El equipo de monitoreo de violencia policial y militar (Lupa por la Vida) junto a PROVEA y el Centro Gumilla, registraron 472 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad en Venezuela, en los primeros tres meses de este año.
Enero ha sido el mes más violento con 228 casos. Con la masacre de La Vega, en Caracas, entre el 8 y 9 de enero que registró 23 muertes, un hecho sin precedentes con un operativo policial practicado en esa parroquia de Caracas por parte de comisiones mixtas de las FAES, CICPC y GNB.
El municipio Libertador es el que más presuntas ejecuciones extrajudiciales registró en Caracas durante enero, 33 víctimas.
En febrero, a nivel nacional, se registró un descenso con 113 casos, mientras que con 131 se produjo un ligero repunte en el mes de marzo.
Cuerpo policial más letal
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue el que se lleva los ingratos “honores” con más muertes en este primer trimestre del año: 65 ejecuciones, para un total de 13.77% y resaltando 45 casos solo en enero.
También se registró un descenso de las FAES, con sólo 56 actuaciones para el primer trimestre. Un cuerpo policial que es catalogado como el cuerpo más letal de Venezuela, durante el 2020 realizaron casi 500 ejecuciones extrajudiciales de las 2853 que se contabilizaron.
Aunque se mantiene la letalidad como política, la táctica del Estado venezolano ha sido la de relevar a un cuerpo por otro en la ejecución de dicha política, sustituyendo a las FAES por el CICPC. Se trata de un cambio de “cara visible” de las actuaciones letales cambiando un cuerpo policial por otro.
En el segundo puesto de más letalidad aparecen las policías regionales con 212 víctimas, pero con más casos en su conjunto. De estas, la policía regional del estado Zulia sobresale con 58 registros y la del estado Carabobo con 47. Entre las dos representan el 49.5 % de las actuaciones de las policías estadales. La población de Zulia y Carabobo son las que más padecen la violencia institucional. El mapa se tiñó de rojo en occidente y centro, más que en oriente de Venezuela.
La violencia de los cuerpos policiales fue más letal en las regiones más pobladas del país como Zulia y la región central. Durante estos tres primeros meses del año los cuerpos policiales y militares en su conjunto, asesinaron a 109 y 107 personas, respectivamente, según la investigación de Lupa por la vida. Entre las dos entidades se ubica el 45.76% de los casos. Luego le sigue el estado Aragua con 47 víctimas.
Jóvenes pobres las principales víctimas
Lamentablemente continúa el patrón de la mayoría de las víctimas siendo jóvenes hombres con edades entre 18 y 30 años, otro de los patrones que se mantiene en esta política de “seguridad ciudadana” del estado venezolano.
Entre los datos recopilados sobre en qué partes del cuerpo recibieron las víctimas los disparos de armas de fuego, las regiones del tórax y de la cara fueron las más perjudicadas.
Los sectores populares continúan siendo los sitios seleccionados por los cuerpos policiales y militares de Venezuela para la ejecución de estos procedimientos, generalmente con el pretexto de practicar «» “operativos de seguridad”.
CONAREPOL
Al cumplirse 15 años de la denominada reforma policial (CONAREPOL), el resultado es una lamentable policía menos respetuosa del derecho a la vida, que persiste con políticas de “mano dura” que han demostrado no contribuir para nada a disminuir los delitos, sino que llevan a más sufrimiento para las comunidades. La violencia de la delincuencia y de las fuerzas del orden público hacen la vida mucho más difícil y riesgosa para los más pobres
La Masacre de La Vega
Dos hechos en los meses de enero y marzo, respectivamente, se han convertido en “emblemáticos” al momento de evaluar el comportamiento de organismos de seguridad en el marco de procedimientos especiales.
El primer acontecimiento es la denominada Masacre de La Vega, en la parroquia La Vega de Caracas, donde 23 personas perdieron la vida a manos de comisiones mixtas de las FAES, CICPC y GNB. Un hecho que es considerado como el de mayor magnitud en la historia policial del país en operativos denominados de seguridad ciudadana.
