ACNUDH: Situación de los derechos humanos y la asistencia técnica en la República Bolivariana de Venezuela

Resumen

De conformidad con la resolución 45/2 del Consejo de Derechos Humanos, en el presente informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos detalla los recientes acontecimientos en la situación de los derechos humanos, con especial atención a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y a la asistencia técnica en la República Bolivariana de Venezuela.

Introducción

1. El presente informe se presenta en cumplimiento de la resolución 45/2 del Consejo de Derechos Humanos, en la cual el Consejo solicitó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que preparara un informe exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela y lo presentara al Consejo en su 48o período de sesiones.
2. El presente informe abarca el período comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021 y ofrece una visión general de la cooperación entre el Gobierno de Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). En informe también está enfocado en los últimos acontecimientos durante el período que abarca el informe relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y el nivel de implementación de las recomendaciones correspondientes de informes anteriores, identificando áreas de futura cooperación.
3. El informe se basa en información recopilada y analizada por el ACNUDH, incluso sobre la base de entrevistas con víctimas y testigos, así como de reuniones con funcionarios del Gobierno y organizaciones de la sociedad civil. El informe consideró información y datos oficiales proporcionados por el Gobierno, incluyendo a través de un cuestionario enviado por el ACNUDH para los fines de este informe.
4. Las conclusiones expuestas en el presente informe han sido documentadas y corroboradas en estricto cumplimiento de la metodología del ACNUDH. El ACNUDH actuó con la debida diligencia para evaluar la credibilidad y fiabilidad de todas las fuentes y contrastó la información recopilada para verificar su validez. Solicitó el consentimiento informado de las fuentes a las que entrevistó y adoptó todas las medidas apropiadas para proteger sus identidades y garantizar la confidencialidad. El ACNUDH evaluó la información que recopiló a la luz de las normas internacionales de derechos humanos y de la legislación nacional pertinente.
   II. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
5. La población de la República Bolivariana de Venezuela sigue enfrentando importantes desafíos relacionados con el disfrute de sus derechos económicos y sociales, debido a las crisis sociales y económicas multifactoriales preexistentes. El Gobierno ha promovido políticas sociales a través de programas económicos y sociales dirigidos a combatir la pobreza y a disminuir la brecha de igualdad de género; sin embargo, persisten los desafíos en estas áreas debido en parte, según se reporta, a la mala asignación de recursos, a la falta de mantenimiento de la infraestructura pública y a la grave subinversión en servicios esenciales. Las sanciones sectoriales y el impacto de la pandemia de COVID-19 han aumentado aún más la escasez de recursos disponibles.
6. Mientras identifica posibles áreas de asistencia técnica adiciona, este informe examina las medidas adoptadas por la República Bolivariana de Venezuela para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluidas en relación con la obligación de realización progresiva de los derechos económicos y sociales, la obligación fundamental de garantizar la satisfacción de niveles mínimos esenciales, la obligación de no discriminación e igualdad, la no regresión y la obligación de utilizar el máximo de sus recursos disponibles, que abarcan la asistencia y la cooperación internacionales. El informe también evalúa los retos generales relativos a la falta de información pública sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, claves para su realización.
7. Las medidas coercitivas unilaterales sectoriales exacerbaron las condiciones económicas y humanitarias preexistentes, afectando los recursos disponibles para garantizar y proteger los derechos humanos, en particular de las personas más vulnerables. A pesar de excepciones humanitarias existentes, el exceso de cumplimiento de las medidas coercitivas unilaterales sectoriales, según se reporta, ha agravado la escasez de medicamentos y ha limitado las importaciones de alimentos, al tiempo que ha impuesto una carga adicional a las organizaciones de la sociedad civil, cuyos donantes e instituciones financieras exigen información financiera adicional detallada, desviando así las capacidades para trabajar eficazmente, en particular en las zonas rurales y remotas. La escasez de combustible afectó negativamente en la producción y distribución de alimentos, el transporte público, los servicios públicos, la educación y el sector de la salud. El ACNUDH reitera sus anteriores llamamientos para que se levanten las medidas coercitivas unilaterales sectoriales en vista de su impacto desproporcionado en el conjunto de la población, los cuales también han sido reiterados por la Relatora Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.
