El 26 de abril de 2017, en medio de una protesta convocada por la oposición cae herido en la zona de Altamira, en Caracas, Juan Pablo Pernalete (20) quien falleció minutos después en la sede de Salud Chacao.
Horas después de la muerte del estudiante de Contaduría de la Universidad Metropolitana, comenzó a ser difundida información, de distintas fuentes, sobre la presunta causa de la muerte, señalándose que había sido producto de una bomba lacrimógena accionada y disparada horizontalmente y a corta distancia por agentes de la fuerza pública.
En horas de la noche de ese mismo día a través de su programa «Con el Mazo Dando» transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el diputado y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello señaló: “Por allá, por Plaza Altamira, que no estaba la Guardia Nacional ahí, y de repente apareció un muchacho muerto… inmediatamente El Nacional y los laboratorios de guerra dijeron: muerto joven en Altamira que la Guardia Nacional le disparó una bomba lacrimógena en la cara […] desafortunadamente el joven falleció de un impacto, que no es una bala precisamente, en el pecho el único impacto que tiene ese joven es algo en el pecho, algo redondo, grande…”
El 28 de abril de 2017, el diario oficialista Últimas Noticias publicó en su primera plana “Autopsia descartó muerte por lacrimógena“, refiriéndose al caso de Pernalete.
En un artículo escrito por los periodistas Eligio Rojas y David Rondón, se aseguró que la Unidad de Criminalística del Ministerio Público había realizado la autopsia en la que, según afirmaron, se habría concluído lo siguiente:
«De manera preliminar concluyen que el muchacho presenta un tatuaje (herida) en la tetilla izquierda similar al que deja “una pistola de perno cautiva”, explicó una fuente judicial. Dicha arma se usa para el aturdimiento de animales; trabaja con aire a presión y a corta distancia, detalló. El muchacho recibió el impacto a quemarropa. “Un golpe seco que no dejó una gran herida porque el arma usada no tiene bala; el perno salió y retornó».
El 29 de abril de 2017, durante un encuentro con periodistas, el entonces Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas señaló sobre el caso Pernalete:
“ hemos llamado la atención sobre la alegre y ligera versión que ha cobrado cuerpo en la cobertura de la prensa internacional atribuyendo la muerte de este joven al impacto de una bomba lacrimógena. Con los elementos de interés criminalístico y periodístico ha quedado en claro que hay una línea de investigación que no puede quedar por fuera Hay una aproximación policial que muestra con alto grado de veracidad la posibilidad de que este joven venezolano haya sido asesinado con un arma llamada pistola de perno cautivo. Entre los videos que hemos colocado se encuentra uno que muestra que para el momento de los hechos no se ve en las proximidades ningún Guardia Nacional”.
La dictadura al desnudo
En rueda de prensa realizada el 24 de mayo de 2017, la Fiscal General de la República -destuída por la inconstitucional asamblea nacional constituyente-, Luisa Ortega Díaz se refirió al caso del estudiante Juan Pablo Pernalete.
Según las investigaciones del Ministerio Público, Pernalete fue asesinado con una bomba lacrimógena cuyo impacto le produjo un “shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax”.
Esta conclusión, fue producto de una investigación detallada según Ortega Díaz: autopsia, inspección técnica del cadáver, levantamiento planimétrico del sitio del suceso, testigos, reconocimientos técnicos, acoplamiento físico de las dimensiones del cartucho con la lesión de Pernalete en el tórax, la presencia de residuos en la franela, conjuntamente con los elementos que componen la bomba; análisis histológicos, análisis químicos, toxicológicos, hematológicos.
La Fiscal declaró que la responsabilidad de esta muerte fue de un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
La Fiscal General desmintió la versión oficial sobre la muerte de Pernalete que había tratado de imponer la dictadura, y dejó al desnudo a voceros como Cabello, Villegas y el propio diario Últimas Noticias.
Ya en 2014, durante la marcha estudiantil que se dirigió a la sede de la Fiscalía General de la República en Caracas, voceros gubernamentales se habían apresurado a responsabilizar a los manifestantes por los hechos de violencia que condujeron a la muerte de Bassil Da Costa y Juan Montoya en las inmediaciones de Parque Carabobo el 12 de febrero de ese año.
Una investigación realizada entonces por periodistas del antiguo equipo de investigación del diario Últimas Noticias, mostró a efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) abriendo fuego contra los manifestantes, y ocasionando la muerte de Da Costa y heridas en un numeroso grupo de personas que participaban en la protesta en la avenida Sur 11 y en la esquina de Tracabordo.
