Espacio Público | Luego de un segundo año en cuarentena, tras la declaración de emergencia por la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020, la opacidad informativa y las posibles represalias por la difusión de información generaron un clima de inhibición en medios de comunicación y periodistas. Las medidas implementadas por el Estado venezolano para enfrentar la pandemia vulneraron de forma directa el derecho a la libertad de expresión. En tal sentido, muchas personas sufrieron represalias después de cuestionar a funcionarios y políticas públicas a través de sus redes sociales.
En Espacio Público registramos un descenso en el número total de casos, por segundo año consecutivo, en un periodo caracterizado por la reducción de la agenda noticiosa. En paralelo, el conflicto político permaneció estancado, a pesar de los altos niveles de conflictividad social.
El 2021 fue el año con menos cantidad de casos desde el 2015, cuando hubo 237 registros. Durante el último periodo se documentaron al menos 244 casos, lo cual constituye una disminución de 37 % en relación con el número de casos del 2020, cuando se contabilizaron 390 casos de violaciones a la libertad de expresión.
Cuadro 1. Casos por año
La ocurrencia de casos mantuvo un comportamiento lineal durante todo el año, salvo en el mes de noviembre, cuando se registraron 49 situaciones. Este incremento estuvo motivado, principalmente, por las violaciones a la libertad de expresión ocurridas en el marco del proceso electoral del 21 de noviembre, ante la renovación de las alcaldías y las gobernaciones a escala nacional. Durante la mencionada jornada, se contabilizaron no menos de 27 casos y 57 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión, siendo así uno de los procesos electorales con más incidencias durante los últimos años.
Febrero (20), abril (21) y mayo (24) completan la lista de los meses con mayor número de casos, mientras que diciembre (11) se ubicó como el mes en que se registró el menor número de incidencias.
En el último año, del total de casos registrados se derivaron al menos 461 denuncias de violaciones, lo que representa una disminución del 52 % con relación al número de violaciones registradas durante el año anterior. Esta cifra constituye el número de violaciones más bajo documentado en los últimos cinco años.
Impedimentos de cobertura y difusión
Las intimidaciones fueron las incidencias más recurrentes, comprendieron 161 (34 %) del total de violaciones registradas. Los/as periodistas y reporteros/as fueron quienes más se vieron afectados por esta situación, constituyeron 70 % de las víctimas de intimidación. Los impedimentos de cobertura a equipos reporteriles por parte de funcionarios públicos y efectivos de seguridad fueron una constante y se ubicaron nuevamente como las restricciones más frecuentes. La mayoría de estas situaciones se suscitaron en medio de la cobertura de protestas ciudadanas, estaciones de servicio y centros de salud.
- El 24 de mayo, un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) intimidó a los periodistas Edwin Prieto de Todos Ahora, y a Madelyn Palmar de Unión Radio, cuando intentaban cubrir una protesta del movimiento estudiantil en la avenida La Limpia. Durante el hecho, un funcionario impidió a ambos reporteros que hicieran la cobertura y amenazó a Prieto con quitarle sus equipos si continuaba grabando. «¿Tú quieres que yo te retenga los equipos esos? Te estoy diciendo que dejes de grabar porque estás alborotando la cosa», le espetó el efectivo, a lo que Prieto le respondió: «¡No puedo dejar de grabar porque estoy haciendo mi trabajo. Yo no soy el de la protesta, soy un periodista que solo está cubriendo la noticia, la información. Más nada», dijo.
