Javier Tarazona, profesor universitario y director de la ONG FundaRedes, cumplió este lunes 500 días de injusta detención.
El activista fue detenido el pasado 02 de julio del 2021, junto a los también defensores de derechos humanos, Rafael Tarazona, Omar de Dios García y Yhonny Romero, director del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela (Mayday Confavifdt), quienes fueron puestos en libertad posteriormente.
Antes de su ilegal detención, Tarazona había denunciado constantemente actos de persecución, amenazas y hostigamiento en su contra, a miembros de su familia y a su equipo de trabajo.
El 18 de junio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), decidió otorgar medidas cautelares de protección a favor del activista y su familia, al considerar que se encontraban en una situación de urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos, debido a las amenazas e intimidaciones por su labor como director de FundaRedes.
Pese a ello, el 02 de julio de 2020, luego de realizar actividades de formación en Derechos Humanos durante el día 01 de julio de 2020 -y acudir a la sede del Ministerio Público de la ciudad de Coro, en el estado Falcón, a denunciar los constantes actos de hostigamiento en su contra-, Tarazona fue arbitrariamente detenido y desaparecido por varias horas.
Juicio viciado
Durante una rueda de prensa realizada este lunes en la sede de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), para exigir la libertad del defensor, Clara Ramírez, directora encargada de la ONG, recordó que la detención y el proceso judicial seguido contra Javier Tarazona, han estado apartados completamente de la legalidad y el derecho al debido proceso.
“Cuando por 12° vez (Javier Tarazona) estaba denunciando actos de hostigamiento y amenaza en su contra, por funcionarios del SEBIN y FAES, le abordaron de manera violenta la mañana del 02 de julio, cuando se encontraba en la sede del Ministerio Público de Falcón como parte de un conjunto de actividades propias de la defensa de los derechos humanos”, aseguró Ramírez.
«Durante estos 500 días de detención arbitraria de Javier Tarazona, se ha visto envuelto en un juicio totalmente viciado, donde no se le ha garantizado el derecho a la defensa, al debido proceso y donde hoy se encuentra en un limbo, porque su juicio oral y público está interrumpido, y que, por esta misma interrupción, deberá iniciarse nuevamente, dejando una inestabilidad no solo en su proceso judicial, sino en su estado emocional”, dijo.
Medidas de protección ampliadas
El pasado 30 de octubre de 2022, la CIDH adoptó una resolución mediante la cual modificó las medidas de protección otorgadas en 2020 a favor de Javier Tarazona, toda vez que el activista pasó de una situación de amenazas para su integridad, a un escenario de privación ilegítima de su libertad y serios riesgos para su salud, a consecuencia de su prolongada detención.
En una nota de prensa divulgada el pasado viernes, el órgano instó al Estado venezolano a adoptar «[…] las medidas necesarias para proteger los derechos a la salud, integridad personal y vida del señor José Javier Tarazona Sánchez» y «Garantizar el acceso a atención y tratamiento médico de las enfermedades y padecimientos del beneficiario para asegurar su acceso al más alto nivel de salud posible».
Asimismo, la CIDH solicitó al Estado «que realice una investigación con debida diligencia sobre los alegatos de hechos de tortura y malos tratos o tratos inhumanos o degradantes que podrían haber tenido lugar por parte de agentes estatales en contra del beneficiario, así como de cualquier otra cuestión que pudiera constituir un delito ante la legislación interna», y manifestó su voluntad de realizar una visita al país para constatar las condiciones de reclusión de Tarazona.
“Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una modificación a sus medidas cautelares, incluso señalando que están dispuestos a realizar una visita in loco a Venezuela para verificar su estado de salud y la condición de Javier Tarazona dentro del Helicoide”, destacó Clara Ramírez durante la conferencia de prensa de este lunes.
Por su parte, Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, recordó las constantes violaciones al debido proceso y el retardo procesal que caracteriza al sistema de administración de justicia, y el impacto que estas irregularidades generan en casos como el de Roland Carreño, Javier Tarazona y la gran mayoría de la población privada de libertad en el país.
Atentado a la libertad académica
Gregorio Afonso, presidente de la APUCV, calificó la detención de Javier Tarazona como un «atentado a la libertad académica».
“Javier Tarazona está preso por opinar, sus distintas opiniones se derivan de su acción profesional y académica, en la que investiga sobre realidades efectuando consideraciones críticas a la política del Estado, su detención es un acoso a quienes emitimos opiniones en relación a las políticas que el gobierno ejecuta”, subrayó Afonso.
Gregorio Afonso, recordó que Javier Tarazona es profesor universitario de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en el estado Táchira y que, a la par de su labor como defensor de Derechos Humanos, también desarrolla labores de investigación y enseñanza en el campo de la academia.
“Los académicos reivindicamos en todos los espacios que opinar no es un delito, puesto que buena parte de lo que decimos se desprende de investigaciones, y que nuestra función no es solo formar profesionales, sino brindar solución y esclarecer los grandes problemas nacionales, esto hace Javier Tarazona a través de FundaRedes y sus cátedras universitarias”, afirmó.
Prensa Provea