Por lo menos 10 personas fueron detenidas sin ningún tipo de justificación, según testimonios de familiares de las víctimas, algunos sacados de sus casas y luego asesinados, incluso frente a la vista de otras personas.
Para justificar los resultados de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, las autoridades policiales informaron que las muertes se habían producido en el contexto de «enfrentamientos con grupos élites policiales».
Entre las víctimas identificadas se encuentran Richard Alejandro Chile Cabello de 20 años, empleado de un autolavado; Julio Alexander Pino Moreno de 23 años y Yefferson Moreno Plazola de 28 años, ambos trabajadores del mercado de alimentos de Coche; Jhonatan Useche de 17 años, trabajador de una carnicería y Nelson Enrique Villalta Tolima, quien se desempeñaba como profesor de música y vigilante nocturno.
A Alejandro Ramírez lo mataron cuando se encontraba en la casa de un amigo, según relató una tía, quien acotó que su sobrino “salió de la casa en short y sin camisa a comprar un cigarro para su abuela y cuando conversaba con un amigo en la casa de éste, escucharon tiros y decidieron entrar a la vivienda y cerrar la puerta. La policía se metió en la casa y luego se escucharon unos tiros”.
Completan esta lamentable lista de víctimas Yenkson José García Duarte de 32 años, Ángel Jesús Palma Martínez de 27 años, Guiovani Daboín Palma Martínez de 32 años, Raúl Antonio Lira Sánchez de 25 años, Néstor Duarte, Eliezer Rafael Martínez Rojas, Richard Alfonso Francia, Wilfredo José Naranjo Roca de 39 años, Carlos Alfredo Hernández Hurtado de 16 años y Efraín Durán de 17 años.
A más de 4 meses de estos acontecimientos, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, siguen guardando silencio; mientras los familiares de las víctimas están en absoluto desamparo y la comunidad aún tiene las heridas abiertas.
El 8 de mayo se realizó un operativo donde participaron funcionarios de las FAES, de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) y de la Unidad de Operaciones Tácticas Especiales (UOTE también de la PNB), para supuestamente enfrentar a integrantes de la mega banda de “El Coqui”, grupo delictivo que mantiene el control territorial de la Cota 905, zona vecina a La Vega. Según se informó días antes, la banda había tomado varios sectores de la parroquia caraqueña con el propósito de extender su dominio.
Conflicto armado en Apure
Durante el conflicto armado en La Victoria, estado Apure, el 25 de marzo una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, sacó de su casa a 4 miembros de una misma familia, sin orden judicial previa, y en horas de la tarde aparecieron los cuerpos ajusticiados y con cambios de ropa, camufladas como presuntos guerrilleros en un paraje rural de la comunidad de El Ripial.
Las víctimas fueron identificadas como Luz Dey Remolina, Emilio Ramírez, Jeferson Uriel Ramírez, Ehiner Yafran Anzola Villamizar. Emir Ramírez, hijo y hermano de las víctimas, reveló que sus padres, Luz Dey y Emilio, y su hermano no eran terroristas, tal cual como fueron reseñados por la minuta oficial.
Posteriormente se encontró el cadáver de Julio César Jiménez, quien trabajaba en una panadería de La Victoria. Su mamá también desmintió la versión oficial de que su hijo pertenecía a alguna organización guerrillera.
Tampoco el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo han arrojado alguna información sobre este caso, pese a que anunciaron que instalaban comisiones especiales para investigar estos hechos a pocos días de su registro.
La impunidad por parte de los organismos jurisdiccionales para investigar estos sucesos y determinar responsabilidades de funcionarios actuantes también ha prevalecido en esta primera parte de mayo.
Reina la impunidad
La ausencia de investigación y castigo a los culpables por parte del sistema de justicia venezolano, justifica cada vez más el trabajo que vienen realizando la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas (ONU) como la Corte Penal Internacional, así mismo el monitoreo que realiza la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet.
Desde Lupa por la Vida un proyecto integrado por el Centro Gumilla y Provea continuaremos visibilizando la grave situación de la violencia militar y policial en Venezuela, contribuyendo con los reclamos de verdad y justicia de los familiares de las víctimas.
