Conexión incierta | Informe anual Derechos Digitales IPYSVe 2018 │ PROVEA

En el Día Mundial de Internet, IPYS Venezuela presenta su segundo Informe Anual de Derechos Digitales en Venezuela

La libertad de expresión en Internet se enfrentó a mayores desafíos durante el 2018. En este período destacaron las fallas en la conectividad por daños a la infraestructura de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, los ataques y bloqueos a diversos portales de medios digitales y organizaciones de la sociedad civil, amenazas a periodistas, la aplicación de normativas restrictivas y detenciones arbitrarias por la opinión de ciudadanos en las redes sociales, así como la ejecución de estructuras oficiales que avalan la vigilancia y el seguimiento bajo esquemas policiales y militares en internet.

Los estándares internacionales establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que deberían garantizar un Internet abierto, libre y democrático, se vieron vulnerados en Venezuela cuando ocurrieron 72 violaciones de las seis categorías fundamentales para el ejercicio de los derechos digitales de los ciudadanos. En los doce meses de 2018 fueron recurrentes las incidencias por restricciones de acceso a internet (26), ataques (22), restricciones a la expresión (11), bloqueos (8), restricciones normativas (4) y limitaciones a la privacidad (1), de acuerdo con los datos que documentó el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela a través de su sistema de monitoreo de libertad de expresión en la red.

1. Navegación sin garantías

Incierta. Así estuvo la conectividad a internet en Venezuela a lo largo de 2018. Un año en el que aumentaron las denuncias por fallas de acceso a internet. Los ciudadanos experimentaron dificultades para acceder a internet y episodios de desconexión desde los servicios fijos y móviles, tanto privados como estatales.

Ese año, IPYS Venezuela registró 26 incidentes masivos que afectaron el acceso a internet en el país que, según las denuncias recibidas, fueron recurrentes por lo menos en 12 estados del país. Estos datos reflejan que tres de cada 10 violaciones a los derechos digitales en Venezuela ocurrieron por interferencias para navegar en internet, debido a que estos incidentes acumularon 36% de los 72 casos totales de restricciones a la libertad de expresión en internet, según los registros de enero a diciembre de 2018 del sistema de monitoreo de derechos digitales de esta organización. Esta cifra muestra un aumento en las precariedades para el acceso a internet, pues en 2017 las fallas de conexión y navegación representaron 18% en los 50 casos registrados ese año.

En la cola de la región

Las restricciones de acceso a internet fueron multifactoriales, según los reportes de IPYS Venezuela, y estuvieron relacionadas a fallas de la infraestructura, de la calidad del servicio, por factores de gestión, cortes, robos y daños a la infraestructura y los equipos de conexión tanto domésticas como de los sistemas que sirven de transporte de la red. También, hubo incidencias por apagones eléctricos que afectaron a varios estados del país, lo cual provocó la suspensión de los servicios de telecomunicaciones en entidades específicas y otras veces se extendía a regiones completas del país.

Esto ocurrió a lo largo de 2018, cuando la conectividad en Venezuela tuvo un promedio de 1,8 megabit por segundo (mbps), según las bases de datos que maneja M-LAB, que es el laboratorio de mediciones abiertas de internet en alianza con IPYS Venezuela. Para estos resultados se tomaron en cuenta 42 mil pruebas realizadas a lo largo del año que sirvieron para testear la velocidad de descarga, que sustenta a este indicador.

Ese número supuso un estancamiento de la velocidad de conexión en la Banda Ancha Fija, que son las conexiones domésticas, si se compara con los datos de 2017, cuando el promedio de navegación fija fue el mismo, según datos de Akamai, una empresa privada que levanta estadísticas sobre el comportamiento de internet.

Los datos de Akamai reflejan una caída de la velocidad con respecto al año 2016, cuando el país tuvo un promedio anual de 1,9 mbps. Estas cifras destacan a Venezuela como el segundo país con la velocidad de conexión más pobre de América Latina a nivel de Banda Ancha Fija. Según la base de datos de Akamai, Venezuela solo superaba a Paraguay, que en 2017 cerró con un promedio de 1,4 mbps.

Los datos de IPYS Venezuela, M-LAB y Akamai, indicaron que la velocidad promedio de conectividad fija en Venezuela para el cierre de 2018 fue cinco veces inferior a la que disfrutaba Chile durante 2017. Ese país tenía, para ese momento, el mejor desempeño de velocidad con 9,3 mbps. Los otros cuatro países con mayor rapidez en las redes fijas eran México (7,3), Brasil (6,8), Argentina (6,3) y Perú (6,3).

Las brechas para Venezuela fueron mayores en la navegación móvil. En 2018, dos décimas fue lo que varió la navegación móvil con respecto a la red fija. El país experimentó una navegación promedio de 2 mbps, desde los servicios móviles privados y estatales que están gestionados solo por cuatro teleoperadoras. Esta cifra de navegación es muy baja a pesar de que este sector tiene una potencialidad mayor de conectividad por sus capacidades tecnológicas.