- El corresponsal de Caraota Digital, Miguel Da Silva, fue hostigado verbalmente, amenazado e intimidado por la directora del Hospital Pérez de León, Zayra Medina, mientras realizaba unas entrevistas en el centro de salud. Da Silva estaba en el sitio para tomar testimonios a los familiares de una persona que había sido arrollada junto con otras personas dos días antes en la avenida Sucre de Catia, tras ser impactadas por un exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalística. «Al llegar al Hospital Pérez de León, la puerta estaba abierta, entré y ubiqué a los familiares de Keiber, mientras conversaba con ellos llegó la directora del hospital, quien en una actitud hostil y violenta me comentó que no podía grabar, que yo era un amarillista, que yo no podía estar en el hospital; me amenazó con llamar a una fiscal, me dijo que yo podía estar detenido, en reiteradas oportunidades», declaró Miguel Da Silva en entrevista a Espacio Público. Medina le negó la oportunidad de retirarse del hospital y le ordenó al personal de vigilancia que lo mantuviera encerrado en donde se encontraba, esto a pesar de que Da Silva mostró su deseo de irse del lugar: «Después de unos minutos, conversé con ella más calmada y me dijo que me podía ir, pero que para la próxima yo necesitaba un permiso para grabar en un ente público porque fui a invadir a una instancia del Estado», detalló el periodista.
- En medio del proceso electoral del 21 de noviembre, funcionarios del Plan República le impidieron al equipo de Palpitar Trujillano, integrado por Oranyelis Vargas, Romina Uzcategui, Martha Moreno y José Barrueta, grabar en las afueras del centro de votación Liceo Bolivariano Ignacio Carrasquero, ubicado en el estado Trujillo.
En el 2021, al menos 35 personas fueron detenidas por buscar, recibir o difundir información, lo cual representa una disminución en el número de detenciones del 68 %, con relación al 2020. Del total de personas detenidas, periodistas (37 %), particulares (25 %) y miembros de ONG (17 %), fueron los más afectados. Diez de las detenciones fueron por la difusión de información o contenidos en línea; al menos tres estuvieron vinculadas a Whatsapp y dos a TikTok.
- El 28 de febrero, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a José Pérez por la publicación de un video en la red social TikTok. En el material visual, el tiktoker cuestionó los privilegios de la hija del cantante Omar Enrique y los nexos de este con el chavismo. Pérez fue contactado vía telefónica por la esposa del cantante, María Buitrago, quien, además de comentarle su molestia, lo amenazó con que «estará manchadito de rojo». A pesar de que Pérez se disculpó con la familia y retiró el video, una comisión del cuerpo policial, comandada por el inspector Alberto Dugarte; jefe de delitos informáticos del Cicpc sede Urdaneta, lo detuvo sin una orden judicial. Tras 20 días detenido, el Tribunal dictó medidas cautelares entre las que están: prohibición a Pérez de hablar públicamente sobre su caso, prohibición de salida del país, régimen de presentación cada 15 días.
- El director general de Fundaredes, Javier Tarazona, fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 2 de julio, cuando acudió a la Fiscalía en Coro, estado Falcón, para denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de Polifalcón y otros sujetos sin identificar. Junto con él también están detenidos Rafael Tarazona y Omar García, activistas de Fundaredes, y Jhonny Romero, director del Comité Nacional de Familia Víctimas de Desapariciones Forzadas en las Costas Venezolanas (Mayday Confavidf); este último fue liberado horas después de la detención. En palabras de Tarek Willam Saab, la detención de los activistas se debió a que estos «realizaron acusaciones públicas sin ningún fundamento, que incitan al odio y comprometen gravemente la paz de la República». Durante el 26 de octubre fueron excarcelados Omar de Dios García y Rafael Tarazona, tras permanecer detenidos 117 días.
- La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo al fotógrafo Carlos Germán Debiais García en la urbanización Judibana, municipio Los Taques del estado Falcón, el 12 de noviembre, por sobrevolar un dron que aparentemente rodeó las instalaciones de la refinería Amuay. Luego de su detención allanaron su vivienda y se llevaron varios equipos electrónicos. «A eso de las tres de la tarde fue el último mensaje que recibí, me dijo que estaba en Judibana. Él tenía que buscar a una tía a eso de las 4:00 p. m., nunca llegó. A partir de ahí nos comenzamos a preocupar y empezamos a llamarlo. Y no fue sino hasta las 10 de la noche que llegaron cuatro camionetas del Dgcim, con aproximadamente 20 funcionarios. Ingresaron a la casa y se llevaron computadoras, memorias, herramientas, el celular de mi primo; se llevaron una cantidad de cosas que no nos daba tiempo de ver qué estaban agarrando», declaró Gabriela Galicia, prima del detenido a Espacio Público.
