Tras 31 años de fundado, el Comité de Derechos Humanos de los Jubilados y Pensionados (El Comité) es un incuestionable referente de luchas en nuestro país.

Creado en medio de la marejada neoliberal y privatizadora de comienzos de los 90´, El Comité plantó cara firme a las aspiraciones gubernamentales de privatizar la Seguridad Social. Las protestas, encabezadas por sus conspicuos integrantes, nutrieron la memoria fotográfica venezolana de comienzos y mediados de esa década.

Pero, surfeada la ola neoliberal, los desafíos fueron otros. Incluso más complejos.

Hoy, los avezados fundadores de El Comité enfrentan mayores retos.

Un modelo político y económico que extinguió el Estado de Derecho y pulverizó las conquistas sociales, quiere arrebatar lo que se logró con años de luchas.

Es el anti-obrero gobierno de Nicolás Maduro.

En medio de la celebración del Día del Adulto Mayor en Venezuela, conversamos con Edgar Silva, presidente y fundador de Comité de Derechos Humanos de los Jubilados y Pensionados (El Comité), sobre la situación de este sector de la población en el país.

– El gobierno no satisfizo las enormes expectativas que jubilados, pensionados y trabajadores en general, tenían en torno a un posible aumento del salario mínimo y las pensiones ¿Cuál es la situación actual en materia de ingreso y calidad de vida de los jubilados y pensionados del país?

Los trabajadores activos, los pensionados y los jubilados albergamos una gran expectativa respecto a un posible aumento del salario y las pensiones el pasado primero de mayo. Esperábamos que el gobierno anunciara un incremento del salario mínimo y de las pensiones, pero eso no se concretó.

Maduro sólo anunció un leve incremento en el monto destinado al bono que ellos llaman contra la guerra económica y el bono alimentario. Entonces, si no se produjo un incremento del salario mínimo, tampoco hubo un aumento en el monto de las pensiones.

Ilegalmente este gobierno y el de Chávez, anclaron el monto de las pensiones al salario mínimo violando la Ley del Seguro Social que establece dos criterios para el otorgamiento de las pensiones: uno es de acuerdo al número de cotizaciones que dio el trabajador en su vida laboral y el otro es el monto del salario que devengaba el trabajador al momento del retiro.

Ambos gobiernos optaron por darle una pensión mínima a todos los adultos mayores, cotizantes o no, de la seguridad social. Igualaron la pensión contributiva y la pensión no contributiva, violando el artículo 80 de la Constitución.

Tanto Chávez como Maduro, agigantaron la brecha entre el monto de las pensiones y el monto de la canasta alimentaria.

Hoy, el ingreso de un pensionado es de apenas cinco dólares, lo que significa una condena a muerte. Maduro liquidó el sistema de pensiones, liquidó la seguridad social integral, y liquidó la protección social de los adultos mayores.

– Hace más de un año, los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) entregaron un pliego de peticiones ante ese organismo exigiendo pensiones y salario mínimo de acuerdo al artículo 91 de la Constitución Nacional, ¿Han recibido alguna respuesta?

El 9 de marzo del 2022 la gran movilización realizada por los pensionados en todo el país -en un momento en el que los trabajadores activos estaban desorientados, no había una línea de lucha en la calle-, impulsó un pliego de peticiones de los jubilados y pensionados al gobierno nacional.

Tenemos muchas exigencias.

En primer lugar, el incremento de las pensiones al monto del salario mínimo de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución que tiene como referencia el monto de la canasta básica.

En segundo lugar, el pago de las pensiones a los venezolanos que están en el exterior que son más de 30.000 personas, a quienes desde octubre de 2015 el gobierno, unilateralmente, decidió suspenderles el pago de la pensión.

Otra demanda es que se restablezca la comisión de alto nivel que logramos instalar con el presidente fallecido Hugo Chávez en el año 99, y que era integrada por el ministro del Trabajo, el ministro de Finanzas, el presidente del Seguro Social y nuestra organización.

En esa instancia resolvimos diversidad de problemas que tienen que ver con los pensionados, logramos homologar las pensiones de sobrevivientes, que eran apenas 40% del salario mínimo, al 100% del salario de ese momento. Esa comisión especial se mantuvo hasta 2007 y desde entonces, la situación de los pensionados ha sido bastante cuesta arriba resolverla con el gobierno de Maduro.