El desempeño de la navegación móvil en Venezuela ha ido decreciendo. Akamai reportó en su último informe de 2017, que este país tenía un promedio de Banda Ancha Móvil (BAM) de 2,8 mbps. Para ese entonces, ya era el último de la región, pues las velocidades promedios de los vecinos estaban entre cinco y ocho. Perú tenía la velocidad estimada más alta con 8,3, le seguían México (7,8), Paraguay (7,5), Chile (7,2), Colombia, (6,7), Brasil (5,2) y Argentina (5,1).

Fallas generalizadas

Mientras la mayoría de los países de América Latina ofrecen mejores condiciones de velocidad de conexión, el acceso a internet en Venezuela estuvo marcado por fallas generalizadas en todo el país pero fueron aún más intensas en 12 estados, entre ellos Aragua, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Lara, Mérida, Monagas, Sucre, Táchira, Zulia, el Área Metropolitana de Caracas y otras zonas del estado Miranda. Además, IPYS Venezuela reportó cuatro episodios de fallas masivas de internet que afectaron a todo el territorio nacional.

Las precariedades se concentraron en cinco estados que tuvieron promedios de conexión tanto fija como móvil, por debajo de un megabit por segundo. El estado con el servicio más lento fue Cojedes con un estimado de 0,69 mbps. Este indicador estuvo cerca del 0,257 mbps, que es límite mínimo para considerar a una conexión como de Banda Ancha, según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe.

También fue crítica la velocidad en Mérida (0,70), Táchira (0,73) y Trujillo (0,87), entidades que componen el eje andino. En esta zona se prolongaron los episodios de desconexión, en varios momentos del año, por daños en la infraestructura y por fallas generalizadas en los servicios públicos.

Otros 15 estados experimentaron promedios de conexión entre 1 y 1,7 mbps. Entre ellos: Vargas, Anzoátegui, Aragua, Guárico, Carabobo, Falcón, Apure, Lara, Nueva Esparta, Portuguesa, Bolívar, Monagas, Barinas, Sucre, Amazonas y Delta Amacuro.

Fue excepcional la velocidad de navegación del Área Metropolitana y zonas de Miranda, con 2,2 mbps. Destacó que Zulia tuvo un desempeño de 2,62 mbps, y a pesar de que este estado tuvo el mejor promedio estadal, fue la entidad con mayores padecimientos en la navegación pues las fallas fueron recurrentes y de mayor magnitud a partir de agosto de 2018, por deficiencias generalizadas del sistema eléctrico que afectaron todos los sistemas de telecomunicaciones de la entidad.

Estas dificultades se mantuvieron e incluso se hicieron más agudas en el primer cuatrimestre de 2019, cuando las deficiencias en los servicios de telecomunicaciones se convirtieron en parte de la normalidad de los ciudadanos, no solo por las fallas de acceso y de infraestructura en los servicios de internet sino por el impacto de las fallas eléctricas que han afectado a casi todo el territorio nacional. Los fenómenos de incomunicación fueron intensos, sobretodo en marzo de este 2019, cuando se registraron apagones eléctricos que se extendieron por largos lapsos de horas, y dejaron desconectados a 97% a los usuarios de internet en algunos momentos, según los datos de Netblocks, una organización internacional que monitorea las condiciones de conectividad.

Estos fenómenos afectan el principio de acceso a internet, que está establecido en los estándares internacionales de derechos digitales, y que supone redes de calidad, abiertas, sin interferencias e incluyentes para todos los ciudadanos. Las fallas generalizadas de comunicación en la red, también ponen en riesgo el cumplimiento por parte del país de los compromisos establecidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2015-2030, impulsada por Naciones Unidas.

Los datos de 2018 reflejan que Venezuela no pudo garantizar un acceso universal a internet de todos sus ciudadanos y asegurar acceso a la cobertura fija y móvil, tal como lo establece la agenda de Naciones Unidas. Sigue siendo urgente que el estado tome en cuenta, también, el llamado de la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la OEA, que ha establecido como una prioridad para los estados “Promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute universal y efectivo del derecho a la libertad de expresión”.

2. Internet suprimido

No solo los episodios de incomunicación y deficiencias para acceder a internet marcaron la agenda de 2018 en materia de derechos digitales. La mayoría de las incidencias que afectaron las libertades en red de los venezolanos se registraron durante los primeros seis meses del año. Este período coincidió con los conflictos sociales que se generaron por la agudización de la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país -según lo han declarado instancias de Naciones Unidas- caracterizada por las fallas en el sistema de salud, la carencia de alimentos y medicinas, así como la falta de servicios básicos y de transporte público. A diferencia del 2017, cuando las manifestaciones ciudadanas fueron en su mayoría de carácter político, en el 2018 las necesidades de la población venezolana fueron el núcleo de las acciones de calle que se desarrollaron en todo el territorio nacional.

En este lapso de tiempo, también, ocurrió el llamado a elecciones presidenciales a solicitud de la Asamblea Nacional Constituyente y el Poder Electoral, que el 20 de mayo de 2018 devino en la posterior reelección de Nicolás Maduro como Presidente de la República para el nuevo periodo gubernamental 2019-2025, el cual careció de legitimidad y no fue reconocido por más de 50 países.

