Nosotros, José Gregorio y Elvira Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete Llovera, recordamos con amor a nuestro hijo, quien fue asesinado el 26 de abril del 2017 en Altamira, Caracas-Venezuela, cuando un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana le disparó una bomba lacrimógena directamente a su pecho, a una distancia menor de 30 metros, lo que le produjo la muerte por shock cardiogénico y traumatismo cerrado de tórax.
Juan Pablo era un joven soñador, atleta de alta competencia, inteligente, hijo y hermano amoroso, buen amigo, compañero y ser humano, que creía en los derechos de todas las personas. Además, se dedicaba a rescatar animales, a los cuales amaba profundamente.
Ese fatídico 26 de abril, salió como otros días, a luchar por sus ideales y por un mejor país en el que él, su hermana Gaby y nosotros pudiéramos vivir sin miedo a la inseguridad y con acceso a los medicamentos y alimentos que garantizaran nuestras vidas. Nuestro hijo estaba ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión, de reunión y manifestación, todos reconocidos en pactos y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y en nuestra Constitución y por ello, el Estado lo privó de su vida.
Nuestro hijo no murió como consecuencia de una acción aislada que un funcionario de la Guardia Nacional haya ejecutado. Nuestro hijo fue víctima del Plan Guaicaipuro y del Plan Zamora, este último, activado directamente por Nicolás Maduro el 18 de abril de 2017.
Fue víctima del uso sistemático y generalizado de la fuerza de manera excesiva y no diferenciada en el control del orden público, como herramienta para ejecutar la política de “silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno del Presidente Maduro”, que atentó contra personas que, “a través de diversos medios, demostraron su desacuerdo con el Gobierno o fueron percibidas como contrarias a él”, tal como lo estableció la Misión Internacional Independiente de la Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de Naciones Unidas.
Han sido cuatro años muy duros. Nos hemos enfrentado a un Estado que desde el inicio no solo pretendió ocultar la verdad sino que no satisfecho con la muerte física de Juan Pablo, también buscó su asesinato moral, inventando historias contra él y algunos de sus compañeros de lucha.
No han respetado nuestro dolor, ni nuestra condición de víctimas, pues nos han sometido a expectativas de justicia como la que tuvimos tras las declaraciones de Luisa Ortega Díaz el 24 de mayo de 2017, en la que dejaba claro que el resultado técnico de la investigación adelantada por el Ministerio Público era que nuestro hijo había sido asesinado por un guardia y que en pocos días nos indicarían quién había sido el responsable.
Hoy, 4 años después, seguimos esperando que sean juzgados y condenados, no sólo quien accionó la carabina Narinco Narg 38 con la que dispararon la bomba lacrimógena NF01 38MM que mató a Juan Pablo, sino también a quienes idearon y ordenaron la ejecución de las políticas antes señaladas, es decir, el autor material y los máximos responsables en la cadena de mando.
Hemos tenido quince fiscales encargados de la causa, algunos con más o menos interés, donde incluso una de estas funcionarias públicas se refirió, peyorativamente, a nuestro hijo como “guarimbero”. Ninguno ha buscado hacer justicia. Nuestra revictimización es evidente. Recientemente, el Fiscal 62°, actuando con la anuencia, según su propio dicho, de quien dirige la Dirección General de Protección de Derechos Humanos y de Tareck William Saab, imputó a nueve Guardias Nacionales por el delito de homicidio preterintencional en grado de responsabilidad correspectiva.
Para él, es un gran logro obtenido por su dedicación al caso, para nosotros, lejos de ser un avance, constituye o bien una burla con la que pretenden engañar al mundo o el resultado de una negligente investigación.
A Juan Pablo le dispararon de manera directa al pecho. Ello se desprende de los múltiples elementos que cursan en el expediente: el dicho de testigos; videos recogidos; la herida de impacto en su pecho así como de diversas experticias, de las cuales también se evidencia que la distancia no era mayor a 30 metros, lo que permitió que la bomba lacrimógena actuara como un proyectil, sin bascular, tal y como nos lo han asegurado numerosos expertos.
Adicionalmente, es importante destacar que el manual de uso de dichas bombas expresamente indica que las mismas no pueden ser disparadas de manera directa contra las personas, toda vez que ello puede resultar letal.
De acuerdo a sus características, la carabina usada es como una escopeta que posee una mira que permite apuntar. Es decir, el Guardia Nacional sabía que no debía disparar en la forma en que lo hizo porque podía causar la muerte y aún así, apuntó y disparó al pecho de Juan Pablo, la zona más amplia del cuerpo humano y también letal por la ubicación del corazón, por lo que no tenemos ninguna duda de que el oficial actuó de manera intencional para causarle la muerte.
Por otro lado, la calificación del Ministerio Público nos genera una preocupación adicional: ¿No seguirá realizando experticias que permitan individualizar al guardia que disparó? Porque al hablar de complicidad correspectiva, pretendiendo utilizar esa calificación de manera incorrecta ya que a Juan Pablo no lo mató un tumulto, lo mató un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana siguiendo lo establecido en los ya nombrados planes, parece que el Ministerio Público sugiere que no lo puede individualizar por lo que imputa a varios de ellos sin saber quién es el verdadero responsable.
Hemos solicitado la práctica de diversas diligencias con la idea de lograr dicha individualización pero se ha hecho caso omiso a nuestros pedimentos. En paralelo, siguen sin imputar siquiera a la cadena de mando inmediata, por lo que insisten en viciar la justicia de todas las formas posibles.
La privación arbitraria de la vida de Juan Pablo fue reconocida por la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos de Naciones Unidas y ha sido expuesta por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Calificar jurídicamente los hechos, de la manera en que pretenden hacerlo, manda un mensaje claro de que los abusos, la represión y la muerte pueden continuar sin consecuencias reales y efectivas.
Señores del Estado, cesen en su actuación por ocultar la verdad. Cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, investiguen, juzguen y condenen a los responsables por los hechos que cometieron y no por hechos que ustedes han ideado para decir que se sigue un proceso penal cuando en realidad están procurando garantizar la impunidad.
Tal vez, la justicia en el orden interno se nos ha hecho esquiva pero confiamos en las instancias internacionales. Hemos ido, e iremos, a todos aquellos espacios que nos puedan ayudar a evidenciar la verdad y a responsabilizar al Estado por las violaciones de derechos humanos de las que hemos sido víctimas. Todos los que han violado nuestros derechos humanos son responsables por ello y la justicia los perseguirá siempre y en cualquier lugar, porque los delitos asociados a estas violaciones y a los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y en ese sentido, la responsabilidad es individual.
Han sido cuatro años muy duros pero aquí seguimos firmes, guiados por el ejemplo de nuestro hijo, luchando por su justicia y la de otras tantas personas que han sido víctimas de violación a sus derechos humanos. Creemos en Dios y en la fuerza, que junto a nuestros ángeles, nos dan para seguir adelante a pesar de las intimidaciones de las que hemos sido víctimas. Seguiremos hasta alcanzar la justicia porque nuestro hijo nos enseñó que unas veces se gana y otras se pierde pero hoy, nosotros no estamos dispuestos a perder.
Te amamos Juan Pablo.