Censuras y restricciones administrativas
A pesar de la disminución del ecosistema de medios de comunicación durante los últimos años, producto de las medidas y políticas arbitrarias, los cierres de medios y las limitaciones de acceso a la información se mantienen. Del total de violaciones, la censura sumó al menos 144 registros (31 %), mientras que se contabilizaron 51 restricciones administrativas (11 %). Durante el 2021, se registró el cierre de 9 emisoras de radio, 1 medio digital y 1 medio impreso. Con esta cifra suman 292 medios cerrados desde el 2004. Algunos se destacan a continuación:
- El 8 de enero, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) realizaron un operativo en las sedes de Venezolanos por la Información (VPI TV), en Caracas. Aproximadamente 13 funcionarios de ambos entes visitaron la sede del medio, ubicada en la urbanización Los Dos Caminos, y luego acudieron a La Florida. Durante ambas visitas mantuvieron detenidos a los trabajadores que se encontraban en el lugar. «Sin presentar orden por escrito, están inspeccionando las instalaciones, interrogando al personal, solicitando documentos e información operativa y administrativa. Incluso solicitaron claves de los procesos de transmisión y además revisaron correos electrónicos relacionados con la operación de VPITV», explicaron en un comunicado. Luego de realizar un inventario, los funcionarios cargaron con equipos de transmisión, cámaras, computadoras y otros implementos necesarios para continuar con la labor informativa.
- Funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones se presentaron en las instalaciones de la emisora Radio Selecta 102.7 FM en la ciudad de Machiques, estado Zulia, el 5 de marzo, y confiscaron los equipos de transmisión, dejando la emisora fuera del aire. Conatel cargó con dos computadoras, tres micrófonos AT 2020, un procesador de sonido y un transmisor de la estación que tenía 13 años de labor ininterrumpida. Este hecho ocurrió una semana después de que Radio Selecta fuese atacada por un grupo de indígenas Yukpas, presuntamente, bajo la orden de la alcaldesa Betty de Zuleta, cuando se llevaba a cabo una entrevista a los dirigentes políticos Juan Pablo Guanipa, Avilio Troconiz y Julio Montoya.
Dentro de estas violaciones se ubican las limitaciones generadas por las constantes fallas del servicio eléctrico y de internet. En tal sentido, documentamos al menos 30 violaciones al derecho, lo cual da cuenta del estado de los servicios públicos en el país, producto de la desinversión y las carencias de infraestructura.
- Fallas eléctricas dejaron fuera del aire, durante 40 minutos, a más de 30 emisoras del estado Mérida el 4 de junio, por lo que los pobladores estuvieron sin acceso a la transmisión habitual de su programación.
- El 4 de octubre el observatorio de Internet, Ve Sin Filtro, informó que el estado Apure estuvo sin acceso a la red por un apagón en la región. La conexión en la entidad se ubicó en 19 % de sus valores habituales. Del mismo modo, los estados Nueva Esparta y Táchira se vieron afectados, cuyos valores de conectividad cayeron al 35 % y 65 % respectivamente.
Víctimas y victimarios
Al igual que en periodos anteriores, las principales víctimas de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela fueron los/as periodistas y reporteros/as, quienes alcanzaron un total de 131 (44 %) registros. En segundo lugar se ubican los medios de comunicación con 64 víctimas (21 %), seguidos por la ciudadanía en general, quienes fueron víctimas en al menos 31 ocasiones (10 %). Con respecto al género de las víctimas, 69 % de estas fueron masculinas, mientras 31 % restante corresponde al femenino.