En este escenario, 37 de los 72 casos registrados en el sistema de monitoreo de IPYS Venezuela ocurrieron entre enero y junio de 2018. Por lo que la cobertura periodística y la expresión en internet sobre estas manifestaciones públicas y decisiones gubernamentales transcurrieron en condiciones de escasez informativa, en un contexto en el que además el gobierno contó con una plataforma mediática utilizada con fines proselitistas, mientras los medios independientes y críticos fueron censurados, según el monitoreo de IPYS Venezuela. Los meses que acumularon el mayor número de casos en el primer semestre del año fueron enero (6), marzo (11) y junio (6).

Este lapso estuvo marcado por acciones legales y medidas de censura que coartaron la expresión de periodistas y ciudadanos a través de plataformas digitales, limitaciones de acceso a internet por fallas de infraestructura, los hechos de intimidación y ataques en la red y bloqueos a portales de medios de comunicación digitales y de organizaciones no gubernamentales, limitaciones a la privacidad, así como declaraciones agraviantes en las redes sociales por parte de autoridades públicas. También hubo medidas restrictivas para la libertad de expresión que se dieron desde el gobierno nacional por su aplicación de estrategias de regulación de las redes sociales y legalización de bloqueos a portales informativas, las cuales avalan la censura en internet.

En el segundo semestre del 2018 sucedieron 35 de casos de violaciones a los derechos digitales. En estos meses predominaron las fallas de comunicación y conexión, además de los ataques y bloqueos a medios digitales y organizaciones defensoras de derechos humanos. En el total de las vulneraciones registradas en 2018, resultaron afectadas 126 personas, además de los 26 casos en los que la ciudadanía de distintas entidades del país vieron obstaculizado su derecho de acceso a internet por problemas de infraestructura en los servicios de telecomunicaciones privados y estatales. Otras de las víctimas fueron los portales de 15 medios de comunicación y de cuatro organizaciones no gubernamentales.

Expresión a discreción

Las medidas de censura a través de acciones judiciales, el discurso agraviante y la remoción o suspensión arbitraria de contenidos de interés social fueron las formas que encontró el Estado venezolano para restringir los derechos digitales durante el 2018. Fue así que el sistema de monitoreo de IPYS Venezuela contabilizó 11 restricciones a la expresión en internet que afectaron el derecho a emitir opiniones e informaciones sobre asuntos de relevancia para la sociedad venezolana.

Entre los hechos que limitaron la expresión de los ciudadanos a través de la red, destacó el proceso de excarcelación de 39 presos políticos que salieron de diversos centros de reclusión con diferentes medidas judiciales, desde el 1 al 3 de junio de 2018. Esta medida, que fue ordenada por el Presidente de la República junto el respaldo de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente y el Tribunal Supremo de Justicia, estuvo acompañada por una medida de “Prohibición a dar declaraciones a medios de comunicación y redes sociales”, que afecta la libertad de expresión y los derechos digitales.

Esta orden fue considerada como una de las “fórmulas alternativas de cumplimiento de pena” de los detenidos de manera arbitraria que estaban en centros de reclusión de la policía de inteligencia, y otros en cárceles comunes, y que a juicio del poder judicial eran responsables de “distintos hechos violentos ocurridos entre los años 2014 y 2018”, de acuerdo a las afirmaciones que hizo el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

Abogados consultados por esta organización señalaron que la medida de censura no es específica y su implicación es ambigua hasta tanto los tribunales den acceso al expediente de cada uno de los casos de las personas detenidas. A pesar de ello, hay casos concretos en los que las medidas de censura fueron un hecho, como el de Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal, capital del estado Táchira, y dirigente del partido Voluntad Popular, quien fue detenido en marzo de 2014 en el marco de protestas contra el Presidente Nicolás Maduro. Igual ocurrió con el diputado de la Asamblea Nacional, Gilber Caro, también militante de Voluntad Popular, quien estuvo detenido en el Centro Penitenciario Fénix, en el estado Lara, conocido como Uribana.

IPYS Venezuela ha insistido en que este tipo de medidas restringen el derecho a la libertad de expresión e información en torno a los casos de detenciones de presos políticos en el país, lo cual no solo tiene una afectación personal sino para toda la sociedad. Incluso, esta orden va en contra de los estándares tradicionales y de libertad de expresión en internet. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que “los Estados tienen la obligación primaria de mantenerse neutrales frente a los contenidos del discurso, garantizando que no haya personas, grupos, ideas o medios de expresión a priori excluidos del debate público”.

Otra víctima de la arbitrariedad del sistema de justicia venezolano fue Pedro Jaimes Criollo, administrador de la cuenta de Twitter @AereoMeteo, quien fue detenido arbitrariamente por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por difundir información sobre la ruta del avión presidencial rumbo al estado Aragua, el 10 de mayo de 2018. De acuerdo con la información publicada por la organización Espacio Público, Criollo se comunicó con sus familiares y aseguró estar detenido en la sede del Sebin, El Helicoide, en Caracas, y tener una costilla fracturada debido a los tratos crueles que sufrió durante su reclusión.

