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(Venezuela, 26 de mayo 2021) El 25 de mayo de 2021 se cumplieron dos meses desde que el 25 de marzo fueron perpetradas 5 ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en contra de 5 venezolanos inocentes, señalándolos de ser “guerrilleros”.

Las víctimas de esta masacre responden al nombre de: Luz Dey Remolina; Emilio Ramírez; Ehiner Yafran Anzola Villamizar; Jeferson Uriel Ramírez y Julio Cesar Jiménez. Los primeros cuatro integran un núcleo familiar y el ultimo se dedicaba al oficio de panadería, conforme a los relatos de su madre, quien hasta la presente fecha no le han permitido el acta de defunción de su hijo, incluso sólo pudo ver el cuerpo a través de fotografías en redes sociales. 

Las 5 víctimas fueron llevadas con vida del barrio 5 de julio, La Victoria, estado Apure y aparecieron en El Ripial, sin signos vitales. Varios testigos, tanto vecinos como familiares, aseguran que se trató de un falso positivo en el cual se asesinó a personas inocentes para aparentar eficiencia en el conflicto armado contra grupos armados irregulares que viene registrándose desde el 21 de marzo de 2021. 

Esta masacre se asemeja a la de El Amparo, registrada el 29 de octubre de 1988 cuando 14 pescadores fueron asesinados con el mismo propósito de aparentar una acción militar exitosa contra la subversión. 

Al día siguiente del atroz hecho condenable en El Ripial, el Fiscal General de la República -impuesto por la extinta Asamblea Constituyente- Tarek William Saab, anunció el envío de una Comisión del Ministerio Público para investigar la masacre de La Victoria – El Ripial en el estado Apure, luego de una amplia denuncia realizada por familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos como FundaRedes, Fundación El Amparo y PROVEA. 

En ese momento indicó a través de su cuenta de twitter que “En aras de esclarecer los hechos ocurridos en El Ripial (Apure) hemos enviado este #26Mar una comisión conjunta de la Dir. Gral. de Protección de DDHH y la Unidad Criminalística del @MinpublicoVE a practicar las diligencias y experticias de investigación pertinentes” “Los 12 expertos @MinpublicoVE enviados realizarán inspecciones técnicas en los sitios del suceso, experticias planimétricas, experticias de trayectoria balística, protocolos de autopsia, entre otras necesarias para establecer posibles acciones violatorias a los DDHH” 

A la fecha no hay ninguna información pública sobre el resultado del trabajo de esta dicha comisión. Un silencio absoluto que genera dudas sobre la voluntad de investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Apure. 

Además de la ejecución de las 5 personas, perpetrada por presuntos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, se han procesado denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzosos y allanamientos arbitrarios. Violaciones que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. 

La falta de investigación genera condiciones favorables para que las poblaciones de los estados fronterizos continúen sometidas a abusos en sus derechos y otras arbitrariedades. Además, dificulta el regreso de miles de personas que huyeron hacia territorio colombiano por no tener garantías de su libertad, integridad física y vida. 

Consideramos fundamental que, 

PRIMERO: La cadena de mando de las operaciones realizadas por la fuerza pública venezolana sea investigada por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas. Le recordamos al Fiscal que dicha cadena de mando está integrada por Nicolás Maduro, el general en jefe Vladimir Padrino López, el general de brigada José Rojas Abreu, el almirante en jefe Remigio Ceballos, el general de brigada Tito Armando Gómez Ávila, general José Rafael Silva Aponte jefe de la Región Estratégica de Desarrollo Integral (Redi) y Robinson José Vera Cumare general de división de la Zona Operativa de Defensa Integral 31 quien a pesar de haber sido removido de dicho cargo fue parte de la cadena de mando en el momento que se produjeron graves violaciones a los derechos humanos. 

SEGUNDO: Igualmente debe investigarse la cadena de mando de las Faes y su presencia en el lugar. 

TERCERO: Emplazamos a Tarek William Saab a que cumpla con sus anuncios de “investigación pertinente”, informe al país sobre los resultados y dé los pasos necesarios para que esas graves violaciones a los derechos humanos no queden impunes.

El lamentable silencio hasta ahora mantenido por quien dirige el Ministerio Público justifica aún más las investigaciones que adelanta la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela en los últimos años. La no actuación del sistema de justicia en el país, impone la necesaria actuación de las instancias y mecanismos internacionales.

Seguiremos documentando y trabajando para que los responsables rindan cuentas por sus actos y las víctimas de abusos y familiares de las personas asesinadas logren justicia. 

FundaRedes

Fundación El Amparo

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) 

Descargue el comunicado AQUÍ

COM-DEF-Masacre-de-El-Ripial-dos-meses-de-silencio-DEFINITIVA