Cuando se produjo la liberación de los 8 militares venezolanos capturados por las FARC el pasado 31 de mayo, quedó la impresión generalizada en casi toda Venezuela de que el conflicto armado iniciado en La Victoria de Apure el 21 de marzo había finalizado. Sin embargo, esto no es cierto.
Más allá de las consideraciones políticas y de estrategia militar, la realidad sobre la vulneración de varios derechos humanos en el desarrollo de los enfrentamientos armados entre fuerzas militares venezolanas y grupos de irregulares, es inocultable. El riesgo de violencia persiste y con ello que se despliegue la arbitrariedad de las fuerzas del Estado contra la población.
Los dramas y las tragedias de miles de personas no culminan con la retirada de unidades militares de la zona ni del supuesto apaciguamiento del accionar de los grupos subversivos. La situación de indefensión y vulnerabilidad de estas poblaciones fronterizas no sólo que continúa sino que se ha recrudecido tras el conflicto.
Detenciones arbitrarias
Ser campesino y joven es un riesgo. Esas dos condiciones es motivo de sospecha de ser guerrillero o colaborador de la guerrilla. Al inicio del conflicto el propio Ministerio de la Defensa informó, a través de un comunicado, que se habían detenido a 34 civiles que presuntamente estaban vinculados con las agrupaciones irregulares armadas. No obstante, familiares y organizaciones como PROVEA y FundaRedes negamos en todo momento esta versión oficial.
Los detenidos, entre los cuales había varios menores de edad y hasta un funcionario de Protección Civil, fueron presentados en el Tribunal Militar número 14 de Guasdualito, a pocos días de su detención, con lo cual se violaba en primer lugar el derecho a la presunción de inocencia además de someter, una vez más, el procesamiento de unos civiles en la jurisdicción militar, violando con ello el artículo 49 constitucionales y varios tratados internacionales.
Declaraciones de sus familiares y defensores de derechos humanos confirman que dentro de ese grupo de detenidos ninguno pertenece a un grupo guerrillero o a alguna organización ilegal. Atestiguan que la mayoría son obreros agrícolas, campesinos, docentes y otros trabajadores en La Victoria, Santa Rosa, El Ripial, La Capilla, como productores de quesos, otros son mecánicos y artesanos.
Otro dato certificado que refleja la detención arbitraria por parte de efectivos militares es que la mayoría fueron detenidos en sus casas, en sus lugares de trabajo y en alcabalas.
Además, a los 34 civiles los acusaron de traición a la patria, rebelión militar, espionaje y ataque al centinela, fabricándoles un expediente en el que incluyeron como pruebas unas báculas de fabricación casera, armas que son de uso frecuente en el campo; también les colocaron municiones que no corresponden a ese tipo de armamento.
Algunos campesinos poseían piezas de algún uniforme militar en sus casas ya que habían prestado el servicio militar obligatorio.
A principios del mes de abril fueron remitidos 28 de los 34 retenidos al pabellón de procesados militares del Centro Penitenciario de Occidente en el estado Táchira, mejor conocido como la cárcel de Santa Ana.
Como ya la dictadura institucionalizó en los procesos por motivos políticos, la audiencia se realizó fuera de los lapsos legales con el silencio del Defensor del Pueblo quien tiene el mandato de velar por la garantía del debido proceso y los derechos de las personas privadas de libertad. La audiencia se celebró 76 días después de las detenciones arbitrarias y 56 días después de haber sido trasladados a anexo de procesados militares de la cárcel de Santa Ana, en San Cristóbal, estado Táchira.
El lunes 7 se produjo la audiencia preliminar para los ciudadanos Carlos García, Jhoan Hernández Sierra, Ubaldo Hernández Sierra, Jorge Ávila, Edgar Hernández, Daniel Tovar, Jesús Manosalva, Víctor Mercado, Adolfo Mercado, Rafael Gómez Peralta, Roberto Rosendo, Jairo Moreno Matus, Francisco Filot, Elvis Guerrero, Franklin Castillo Nieves, Franmer Castillo Nieves, Edicson Quintero y Mónica Andrea Triana.