Criollo fue visto por última vez el 12 de mayo durante la audiencia de presentación en el Tribunal 3° de Control de la ciudad de Los Teques, en el estado Miranda, en la cual se dictaminó su privativa de libertad. El 29 de mayo, Espacio Público había realizado una solicitud formal de hábeas corpus ante el Tribunal 51° de Control del Área Metropolitano de Caracas (AMC), entregada al Fiscal General y al Defensor del Pueblo designados por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para solicitar garantizar la seguridad personal del detenido.

Antes de su detención el usuario de la cuenta @AereoMeteo publicaba mensajes e imágenes sobre información satelital del estado del tiempo en Venezuela y el mundo, así como datos concernientes al servicio de radares aeronáuticos. Aunque Criollo fue detenido por publicar en un tweet la ruta exacta que llevaba el avión presidencial que trasladaba al presidente Nicolás Maduro, no obstante, la divulgación de la información aeronáutica o climatológica no se encuentra supeditada a ninguna restricción de publicación en Venezuela, por lo que esta acción no puede ser catalogada como un acto que atente contra la seguridad de ningún ciudadano.

IPYS Venezuela hace un llamado al cese de las detenciones arbitrarias por emisión de expresiones y opiniones en redes sociales y plataformas digitales, que favorecen el menoscabo de los derechos digitales de los venezolanos. Según la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet de la Organización de Estados Americanos (OEA), la libertad de expresión es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todos los ciudadanos, y un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática y se aplica a internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación.

Censura “contra el odio”

Durante el 2018 las restricciones normativas acumularon cuatro casos de vulneraciones a los derechos digitales. Estas medidas de censura y control de la red se emplearon en su mayoría por autoridades y organismos del Estado, y a través de la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”. Este último instrumento vulnera los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión y los derechos cívicos, y desde el 2017 ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos por contemplar asuntos regresivos en materia normativa de los medios de comunicaciones tradicionales y digitales.

Uno de los tres hechos en los que fue empleada esta normativa en 2018, en detrimento de los principios de una comunicación libre y plural, fue el arresto de los funcionarios bomberiles, Carlos Varón y Ricardo Prieto, adscritos a la estación N° 8 del estado Mérida, por presuntamente difundir en las redes sociales un vídeo satírico sobre el presidente Nicolás Maduro. Ambos fueron arrestados el 13 de septiembre de 2018 y trasladados el 21 de septiembre al retén policial de Bailadores, ubicado en el municipio Rivas Dávila, a más de dos horas de la ciudad de Mérida.

El Observatorio de Derechos Humanos de la ULA (ODH-ULA) informó el hecho a través de una nota de prensa, en la que también indicaron que los familiares de los detenidos no fueron notificados previamente sobre dicho traslado. IPYS Venezuela también pudo conocer que además del proceso penal abierto a estos funcionarios, acusados del delito de incitación al odio con agravante establecido en los artículos 20 y 21 de la normativa contra el Odio, Varón y Prieto enfrentan desde el 13 de septiembre un procedimiento administrativo que podría desencadenar en la destitución de ambos como funcionarios bomberiles del Cuerpo de Bomberos de Mérida.

Otro caso de censura y abuso de poder que transgredió la libre difusión de informaciones de interés público en plataformas digitales fue la amenaza de acciones legales que hizo Freddy Bernal, actual jefe nacional de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y Protector del Táchira, en contra de la periodista Sebastiana Barráez. “Yo en lo particular voy a ejercer acciones de carácter penal para que responda por los señalamientos irresponsables que hizo por una página web”, indicó Bernal durante una rueda de prensa en San Cristóbal, estado Táchira, el 26 de julio.

El 18 de julio la periodista denunció a través del portal web de la agencia de información Punto de Corte sobre el uso ilícito de vehículos en resguardo del Estado que fueron retenidos en la operación Manos de Papel el mes de abril de 2018. En esa columna, Barráez señaló que esos vehículos fueron entregados por sus propios dueños a algunos concesionarios en San Cristóbal para que fueran vendidos en dólares, y que ahora estaban siendo usados por escoltas del exministro. En abril del 2019 la periodista dijo que esta página de noticias ha sido atacada en reiteradas ocasiones, y que además ella ha sido objeto de ataques a través de redes sociales y de la intervención ilegal de cuentas personales de comunicación como correos electrónicos.

Sin derecho a la privacidad

Otro de los incidentes en materia de derechos digitales fue la limitación a la privacidad de los periodistas venezolanos por la difusión de una lista de 98 trabajadores de medios de comunicación presuntamente perseguidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el martes 10 de abril de 2018.

El documento, publicado por la periodista venezolana Maibort Petit a través de su cuenta de Twitter, fue supuestamente emitido por el Sebin y señala a Gustavo González López, director del organismo de seguridad, como el responsable de la orden de vigilancia de las redes sociales de los periodistas, desde el 7 de marzo hasta el 7 de abril de 2017, para detectar a los posibles “traidores a la patria”.

