La Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela ha sido una pieza clave en la visibilización y denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país. Desde su establecimiento en 2019, la misión ha documentado con detalle las cadenas de mando responsables de graves crímenes, la falta de independencia judicial, y la existencia de centros de tortura.
Su trabajo ha revelado una estructura sistemática de represión, incluyendo violaciones específicas en el Arco Minero del Orinoco, trabajo forzoso, y persecución a grupos vulnerables como mujeres, pueblos indígenas y personas LGBTIQ+. Además de la criminalización constante a la sociedad civil venezolana.
Una maquinaria represiva reactivada en el contexto electoral
Los eventos posteriores a las elecciones del 28 de julio son una muestra que la crisis de derechos humanos en Venezuela no ha cesado. En un contexto de represión sin precedentes, cerca de 2,400 personas fueron detenidas arbitrariamente, según declaraciones del propio presidente Nicolás Maduro. A esto se suman 25 asesinatos y unas 50 desapariciones forzadas.
Esta represión no aislada, sino parte de una política sistemática que busca silenciar la disidencia y consolidar el poder. Las violaciones al debido proceso y la falta de Estado de derecho son la nueva normalidad en un país donde las instituciones están profundamente corrompidas y al servicio de los intereses gubernamentales.
La Operación Tun-Tun, una campaña de persecución masiva, ha intensificado estos abusos: Los allanamientos sin orden judicial, las detenciones arbitrarias y los actos de violencia y saqueo por parte de las fuerzas de seguridad son tácticas comunes para infundir miedo y desalentar cualquier forma de oposición.
En este ambiente de terror generalizado, el aparato represivo del Estado se mantiene activo, perpetuando la persecución contra la disidencia y socavando los derechos fundamentales de la población.
Una voz para las víctimas
En medio de esta crisis, la Misión de la ONU ha proporcionado una plataforma para que las víctimas y sus familias sean escuchadas. Para Elvira y José Gregorio Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete, un joven asesinado durante las protestas de 2017, la misión ha sido una vía para que las voces de las víctimas lleguen al mundo: “El trabajo de la misión ha sido clave para evidenciar el uso excesivo de la fuerza por parte de los órganos represivos del Estado para callar y controlar las protestas. Los padres y familiares de los venezolanos asesinados somos constantemente revictimizados y no alcanzamos justicia. Es necesario que se renueve el mandato de la misión porque es una voz clara y contundente de los que no tenemos justicia en Venezuela.”
De igual forma, Andreína Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel y hermana del preso político Adolfo Baduel, subraya la importancia de la misión en la documentación de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela: “Soy, hija, del general Raúl Baduel que murió en custodia del Estado por falta de atención médica; y hermana de Adolfo Baduel, prisionero político sometido a tortura y que hoy fue condenado a 30 años de prisión injustamente. Es sumamente relevante que se renueve el mandato de la misión en virtud de que en Venezuela hay impunidad y no ha habido justicia en ninguno de los casos.”
El Arco Minero del Orinoco: Un epicentro de abusos a los DDHH
Otro foco crítico de violaciones es el Arco Minero del Orinoco, donde la explotación de recursos naturales ha venido acompañada de graves abusos a los derechos humanos. Cristina Burelli, directora de SOS Orinoco, asegura que la Misión fue clave en denunciar las condiciones de vida de los pueblos indígenas en la región, atrapados entre grupos armados y fuerzas de seguridad del Estado. “En Venezuela los pueblos indígenas, están atrapados entre los grupos armados organizados y las fuerzas de seguridad del Estado violencia, sexual tortura trabajo forzoso. Esto fue documentado en el informe de la ONU que se enfocó sobre el arco minero y en ciertas regiones de Bolívar, pero ese mismo informe concluye que hay mucho trabajo por hacer todavía y por eso es tan importante que se renueve la misión para Venezuela.”
La explotación minera en el Arco Minero no solo ha causado daños ambientales irreparables, sino que ha desatado una ola de violencia, explotación laboral y abusos que requiere una atención continua y documentada. La renovación de la misión permitiría seguir investigando y denunciando estos crímenes, buscando justicia para las comunidades afectadas.
La ausencia del Estado de derecho
Para muchos en Venezuela, la misión de la ONU ha sido una herramienta efectiva para exponer la falta de justicia y los atropellos del sistema legal del país. Joel García, abogado defensor de presos políticos, afirma: “El trabajo de la misión de la ONU ha sido fundamental para los venezolanos… Hemos podido darle seguimiento a todas las arbitrariedades cometidas por el Estado venezolano en contra de disidencia política, incluso a los defensores de derechos humanos.”
La documentación de estos casos es esencial para construir un registro de las violaciones y para presionar por cambios significativos que restauren el Estado de derecho en Venezuela. La Misión de la ONU sobre Venezuela ha sido una luz en medio de la oscuridad para aquellos que luchan por la justicia en un sistema que sistemáticamente los oprime.
Un camino hacia la Justicia
La impunidad es uno de los mayores desafíos que enfrenta Venezuela hoy en día. Marino Alvarado, Coordinador Legal de Provea, destaca la importancia de la Misión de la ONU en la lucha contra la impunidad: “Cada testimonio, cada documentación realizada nos permite avanzar hacia la justicia. La impunidad no es una opción, los responsables de los crímenes de lesa humanidad deben rendir cuentas. La misión de la ONU sobre Venezuela debe renovarse.”
A través de su trabajo, la misión ha proporcionado evidencia crucial que puede ser utilizada en futuros procesos judiciales contra los responsables de crímenes de lesa humanidad. Sin su trabajo, muchos de estos casos quedarían en la oscuridad, y los perpetradores continuarían actuando con más impunidad.
La sociedad civil en riesgo: un futuro incierto
Además de la represión directa, la sociedad civil en Venezuela enfrenta amenazas legales que buscan silenciar y desmantelar su labor. La reciente aprobación de la Ley Anti ONG por la Asamblea Nacional podría significar el fin de muchas organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos y el apoyo a las víctimas.
Esta ley facilita la disolución de ONG y la imposición de multas millonarias, legalizando la persecución y controlando cualquier forma de organización independiente. Esta situación podría llevar a Venezuela por un camino similar al de Nicaragua, donde más de 5,500 organizaciones han sido arbitrariamente cerradas.
Un llamado al Consejo de Derechos Humanos: La necesidad de renovar el mandato
El mandato de la Misión de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela vence este septiembre. Ante la gravedad de la situación y la falta de justicia, es imperativo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renueve su mandato. La misión ha sido un faro de esperanza para las víctimas y una herramienta esencial para documentar y denunciar las violaciones a los derechos humanos.
La renovación del mandato no es solo un acto de solidaridad con las víctimas, sino una necesidad para la memoria histórica y la búsqueda de justicia en Venezuela. En un contexto donde la impunidad y la represión siguen siendo la norma, la misión de la ONU representa un compromiso con la verdad y la justicia. La comunidad internacional debe alzar su voz y apoyar la continuidad de esta labor vital: por las víctimas, por la verdad, por la memoria y por la justicia.
Prensa Provea.