Fueron presionados por funcionarios de la justicia militar para que se declararan culpables, pero la mayoría no aceptó esa presión. El Juez decidió el pase a juicio a 13 del primer grupo de 18 que fueron presentados. Además de Mónica Triana, hay cinco mujeres más detenidas ellas son: Devora Virginia Puga Márquez, Carmen Cecilia Cubides Villamizar, Adriana López, Yorlis Paola Gil Moreno y Yuraimy Margarita Osorio Pérez
Fueron liberados Lino García, Evelio Acuña y Arnol Cermeño contra quienes ni siquiera hubo formulación de cargos. El tribunal militar les otorgó libertad condicional sujeta a no salir del país y a presentación periódica ante el tribunal militar de Guasdualito. Igualmente se otorgó libertad a dos personas más: Mario Pereira de 65 años de edad con graves problemas de salud y Elvis Guerrero persona con discapacidad. La detención de este último es una de las evidencias de la arbitrariedad de las detenciones.
Ejecuciones extrajudiciales y el silencio oficial
A cuatro días de los primeros bombardeos por parte de las fuerzas militares venezolanas a supuestos campamentos guerrilleros pero que en definitiva afectaron sobremanera a la población civil de La Victoria, ocurrió un hecho de violencia policial y militar.
De forma inexplicable apareció un contingente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), participando en este conflicto que tuvo desde su primer momento un manejo militar del lado venezolano.
El día 25 de marzo se conoció la noticia de la muerte de 5 personas, que habían sido sacadas de sus casas con vida en La Victoria, y luego aparecieron ajusticiadas en una finca de la población rural de El Ripial.
Las primeras versiones indican que los efectivos de las FAES se llevaron del lugar donde vivían a Luz Dey Remolina; Emilio Ramírez; Ehiner Yafran Anzola Villamizar; Jeferson Uriel Ramírez y Julio Cesar Jiménez, los 4 primeros miembros de una misma familia, siendo reseñados como guerrilleros que fueron abatidos en un presunto enfrentamiento.
Emir Ramírez Remolina, hijo de Luz Dey y Emilio, y quienes le conocían, afirman que se trató de un falso positivo. Atestiguan que estas personas eran campesinos de la zona y que no eran guerrilleros. Sus cuerpos aparecieron tirados en una finca con algunas vestimentas camufladas y con signos visibles de tortura en sus manos y muñecas.
La madre de Julio César Jiménez, quien vive en el estado Zulia, aún no ha podido recibir el acta de defunción de su hijo, quien trabajaba en una panadería en La Victoria.
Al día siguiente del condenable hecho en El Ripial, el viernes 26 de marzo, el Fiscal General de la República, impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tareck William Saab, anunció el envío de una Comisión del Ministerio Público para investigar esta masacre, luego de la denuncia realizada por familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos como PROVEA, FundaRedes, Fundación El Amparo.
En ese momento el Fiscal indicó a través de su cuenta de Twitter que “En aras de esclarecer los hechos ocurridos en El Ripial (Apure) hemos enviado este #26Mar una comisión conjunta de la Dir. Gral. de Protección de DDHH y la Unidad Criminalística del @MinpublicoVE a practicar las diligencias y experticias de investigación pertinentes. Los 12 expertos @MinpublicoVE enviados realizarán inspecciones técnicas en los sitios del suceso, experticias planimétricas, experticias de trayectoria balística, protocolos de autopsia, entre otras necesarias para establecer posibles acciones violatorias a los DDHH”.
Luego, dos semanas después, específicamente el 6 de abril, el Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz anunciaba que se mantenía una comisión especial de su despacho en la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Páez en el Alto Apure con el fin de realizar investigaciones sobre lo sucedido.
Ruiz indicaba que el trabajo de la Defensoría en el sitio se ejecutaba en coordinación con los fiscales especiales del Ministerio Público, asignados para el caso, y autoridades militares de la zona y que en el caso de las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales manifestó que las mismas estaban siendo investigadas.
Pero a más de 74 días del anuncio del Fiscal, ninguno de los dos representantes de estos organismos de investigación ha presentado un informe al respecto para dar cuenta el curso de sus investigaciones y determinación de responsabilidades. Todo esto nos hace presumir una clara intención de generar impunidad. Investigar la masacre del El Ripial debe obligar al Ministerio Público a investigar la cadena de mando de los operativos militares en la zona en Apure y la cadena de mando de las Faes.