También señala que los comunicadores son buscados por la difusión de “noticias falsas” en los medios de comunicación y las redes sociales. La lista habría sido elaborada en el marco de las protestas ciudadanas y conflictos sociopolíticos que a lo largo del 2017 coartaron los derechos comunicacionales en todo el país. Entre los periodistas mencionados en la lista se encontraban el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, el ex director del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff –quien además falleció el 31 de octubre de 2018–, la periodista de CNN en Español, Osmary Hernández, y el fundador y director del portal de noticias Runrunes, Nelson Bocaranda, entre otros.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha alertado sobre las consecuencias negativas que puede tener la vigilancia, la interceptación de comunicaciones y la recolección de datos personales sin consentimiento, en el ejercicio de derechos humanos de pensamiento y expresión de los ciudadanos.

3. Agravios en la red

Los portales de medios informativos privados e independientes fueron los que presentaron mayores riesgos en materia de derechos digitales a lo largo de 2018. De acuerdo con el sistema de monitoreo de esta organización, hubo al menos 22 ataques y ocho bloqueos que afectaron en 18 oportunidades a la infraestructura online de medios de comunicación independientes y privados. También hubo hechos restrictivos en contra de seis periodistas, tres organizaciones y un medio estatal.

Esta cifra muestra que las agresiones hacia espacios informativos en internet son cada vez más frecuentes en el país. Justamente, el aumento en las violaciones a las libertades en la red coincide con la reconfiguración del ecosistema informativo venezolano, en el que actualmente las plataformas digitales se han convertido en el medio principal para el consumo de información, debido a la reducción de estos espacios en la prensa escrita, la radio y la televisión, como resultado de políticas restrictivas y otras formas censura que se han implementado en Venezuela.

Entre los afectados estuvieron los portales de medios de comunicación social como El Pitazo, Armando.Info, La Patilla, El Nacional, Cactus 24, Crónica Uno, Caraota Digital, Punto de Corte, Reporte Confidencial y Tal Cual. Las plataformas de organizaciones civiles: Una Ventana a la Libertad, Convite AC, Vendata, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, también resultaron vulneradas.

La mayoría de estas violaciones se hicieron de manera indirecta bajo la modalidad de ataques de Denegación de Servicios (DDoS) que sacaba fuera del aire e interrumpió la difusión de información de medios digitales y organizaciones civiles. Pero, la medida más directa de censura se manifestó a través de bloqueos de DNS y por HTTP, con lo cual apareció en Venezuela nueva forma de censura que impidió dar respuesta a las solicitudes de conexión que se dirigen a los servidores donde se alojan estos sitios web. Este fenómeno fue detectado entre el 6 y 7 de junio de 2018 por IPYS Venezuela, conjuntamente con el Observatorio Abierto de Interferencia en Red (OONI por sus siglas en inglés), una organización mundial que se encarga de seguir y documentar diversas interferencias en la libertad en internet.

A pesar de que el informe sobre Libertad de Expresión en Internet de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que los Estados están obligados a investigar estas agresiones informáticas y reparar los daños de forma adecuada, y considera que estos ataques pueden vulnerar el ejercicio a la libertad de expresión y el acceso a la información, el Estado venezolano no tomó ninguna medida para atender este tipo de hechos.

Asedio intermitente

Los patrones de silenciamiento contra los portales informativos estuvieron entre las restricciones que más impactaron los derechos digitales de los venezolanos. Estas dificultades para acceder a los contenidos de interés público en la red se dieron bajo las modalidades de bloqueos por DNS, HTTP, IP, y por TCP/IP, las cuales identificó esta organización mediante su investigación Intercortados, que consistió en la búsqueda de las mismas 53 páginas web, casi 700 veces cada una, en agosto de 2018. Estas mediciones se realizaron con el apoyo de ciudadanos de distintos estados del país coordinados por la Red Nacional de Corresponsales de IPYS Venezuela, y bajo la metodología de OONI.

Los resultados de este trabajo exponen que en promedio solo fue posible acceder a los contenidos en menos de la mitad de las pruebas, debido a algún tipo de bloqueo intermitente. Entre las páginas web monitoreadas –que incluyen portales de noticias, información hípica y de cotizaciones de dólar paralelo– las más afectadas fueron las de medios de comunicación como El Pitazo, Armando.info, El Nacional, Infobae y NTN24.Por lo que estas restricciones incumplen con los principios constitucionales y estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la información.

IPYS Venezuela constató además que durante la medición las conexiones de los cuatro principales proveedores de internet del país: Cantv, Movilnet, Movistar y Digitel, compartieron la misma práctica al ejercer bloqueos intermitentes que variaron según la ubicación geográfica, las horas y las conexiones de los usuarios. Este esquema de censura en internet quebranta los derechos de libre expresión e información establecidos en los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional.

En lo que va de 2019 esta organización ha registrado 36 casos de violaciones a los derechos digitales por ataques y bloqueos. Mientras que los ataques por intimidación y declaraciones ofensivas estuvieron dirigidos principalmente a personas, afectando al menos a 22 periodistas y reporteros gráficos, las plataformas de 22 medios de comunicación digitales, organizaciones no gubernamentales, redes sociales y otros portales informativos, fueron víctimas de bloqueos intermitentes.

De acuerdo con el principio de la neutralidad de la red propuesto en los estándares de la CIDH para una internet libre, abierta e incluyente: “El tratamiento de datos y tráfico en internet no debe ser objeto de discriminación según la fuente y el contenido. La neutralidad de la red garantiza la libertad de acceso y elección de los usuarios. Permite que éstos puedan enviar y recibir información u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal por medio de internet sin condicionamientos ni discriminación, bloqueo, filtración o interferencia”.

