banda criminal “El Ciego”, y fueron agregados a las cifras del monitoreo de presuntas ejecuciones extrajudiciales, o muertes potencialmente ilícitas, de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu). Piar, que contabilizó 8, fue el municipio con más víctimas registradas durante el tercer trimestre del año.
En el monitoreo que se realiza a medios de comunicación regionales y redes sociales, la organización de la sociedad civil registró que durante julio, agosto y septiembre hubo 21 presuntas ejecuciones extrajudiciales que evidencian violaciones al derecho humano a la vida, al debido proceso y a la integridad de las personas. De este número se desprenden: 20 muertes en presuntos enfrentamientos y una muerte de un hombre bajo detención y/o custodia del Estado.
Se trató de Carlos Enrique Fuentes Mendoza, cuyo cuerpo fue encontrado en el Internado Judicial de Vista Hermosa, en el municipio Angostura del Orinoco, con una herida por arma de fuego. Así lo reportó el 8 de agosto la organización Una Ventana a La Libertad, que promueve y defiende los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el país.
Violencia y DDHH
El caso de Fuentes es considerado por Codehciu como muerte potencialmente ilícita por lo indicado en el Protocolo de Minnesota, que expresa que este tipo de violación de derechos humanos también puede darse cuando una persona se encuentra detenida, debido a que, bajo estas circunstancias, el Estado ejerce un mayor control sobre su vida.
Estos hechos forman parte de un contexto de violencia, negligencia y uso excesivo de la fuerza que los municipios del estado Bolívar viven desde hace años. Codehciu ha alertado desde 2018 cómo las fuerzas del Estado atentan mensualmente contra la vida de la ciudadanía; no hay investigaciones, por parte de los organismos oficiales, que logren un cambio positivo.
Los números de años anteriores ayudan a narrar la realidad de Bolívar. En 2019 hubo 218 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Mientras que en 2020 hubo un registro de 208. Y entre enero y septiembre de 2021 se contabilizaron 65.
Lo que corresponde a los datos de cada mes hasta el tercer trimestre del año 2021, Codehciu establece que abril, mayo y julio fueron los meses con más víctimas con 10 en cada uno.
Junio contabilizó 7, mientras que enero, marzo y agosto 6 cada uno; febrero y septiembre contabilizaron la misma cantidad de 5 ejecuciones.
Luis Velásquez, Elio Ramos y Elvis González fueron otras tres víctimas registradas en el municipio Padre Pedro Chien durante julio. Los hombres, como narra la prensa y las versiones oficiales, formaban parte de la banda delictiva conocida como “El run”. Su ejecución ocurrió durante un presunto enfrentamiento con funcionarios de la GNB y el Cicpc, lo que Codehciu identifica en su monitoreo como “actuaciones mixtas”. Este tipo de modus operandi se ha vuelto muy común con el pasar de los meses, y presenta a su vez nuevas formas que exaltan el uso excesivo de la fuerza.
Por otro lado, Rigoberto Raúl Cumaná fue otro ciudadano cuyo nombre dio de qué hablar en la prensa regional tras ser ejecutado por funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias de la Policía del estado Bolívar (DIPEB). El Diario Primicia reportó el 31 de agosto cómo los efectivos policiales presuntamente se enfrentaron a la víctima, pero los familiares del hombre desmintieron la versión oficial en septiembre.
Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, en su artículo 4, contemplan que:
“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”.
En relación a las normativas internacionales para la defensa del derecho a la vida, el Protocolo de Minnesota también describe cómo deben ser las estrategias y las medidas prácticas que necesitan adoptar los Estados para una investigación efectiva de este tipo de casos. En cada investigación se debe tomar en cuenta que la preservación de la vida es primordial, y que las averiguaciones deben ser transparentes y metódicas. Pero la realidad del estado Bolívar es otra.
Ante la constante aparición de hechos que ponen en evidencia un actuar negligente y sin dignidad por parte de los cuerpos policiales en Bolívar, Codehciu exige al Estado venezolano la investigación eficaz y oportuna de cada presunta ejecución extrajudicial. Esto también implica la reparación de las víctimas indirectas: los familiares de las personas ejecutadas.
Tercer trimestre de 2021
Caroní fue el segundo municipio con más víctimas durante el tercer trimestre del año, registrando 5. Le siguen: Padre Pedro Chien con 4 y Sucre con 2. Angostura del Orinoco y El Callao contabilizaron un caso cada uno.
La GNB fue el órgano que ocasionó el mayor número de muertes potencialmente ilícitas durante el tercer trimestre con 13 hombres ejecutados.
Aun así, el segundo trimestre del año (abril, mayo y junio) ha sido el que más víctimas ha presentado hasta la fecha, con 27.
En la mayoría de los casos registrados en lo que va de año por Codehciu, los medios de comunicación solo reportan la versión de los hechos descrita por el organismo oficial. Esto podría implicar un escaso acercamiento a los familiares de las víctimas por diferentes razones: el peligro que implica y el miedo de estos a denunciar la violencia.
Los ciudadanos del estado Bolívar siguen inmersos en una realidad llena de vulneraciones de derechos humanos como estas ejecuciones monitoreadas, precarios servicios básicos, violencia de género, desapariciones y muertes en el contexto de la minería ilegal.