Organizaciones de derechos humanos compararon esta masacre con la de El Amparo ocurrida también en el estado Apure cuando 14 pescadores fueron emboscados y asesinados. Se les presentó como guerrilleros. Con las investigaciones se pudo establecer que fueron asesinados para aparentar los cuerpos armados del Estado, que se era eficaz en la lucha contra los grupos irregulares colombianos.
Desplazamiento forzado de casi 6 mil personas
En la medida en que se iban desarrollando los enfrentamientos iba aumentando también el éxodo masivo de personas desde La Victoria y zonas aledañas hacia la población colombiana de Arauquita.
Las autoridades del municipio colombiano decretaron el estado de emergencia debido a la numerosa cantidad de desplazados que iban llegando a la ciudad. Rápidamente se fueron instalando diferentes albergues y centros de refugio para recibir y atender a casi 6 mil personas provenientes de territorio apureño.
Algunas organizaciones y agencias internacionales que se dedicaron a atender el problema señalaron en su momento que el número de desplazados superaba los 6 mil, pero no existe un dato oficial al respecto.
Lo cierto es que ese desplazamiento forzado constituyó una de las peores consecuencias del conflicto armado en la zona. Miles de familias venezolanas se vieron obligadas a abandonar bruscamente sus casas y quedar en una situación de extrema vulnerabilidad.
Por otro lado, varias de estas personas llegaron a afirmar que temían por sus vidas si continuaban en la zona ya que habían recibido amenazas por parte de efectivos de seguridad venezolanos como por algunos miembros de las disidencias de las FARC.
A la par la instalación de una nueva Zona de Defensa Integral en el Alto Apure representó ser otra limitante más para la movilidad de los lugareños por esa zona de la frontera ya que a los ciudadanos se les pedía un salvoconducto y se impusieron restricciones de horarios para desplazarse.
A la par de esta migración obligada por la violencia los derechos a la educación y a la protección de miles de niños también quedaron violentados.
Los estudiantes no pudieron proseguir sus clases virtuales según la programación del Ministerio de Educación de Venezuela y en los albergues, pese a los esfuerzos de las autoridades de Arauquita, las condiciones de habitabilidad y seguridad no eran las mejores.
El fluido tránsito en el paso de las canoas entre Arauquita, extremo colombiano del río, y La Victoria, en el extremo venezolano, simula una aparente normalidad, de la que hablan las autoridades venezolanas en sus videos: “Aquí ya todo está en orden, solo hay una manipulación mediática”, decía el alcalde del municipio Páez, José María Romero, a pocos días de los sucesos.
Sin embargo, las visitas diarias a La Victoria de varios de sus hijos que aún permanecen en Arauquita, la extrema militarización con funcionarios de todos los cuerpos de seguridad del Estado, así como el traslado a la zona del despacho municipal de Páez, cuyo asiento natural queda en Guasdualito, a 90 kilómetros de esta frontera, contrastan con esta verdad oficial.
Uno de estos hijos de Urdaneta, que todavía no regresa a su hogar, desembarca todas las mañanas en La Victoria “normal de las autoridades venezolanas” para revisar su casa, verificar que no le falta nada, tomar algo si lo necesita, “vender tinto” (café) y retornar a Arauquita por la tarde.
A la fecha aún se desconoce cuántas personas permanecen en los refugios y casas de familia de Arauquita y cuántas han podido regresar a La Victoria no solo para retornar a sus viviendas sino también para retomar sus faenas diarias y poder generar ingresos.
Los primeros días de junio autoridades colombiana anunciaron que un número significativo de personas que estaban refugiadas en Arauquita, regresaban a la Victoria. En declaraciones a medios algunos de los habitantes que regresaron indicaron que lo hacían con temor a que se reiniciaran situaciones de violencia, pero que necesitaban regresas a sus hogares corriendo ese riesgo.
Sin derecho a informarse
Este ha sido uno de los derechos más conculcados en esta situación conflictiva. El derecho a informar y a estar informado ha sufrido de fuertes restricciones por parte de las autoridades militares y del gobierno venezolano.
Desde que comenzaron los enfrentamientos lo que ha privado es la opacidad informativa, por un lado, y la criminalización del trabajo de documentación de ONG de derechos humanos y de medios de comunicación, por el otro.