Hostigamiento estatal

En 2018 la mayoría de estas medidas de censura fueron ejercidas por victimarios desconocidos y proveedores de internet que afectaron la red en 26 y 18 oportunidades, respectivamente. Sin embargo, al igual que en 2017 los actores estatales fueron igualmente responsables de gran parte de las violaciones de los derechos digitales que se registraron durante este año.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los tribunales venezolanos tuvieron una actuación irregular en ocho casos de violaciones, y se convirtieron junto las instancias ministeriales, que aparecieron en cuatro alertas, en los actores estatales que más atentaron contra las libertades en red. En cuanto a los cuerpos de seguridad de Estado, estos cometieron al menos tres incidencias relacionadas con el entorno digital.

Pese a ser el organismo regulador en materia de comunicaciones e Internet, Conatel también tuvo un comportamiento que afectó a las libertades en línea en una ocasión, de acuerdo a los registros de IPYS Venezuela. Además hubo actuaciones regresivas de la Presidencia de la República (2), simpatizantes oficialistas (1), así como un partido político oficial (1).

Veto incesante

El patrón de censura en Venezuela ha comprendido medidas directas, como los bloqueos en internet permanentes y definitivos y acciones indirectas, como el ataque a los servidores. La consecuencias para los ciudadanos en línea es la misma: no poder acceder y consultar libremente contenidos en línea.

Así quedó en evidencia cuando ocurrieron al menos cinco ataques de denegación de servicios (DDoS) y bloqueos por DNS y HTTP en contra la página web de El Pitazo entre 2017 y 2018, dejando a los ciudadanos sin acceso a los contenidos informativos de este medio digital desde los proveedores Cantv, Movistar, Movilnet, Intercable y Digitel.

El Pitazo es un medio de noticias independiente que nació en 2014, cuya misión es informar sobre hechos que han sido censurados en medios tradicionales en Venezuela. De acuerdo con los datos de IPYS Venezuela, durante 2018 fue víctima de al menos 23 casos de violaciones a los derechos digitales, de libertad de expresión y el acceso a la información. Justamente, se trata de un portal informativo que, junto con Radio Fe y Alegría, actualmente cuenta con un equipo periodístico de alcance nacional.

El último incidente que afectó a El Pitazo a lo largo de 2018 ocurrió entre el viernes 9 y el sábado 10 de noviembre. La agresión consistió en un ataque DDoS, y de acuerdo a las pruebas que hizo el medio de comunicación la medida de censura fue ejecutada desde Alemania, Brasil, Polonia y Estados Unidos, según los reportes de conexiones. Sin embargo, las evidencias sobre la procedencia de los ataques no fueron concluyentes, debido a que esta información se puede alterar con facilidad al implementar una red virtual privada –Virtual Private Network (VPN)– que oculta la ubicación real del atacante.

Otra restricción provino de una medida de censura que se registró el 3 de agosto de 2018 y fue implementado desde las compañías Cantv, Movilnet, Movistar y Digitel, las cuales ejecutaron dos modalidades de bloqueo: DNS Y HTTP –protocolo de transferencia de conexión– al dominio El Pitazo.ml. Este fue el tercer dominio creado por el medio para contrarrestar las medidas de censura aplicadas con anterioridad a los dominios .com y .info por las empresas de telecomunicaciones con servicios de telefonía fija, móvil y de Internet.

Cuatro meses antes, el 11 de abril de 2018, El Pitazo experimentó un bloqueo por DNS –sistemas de nombre de dominios– que ejecutó la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv). Mientras que en septiembre de 2017 ocurrió el primer bloqueo en contra de este medio y también en ese momento fue afectado por dos ataques DDoS, los cuales ocurrieron el 9 de marzo y el 10 de septiembre, respectivamente.

A lo largo de 2018, la página web del diario Tal Cual también fue víctima de ataques DDoS, con una saturación del servidor con conexiones que provenía de los mismos países desde donde se reportaron los ataques en contra de El Pitazo. En varias oportunidades, a lo largo del año, Runrunes, Crónica.uno, Armando.info, Punto de Corte y Vendata también fueron afectados bajo la misma modalidad, que dejaba fuera del aire a estos portales y no solo afectaba a sus plataformas sino también la libertad de recepción de los ciudadanos, como lo define el teórico venezolano Antonio Pasquali.

Un ataque de Denegación de Servicios o DDoS, por sus siglas en inglés, consiste en un ataque directo a un sistema o red de computadoras que hace inaccesible un contenido web determinado a los usuarios. Estos ataques son coordinados y masivos desde distintas direcciones IP que realizan llamadas a servicios específicos. El consumo excesivo e inusual de llamadas a la página deja inoperativo los dispositivos de comunicación y las máquinas donde se encuentran alojados los servicios, lo que posteriormente produce su caída.