No hemos recibido respuesta de ningún organismo estatal.

– El fenómeno de la diáspora ha ocasionado que miles de adultos mayores deban afrontar la crisis sin la compañía de sus hijos y familiares. Sin embargo, el gobierno no garantiza ningún piso de protección social. ¿Cuáles son las dificultades que deben afrontar a diario estas personas?

La situación es muy grave.

De acuerdo a un informe que hizo la organización Convite en 2022, de 5.3 millones de adultos mayores venezolanos, al menos entre 10% y 12% viven solos por efecto de la migración.

Esto ha traído como consecuencia problemas de depresión y un incremento de las tasas de suicidio, debido a la incapacidad que tiene esos adultos mayores de proveerse mejor calidad de vida.

De acuerdo a ese informe, el 73% de los adultos mayores reciben remesas de sus familiares, una cifra alarmante porque estas personas dependen de un tercero para poder sobrevivir, y si a ese tercero le ocurre algún accidente o muere, o simplemente deja de enviar esa remesa, el adulto mayor dejaría de recibir el apoyo y estaría a la deriva.

No hay protección del Estado para nuestros adultos mayores.

Estamos en un estado de desprotección total, los adultos mayores están a su suerte. Dependen de los familiares, de amistades, otros buscan ayuda en las iglesias que proveen alimentos y medicinas, otros dependen de la ayuda de algunas ONG que prestan asistencia humanitaria.

Lamentablemente, si seguimos por este camino, vamos a ser testigos de un incremento en el número de fallecimientos por desnutrición, por falta de medicamentos y por enfermedades, porque el ingreso de cinco dólares, que va a desaparecer en los próximos días debido a la devaluación de la moneda, no permite que los adultos mayores puedan comprar comida o medicinas.

Al no incrementar el salario mínimo, el gobierno dio la entrada definitiva a la bonificación del ingreso, y eso es una política regresiva porque, además de provisionales, esos bonos –como el bono contra la guerra económica- son discriminatorios, ya que no todos los pensionados están inscritos en el sistema “Patria”, lo que es un requisito para recibir esa bonificación.

Además, ni los pensionados del Seguro Social ni los jubilados de la Administración Pública, reciben el bono de alimentación porque dicho beneficio está solamente dirigido a los trabajadores activos.

Cuando afirmamos que estos bonos son provisionales, es porque el propio decreto aprobado por Maduro, señala que estas medidas se mantendrán hasta que cesen las medidas económicas que -de acuerdo al gobierno-, han imposibilitado el incremento del salario mínimo.

Es decir, con la excusa del bloqueo y las sanciones, se institucionalizó el desconocimiento de los derechos de los trabajadores, los jubilados y los pensionados.

– Los jubilados y pensionados han sido actores clave en las protestas que se han intensificado a nivel nacional, luego de la aprobación del instructivo de la ONAPRE y en respuesta a la crisis económica. ¿Cuál crees deba ser el papel de El Comité, en tanto referente histórico de luchas, para promover la unidad de los sectores que demandan derechos?

El Comité sigue orientando la lucha de los pensionados. Pero estamos plantados ante un gobierno que no quiere oír las demandas sociales, que no escucha a las organizaciones sindicales y gremiales que están en la calle reclamando sus derechos.

La única salida a esta situación es la unificación de todos los sectores y en ese sentido hemos hecho esfuerzos para ello.

El Comité se ha reunido con diferentes sectores de pensionados y jubilados y conformamos una organización más amplia, que es la coordinación de pensionados y jubilados de Venezuela, que agrupa a mucha más gente.

Estamos construyendo una alianza que trascienda el tema de las pensiones y de las jubilaciones con diferentes organizaciones de trabajadores, de gremios, sindicatos y de organizaciones independientes sin filiación sindical ni gremial, pero que están luchando, porque entendimos que la unidad es la única vía para resolver esta situación tan difícil que estamos viviendo los venezolanos.

Desde que Maduro llegó a Miraflores, ha habido una regresión extrema de los derechos sociales. La única manera de revertir eso es con una avasallante fuerza social unitaria.


Prensa Provea