Nicolás Maduro solo se refirió a esta situación en una sola ocasión, el pasado 4 de abril en cadena nacional, cuando anunciaba que se instalaría en la zona una nueva unidad especial militar para sacar de territorio venezolano a los irregulares colombianos y para defender la soberanía nacional.
Del resto lo que ha habido son puros comunicados salvo dos comparecencias en la televisora estatal por parte del Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López. La primera, referida al mencionado anuncio de la activación de la nueva ZODI, lunes 5 de abril. Y la segunda cuando corroboraba que habían recibido un primer video como fe de vida de los 8 militares capturados por las FARC, el pasado 15 de mayo.
Lo que ha prevalecido son escuetos comunicados de ese despacho y de la cancillería venezolana.
Sin embargo, los mismos han adolecido de datos precisos como por el número indeterminado de militares heridos en los combates; la cantidad exacta de efectivos muertos; la identidad de los supuestos irregulares ultimados, además de que desde la parte oficial sigue sin saberse por qué no se menciona el nombre del grupo irregular al cual se han enfrentado las FANB.
Igualmente, no ha habido pronunciamiento sobre la denuncias de la presunta ejecución extrajudicial de las 5 personas ya mencionadas ni sobre qué políticas implementar para el retorno seguro y voluntario de los desplazados.
Por otro lado, las amenazas contra activistas de derechos humanos y periodistas que hacen cobertura del conflicto han estado a la orden del día.
Luego de la detención y posterior liberación de 2 periodistas del canal colombiano NTN24 y dos promotores de derechos humanos de Guasdualito, las amenazas por parte de voceros del oficialismo han estado a la orden del día.
Tal es el caso del diputado a la AN Diosdado Cabello, quien en su programa de televisión Con el Mazo Dando llegó a afirmar que deben ser considerados como “enemigos” a los periodistas y medios de comunicación que desearan seguir cubriendo el conflicto.
Así mismo, el coordinador de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona, denunció que recibió amenazas de muerte por su trabajo de documentación y visibilización de estos hechos. Del mismo modo, poco es lo que se conoce sobre la entrega por parte del Décimo Frente de las FARC de los 8 uniformados a las autoridades venezolanas.
El Ministro Padrino López calificó la operación como rescate llamándola “Águila Centenaria”. Sin embargo, no precisó cómo fue el supuesto rescate, en dónde se realizó, quiénes participaron, por qué no hubo detenidos en el operativo y por qué previamente se produjo la retirada de las unidades militares acantonadas en la zona.
Otros medios de comunicación y periodistas de la zona se han visto en la obligación de autocensurarse debido a que recibieron fuertes advertencias de que corrían serios riesgos si informaban de lo que acontecía en la zona.
En efecto, medios regionales como portales digitales y emisoras de radio optaron por no informar de lo que iba pasando y delegaron esa tarea a medios nacionales e internacionales a través de sus portales web.
De igual modo, la FANB logró instalar en tiempo récord una emisora de radio en La Victoria denominada Tiuna FM con el fin de contrarrestar las versiones de medios y periodistas independientes e imponer la versión oficial.
Derechos violentados
En conclusión, derechos fundamentales como la vida, la seguridad, libre tránsito, libertad plena, el debido proceso, a la libertad de información y de expresión, junto a los de la convivencia armónica en su terruño y la soberanía nacional, siguen quedando seriamente vulnerados en medio de este contexto.
A pesar de las peticiones de ONG de derechos humanos como PROVEA, Fundación El Amparo, Fundaredes, Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Red Jesuita para Migrantes de Venezuela, el Servicio Jesuita a Refugiados, Human Rigths Watch, entre otros, de que la ONU enviase una misión especial a la zona para contribuir a conseguir una salida al conflicto y velar por la población civil, a la situación se le sigue dando un tratamiento estrictamente bélico y guerrerista.
El fuego cruzado al parecer ha cesado. Pero el miedo a las detonaciones y a los truenos de los fusiles, con todo lo que eso conlleva, sigue latente en los pobladores de La Victoria y sus alrededores. El temor a los allanamientos arbitrarios, a las detenciones y otras violaciones sigue latente. La solidaridad con la población de los habitantes de frontera, es imprescindible.
Prensa Provea