La CIDH ha insistido que el Estado venezolano debe “Abstenerse de utilizar mecanismos de presión directa o indirecta dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores, de acuerdo con el principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Especialmente, remover todas las restricciones desproporcionadas o discriminatorias que impiden que los medios de comunicación social, en todas las modalidades, puedan cumplir cabalmente con la misión comercial, social o pública que tienen asignada”.

Este organismo, también, considera urgente que en Venezuela se eliminen “limitaciones al funcionamiento de los sitios web, blogs, aplicaciones, u otros sistemas de difusión de información en internet”.

Silencio indirecto

Pero los contenidos críticos a la situación actual del país no solo fueron censurados por autoridades del gobierno, los proveedores de internet o actores desconocidos. El martes 7 de agosto de 2018 removieron de YouTube, plataforma digital dedicada a compartir vídeos, el documental venezolano de la Deutsche Welle (DW), titulado: “Venezuela, La huida de un Estado Fallido”.

Oscar Schlenker, corresponsal para la DW español, explicó a IPYS Venezuela que la situación del documental en Youtube se debe a que la plataforma bajó el contenido porque en realidad el trabajo audiovisual pertenece a otra cadena televisiva. Dicha cadena realizó la venta de los derechos de autor a DW sin incluir los derechos de Youtube, por esa razón la plataforma digital procedió con el retiro del documental de DW.

Este hecho ocurrió pocos días después de que la DW se pronunciara al respecto de la decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de suspender temporalmente la transmisión del canal en el país durante la repetición del documental sobre Venezuela, el 4 de agosto de 2018.

De acuerdo con los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Estándares para una Internet libre, abierta e incluyente, “La protección de los derechos de autor tiene un fin legítimo que podría llevar a la imposición de limitaciones a los derechos humanos a la educación, la cultura y la libertad de expresión. Sin embargo, la protección no podría implementarse de una forma en la que desaliente la creatividad o el libre intercambio de información e ideas en Internet”.

Intimidación en línea

Otros de los hechos en materia de violaciones a los derechos digitales fueron los ataques en la red que se dieron por intimidaciones, acusaciones falsas y la vulneración de la seguridad de cuentas personales de siete reporteros venezolanos. Entre los afectados por estas restricciones se encuentran los periodistas, Lorena Arráiz, Amira Muci, Katherine Pennacchio, Carlos Julio Rojas, Sebastiana Barráez, Pableysa Ostos y Germán Dam. Preocupó que cinco de los siete afectados fueron mujeres.

En octubre de 2018 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión refirió que estos ataques en línea dirigidos a las mujeres periodistas adquieren características específicas relacionadas con el género, y son generalmente de naturaleza misógina y de contenido sexualizado. Este tipo de violencia conduce a la autocensura y “es un ataque directo contra la visibilidad de las mujeres y su plena participación en la vida pública”.

En cuanto a los casos de mensajes agraviantes a través de las redes sociales, la primera víctima fue el activista Carlos Julio Rojas. El domingo 9 de septiembre, desde la cuenta de Twitter @La_Peinilla, se emitieron dos tweets que vinculaban al periodista y a su madre con una supuesta “Operación Constitución”, que pretende “desestabilizar nuestro país”. Estas acusaciones de terrorismo desestiman las labores del periodista, por las denuncias reiteradas que ha hecho sobre la deficiente administración de la alcaldesa Érika Farías.

Estas amenazas a través de Twitter también perjudicaron a los periodistas del estado Bolívar, Pableysa Ostos y Germán Dam. La agresión contra Ostos ocurrió el lunes 3 de diciembre cuando la periodista denunció que recibió amenazas por parte de distintos usuarios de la red social, luego de publicar una lista de los 10 delincuentes más buscados por el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (CICPC) en Ciudad Guayana.

Ostos declaró que comenzó a recibir una avalancha de insultos y amenazas, entre las cuales destacan las hechas por el usuario @yeileengonzalez, quien indicó que la periodista va a ser responsable de sus propios hechos. “Que baje el telón que tus 3 minutos de fama ya van a acabar”, afirmó. Ostos identifica a la muchacha como familiar de Mágico González, reconocido deportista que aparece en la lista como delincuente. Luego de lo ocurrido, la reportera acudió al Ministerio Público para denunciar el acoso.

En el caso de de Germán Dam, las amenazas que recibió a través de Twitter fueron por sus publicaciones de información sobre el enfrentamiento entre indígenas y funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (Dgcim), que ocurrió en una mina ilegal ubicada en el Parque Nacional Canaima, el sábado 8 de diciembre de 2018. Dam señaló que las cuentas de @comandante_voltio, @EscudoPatria y @Centauro27N92 emitieron tuits en los que lo amenazaban con hacerle “Operación Tun Tun”, una frase que ha sido popularizada por Diosdado Cabello, el segundo líder del partido oficial para referirse a las órdenes deliberadas de detención. Estos hechos ocurrieron por las denuncias divulgadas por el periodista por lo sucedido en la localidad de Canaima. Las amenazas contra Dam fueron diversas y continuaron los meses posteriores hasta que tuvo que abandonar el país de manera forzada por razones de seguridad.

IPYS Venezuela reitera su preocupación sobre las amenazas y acciones intimidatorias contra periodistas por difundir información de interés público. Esta organización exhorta al Estado venezolano a prevenir e investigar estos casos y proteger a los periodistas en riesgo.