8. El ACNUDH está preocupado por los bajos niveles de ingresos, ahorros y pensiones de funcionarias y funcionarios públicos, y de trabajadoras y trabajadores de sectores que dependen de la financiación pública, en particular de trabajadoras y trabajadores de los sectores de la educación y la salud. Por ejemplo, la Federación Médica Venezolana estimó en agosto de 2020 que alrededor del 50 por ciento de médicos y médicas habían salido del país, principalmente debido a la rápida disminución de sus ingresos reales. Según se reporta, en 2020, el salario mensual de enfermeros o enfermeras oscilaba entre dos y cinco dólares estadounidenses. La pérdida de profesionales médicos tuvo un impacto directo en la capacidad del país para responder efectivamente a la pandemia de COVID-19.
9. En 2019, 80 por ciento de los ingresos de los hogares dependía de transferencias monetarias del Gobierno, según cifras oficiales. De esas transferencias, el 22 por ciento correspondió a electricidad, 21 por ciento a educación, 16 por ciento a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, 15 por ciento a agua, 12 por ciento a otras transferencias monetarias «Patria», y el 11 por ciento al programa de alimentación escolar. Las transferencias monetarias están indexadas al salario mínimo oficial, por lo tanto, son afectadas por los altos índices de inflación de forma similar. La dependencia de las transferencias monetarias por parte del Gobierno habría aumentado durante la pandemia de COVID-19, aunque información pública detallada y verificable sobre las finanzas y el impacto de los programas no está disponible. Según cifras oficiales, en 2020, el 56,1 por ciento de las personas con trabajo tenían un empleo formal. De estos, el análisis de expertos indicó que dos tercios trabajaban en el sector público, donde el ingreso mensual promedio osciló entre dos y cinco dólares estadounidenses. Para hacer frente a estos desafíos en los últimos años, el Gobierno ha aumentado el gasto social, sobre todo a través de transferencias monetarias directas. Informes indican que la política salarial no era inclusiva, y que en ocasiones excluía a miembros de sindicatos percibidos como críticos al Gobierno. Adicionalmente, el 1 de mayo de 2021, el Gobierno anunció un aumento del 289 por ciento del salario mínimo, de 1,8 millones de Bs. a 7 millones de Bs., equivalentes a 2,4 dólares estadounidenses en ese momento, sin indexar el salario mínimo mensual oficial a la inflación, ni a la canasta básica. En 2021, el Gobierno informó de que seguía ofreciendo pensiones completas a más de 4,5 millones de beneficiarios. Sin embargo, las pensiones mensuales también fluctuaban entre dos y cinco dólares estadounidenses y no estaban indexadas a la inflación.
10. El ACNUDH reconoce las medidas adoptadas para ampliar el acceso a los programas de asistencia social mediante la digitalización de los servicios. El número de usuarios activos del «carnet de la patria» habría crecido a 21 millones hasta junio de 2021. Sin embargo, la reducción de la cobertura de Internet y cortes de energía eléctrica plantearon desafíos a los esfuerzos para garantizar la igualdad de acceso a las herramientas digitales, especialmente en zonas rurales y para personas de bajos ingresos. El ACNUDH siguió recibiendo informes de algunas personas a las que supuestamente se les denegó la asistencia alimentaria por motivos políticos, por criticar al Gobierno. El acceso a las prestaciones sociales no debe estar condicionado a la afiliación política real o percibida, y la transparencia en los criterios utilizados para determinar la elegibilidad para los programas de protección social es esencial para evitar cualquier discriminación en la práctica.
11. Las protestas relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales continuaron, principalmente para exigir el acceso a servicios básicos adecuados, derechos laborales, vivienda, combustible, servicios de salud adecuados y alimentos. Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó ocho casos de protestas durante las cuales violaciones de derechos humanos fueron cometidas por las fuerzas de seguridad o los grupos armados civiles progubernamentales denominados «colectivos», incluidos por lo menos una ejecución extrajudicial, tres casos de malos tratos y tres casos de uso excesivo de la fuerza. De estos, el ACNUDH toma nota de las investigaciones abiertas en al menos dos casos de malos tratos y reitera la obligación de investigar de forma independiente todos estos incidentes y evitar que se repitan. El ACNUDH también documentó detenciones y arrestos ilegales o arbitrarios de al menos 45 personas en relación con esas protestas.
12. El ACNUDH reconoce el establecimiento de foros de diálogo con los sindicatos en mayo de 2021 y recuerda el derecho de los sindicatos a funcionar libremente sin limitaciones excesivas y el derecho a unirse a la asociación de su propia elección. Sin embargo, el ACNUDH documentó la falta de cumplimiento de los convenios colectivos de los funcionarios y las funcionarias públicos, en particular desde la promulgación del Memorando 2792 del Ministerio de Trabajo en 2018, que permite efectivamente su revisión unilateral por un órgano especial del Ministerio, incluso en lo que respecta a los salarios, los beneficios y las condiciones de trabajo. El ACNUDH está preocupado por la reportada falta de consultas inclusivas de todas las partes afectadas en cuestiones laborales, lo que plantea preocupaciones relacionadas con la independencia de los sindicatos y el pleno disfrute de los derechos de sus miembros.

Informe completo aquí