Al igual que en 2014, en el ciclo de protestas de 2017 la dictadura de Maduro intentó imponer ante la opinión pública, la versión que señalaba a los manifestantes como miembros de agrupaciones terroristas y promotoras de la violencia.
En escasas ocasiones, los voceros de la dictadura admitían los abusos cometidos por agentes de la fuerza pública, relativizando la responsabilidad de estos y calificando dichas situaciones como hechos aislados que no formaban parte de la práctica generalizada por parte de los órganos de seguridad.
Los registros levantados por el Ministerio Público, manifestantes, activistas sociales y organizaciones sociales, revelaron un incremento exponencial de la represión contra las protestas tanto desde el punto de vista cuantitativo, como desde el punto de vista cualitativo.
El alto número de personas fallecidas, heridas, detenidas y víctimas de distintos abusos, fueron la consecuencia directa de la actuación desmedida de los agentes de la fuerza pública contra las protestas, quienes alentados por altos funcionarios gubernamentales pusieron a andar una política de terrorismo de Estado que, como señaló el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se convirtió en un patrón de violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos de la población.
Disparar bombas con la intención de matar
El principio Nro. 3 contenido en los Principios Básicos de la Organización de Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, consagra que se hará «[…] una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas”.
En Venezuela el uso de bombas lacrimógenas para el control de manifestaciones, además de ser contrario a la Constitución Nacional vigente de 1999, se hace con el fin de causar el máximo daño posible a los manifestantes e incluso afectando a terceros no involucrados en la manifestación.
Desde 2014 se hizo recurrente el uso de bombas lacrimógenas vencidas; empleo excesivo de las mismas; uso indiscriminado contra centros educativos, áreas residenciales y centros de salud; y más recientemente, como se registró durante la rebelión popular de 2017, empleo de estos proyectiles contentivos de agentes químicos irritantes, disparados a corta distancia y de forma horizontal con el objetivo de convertirlos en munición letal o potencialmente letal, como ocurrió en el caso de Pernalete y de cientos de manifestantes que resultaron heridos durante 2017 a consecuencia del impacto de bombas lacrimógenas disparadas con escopetas.
Desde 1992, Provea contabiliza al menos 4 casos de personas asesinadas por agentes de la fuerza pública debido al impacto de bombas lacrimógenas, que fueron disparadas por efectivos policiales y militares con la intención de generar el máximo daño posible e incapacitar a las víctimas.
Adicionalmente al caso de Juan Pablo Pernalete, Provea ha registrado las muertes de los siguientes ciudadanos en contextos similares:
- El 19.03.92, María Verónica Tessari (27) una periodista venezolana que trabajaba para el noticiero de televisión colombiano CMI, fue herida gravemente por el impacto de una bomba lacrimógena que le impacto en la cabeza causándole traumatismo cerebral, durante una protesta que se realizaba en la Universidad Central de Venezuela. Meses más tarde, Tessari ingresó a una clínica como consecuencia de una reacción alérgica a los medicamentos que tomaba, complicada con un cuadro de neumonía falleció días después.
- El 09.03.93, Darwin Morales (19) recibe un impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza causándole fractura de cráneo; según más de 40 testigos presenciales, la bomba fue disparada por un efectivo policial a corta distancia cuando el estudiante se encontraba en una escalera exterior de un centro educativo ubicado en Los Teques, estado Miranda, donde ocurrían protestas organizadas por cuatro planteles de la zona para exigir mejoras y reparaciones de sus instalaciones.
- El 22.09.95 resultó herido Joseph Moreno Trejo por una bomba lacrimógena que lo impactó en la cabeza y que fue disparada por efectivos de la Policía del estado Mérida, mientras participaba en una manifestación estudiantil en la ciudad de Mérida, falleciendo posteriormente.
El autor material de la muerte de Juan Pablo Pernalete aún no ha sido identificado, su caso, al igual que muchos sigue en la impunidad.
Sin embargo, para Provea y la opinión pública nacional no es nada difícil identificar a quienes quisieron cubrir con mentiras su asesinato, para favorecer la impunidad y encubrir a los autores materiales e intelectuales de este lamentable hecho.
Seguimos reclamando justicia para Juan Pernalete y para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, las del pasado y las del presente.
Prensa Provea