Índice IPYSve: Red cuesta abajo

Las fallas de acceso a internet, los hechos de intimidación y los ataques contra los medios de comunicación digitales, las medidas de censura y la opacidad, también fueron las restricciones que más perjudicaron el ejercicio de la libertad de información y expresión en Internet, de acuerdo con los resultados del Índice de libertades informativas IPYSve 2018. Así lo demostró 73% de los 326 periodistas que fueron encuestados, quienes expresaron que durante el 2018 se vieron afectados por las fallas en el servicio de internet o la baja calidad de la navegación.

El ejercicio periodístico igualmente se vio obstaculizado por las dificultades en la consulta de documentos y datos oficiales en instituciones y plataformas digitales. Esta circunstancia que socavó el derecho que tiene la sociedad venezolana de conocer información acerca de asuntos públicos fue demostrada por 87% de los periodistas que participaron en la consulta, quienes calificaron esta condición con un promedio de 33. Siendo un valor que indica restricciones frecuentes y además es cinco puntos menor al que se obtuvo en el 2017.

Estos mecanismos reiterados de opacidad también fueron confirmados por la valoración de 41 puntos que dieron los periodistas a las restricciones para el acceso y la consulta de contenidos en internet. Además fue recurrente el uso de la red para amedrentar la labor de los trabajadores de medios de comunicación. La medición reveló que 30% de los periodistas consultados se vio afectado por las amenazas, mensajes intimidatorios o campañas de criminalización en plataformas digitales. Por lo que, al igual que en el 2017, tres de cada 10 participantes fue víctima de estos ataques en el entorno digital.

Aunque estos rasgos se identificaron en menor medida, otro motivo de preocupación para IPYS Venezuela es que 17% de los consultados también tuvo la percepción de la imposición de noticias falsas como estrategia de desinformación, alentada por actores estatales, no estatales y desconocidos. Asimismo hubo órdenes de censura impuestas por proveedores estatales y privados que afectaron la labor del periodismo en el país, de acuerdo a lo que manifestó 19% de los participantes del estudio.

Sobre la utilización de noticias falsas, en la investigación Expedientes falsos IPYS Venezuela también encontró un patrón de criminalización y violaciones de derechos humanos mediante el uso de plataformas online u offline, con la intención de desinformar y de estigmatizar a los sectores disidentes en Venezuela. A través de cinco historias de personas detenidas arbitrariamente, sometidas a juicios en tribunales ordinarios y militares, etiquetadas como “terroristas” y “conspiradores”, este trabajo reveló la estrategia del Estado para construir expedientes falsos con informaciones falsas que derivaron en privaciones de libertad.

Recomendaciones

A continuación el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela plantea seis propuestas fundamentales que ayudarían a mejorar las condiciones en materia de derechos digitales en Venezuela:

Que con carácter de urgencia el Estado elabore un plan articulado de políticas públicas para la promoción del acceso a un Internet de calidad de amplia cobertura nacional.
Que las autoridades trabajen en la promoción de mecanismos y herramientas que incentiven y fomenten la inversión de actores públicos y privados, la sana competencia, y el despliegue de redes de fibra óptica en todo el territorio nacional.
Inmediata eliminación de los marcos normativos que atenten contra la libertad de expresión y opinión de los venezolanos, violentando los principios y derechos humanos de la libertad en la red.
Generación de mecanismos para la protección de los datos personales y la posibilidad de ejercer el anonimato en la red.
Eliminación de prácticas y normativas que deriven en bloqueos y censura de contenidos en Internet por parte del Estado, proveedores, e instancias de gestión de servicios de comunicaciones en Internet.
Eliminación de prácticas que deriven en desinformación, como la propagación de noticias falsas en la red. Garantizar el acceso a la información de interés público a través de las plataformas digitales.

Equipo de trabajo:

Redacción: Daniela Alvarado Mejias y Mariengracia Chirinos

Visualización de datos: Alimié Torres y Camila Agelvis

Monitoreo de Libertades informativas y derechos digitales: Daniela Alvarado Mejias, Juan Pablo Lares y Scarlet Clemente

Red Nacional de Corresponsales y Colaboradores de IPYS Venezuela: José Leonardo Barreto (Anzoátegui), María Eugenia Díaz (Apure), Gregoria Díaz (Aragua), Wolman Linares (Barinas), Alba Perdomo (Bolívar), Amador Medina (Delta Amacuro), Dayrí Blanco (Carabobo), Adriana Pérez Gilson (Falcón), Keren Torres (Lara), María Fernanda Rodríguez (Mérida), Ronny Rodríguez (Monagas), Ana Carolina Arias (Nueva Esparta), Luis Javier Bazán (Portuguesa), Nairobys Rodríguez (Sucre), Lorena Arráiz y Daniel Pabón (Táchira), José Ocanto (Trujillo), Ana Karolina Mendoza (Zulia)

Dirección ejecutiva: Marianela Balbi

Libertades informativas y derechos digitales: Mariengracia Chirinos

Planificación estratégica: Carolina Carrera

Campañas y redes sociales: Aura García

Mayo, 2019