En el caso de las violaciones hacia periodistas, en su mayoría estuvieron basadas en impedimentos de coberturas o prohibición de acceso a recintos como centros de votación, hospitales y estaciones de servicio. Sin embargo, también fueron víctimas de hostigamientos verbales de parte de funcionarios del Estado y amenazas de miembros de cuerpos de seguridad.
- El concejal del municipio Carrizal, Yenderth Alcalá, ordenó a la Policía de Carrizal que sacara al reportero gráfico de El Liberal Post y El Tequeño, Orlando Montlouis, de las inmediaciones del ambulatorio Carmen Rendiles porque estaba grabando una jornada de vacunación del municipio Carrizal, estado Miranda. «No me hicieron borrar nada, no me revisaron el teléfono; solo lo que tenía en la cámara y después de un rato que estuvieron conversando conmigo, me soltaron. Yo seguí documentando todo el proceso, pero tenía la vigilancia encima», detalló Montlouis a Espacio Público.
- Efectivos de seguridad intimidaron a la periodista de Impacto Venezuela, Mildred Manrique, en su residencia ubicada en la urbanización Altamira, Caracas. Los funcionarios tocaron la puerta de su casa sin una orden de allanamiento. «Estoy dentro de mi casa con mi mamá y mi hermana de condición especial. Los policías después de darle golpes a la puerta de mi casa no les abrí. Hay una unidad con 10 funcionarios a dos edificios del mío», escribió la periodista en su cuenta de Twitter. Tras la denuncia, los funcionarios de seguridad abandonaron el lugar.
- El 21 de noviembre, la coordinadora del centro de votación Federico Carmona mantuvo a 50 metros del recinto a los periodistas de los medios Promar, Somos, Latina, El Impulso, El Informador, La Prensa, Crónica.Uno, Venezolanos por la Información, El Pitazo, Televen y TV Venezuela. Esto evitó que accedieran al lugar, captaran material audiovisual y entrevistaran a las personas presentes. La corresponsal de Crónica.Uno del estado Lara, Yelitza Figueroa, explicó a Espacio Público: «No nos permitieron el acceso a ese centro de votación y la coordinadora nos dijo que teníamos un perímetro de 50 metros de la puerta del centro de votación para poder trabajar, lo cual es ilógico, el Plan República nos había dicho que sí teníamos el permiso».
Los cuerpos de seguridad y las instituciones del Estado fueron los principales victimarios, siendo responsables de al menos 85 casos, cada uno, respectivamente. Con relación a los cuerpos de seguridad, los organismos que acumulan mayor cantidad de casos son la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 37 y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 8 casos cada uno.
En cuanto a las Instituciones del Estado, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) fue responsable de 18 casos, al igual que la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv). Mientras que en el tercer lugar se ubica la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), con 15 casos.
Al menos 42 % de los casos registrados durante el 2021 ocurrieron en internet, comprendieron así, no solo los bloqueos y restricciones impuestas a medios y plataformas digitales por instituciones como la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), sino también las fallas del servicio eléctrico y de internet; a esto se suman las amenazas de funcionarios del Estado hacia periodistas y medios a través de redes sociales y las detenciones por la difusión de opiniones o informaciones en línea.
En el plano geográfico, la región con más casos fue el Distrito Capital. El volumen de situaciones registradas en esta entidad responde, entre otras cosas, a que esta es la sede de los Poderes Públicos, y gran parte de la agenda noticiosa se desarrolla en la ciudad capital, lo que trae consigo restricciones y limitaciones al ejercicio de la labor periodística por parte de cuerpos de seguridad, instituciones y funcionarios. La lista la complementan los estados Mérida, Miranda, Bolívar y Lara.
Marco teórico metodológico
El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron las siguientes variables: área geográfica; género de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías definidas anteriormente. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional.
A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma, en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.
