Comité de Expertas solicita al Estado venezolano pronunciamiento oficial sobre femicidios y mortalidad materna en Venezuela

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), expresa su preocupación por los femicidios que han venido ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela, así como por la cifra de mortalidad materna de la que se ha tenido conocimiento, y solicita al Estado un pronunciamiento oficial sobre los indicadores en ambos temas.

Dada la ausencia de publicaciones gubernamentales sistemáticas, los movimientos de mujeres han monitoreado los femicidios reseñados en medios digitales, obteniendo como resultado la cifra de 167 asesinatos de mujeres para el año 2019 en el país suramericano, registrados con más frecuencia en los estados Zulia, Miranda, Distrito Capital, Lara, Bolívar, Anzoátegui, Aragua, Carabobo y Monagas. Según este monitoreo, los crímenes tuvieron mayor incidencia en los meses de junio y diciembre, siendo el grueso de las víctimas mujeres jóvenes (entre 21 y 35 años). El seguimiento realizado indica que dichos asesinatos fueron cometidos con gran crueldad.¹

Estos 167 femicidios, aun siendo un registro no oficial, son alarmantes en tanto superarían la última cifra oficial conocida, en la cual se indicó para 2016 un total de 122 asesinatos de mujeres por odio o desprecio a su condición de mujer.² Aunque Venezuela no es el país con mayor número de casos en la región, al Comité de Expertas le preocupa enormemente este posible aumento, el cual continúa siendo monitoreado para 2020, sosteniéndose la tendencia. La única información del Estado sobre las cifras ha sido ofrecida por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, indicando 19 femicidios solo en enero de 2020 y hasta el día 23 de dicho mes (casi un femicidio diario), lo cual es altamente llamativo.³ Hasta ahora, no hay estadísticas sistematizadas ni expresadas públicamente por los órganos receptores de denuncia, de investigación penal o de justicia.

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas, el Comité ha tenido conocimiento de la preocupante cifra de mortalidad materna presentada por la Organización Panamericana de la Salud en junio de 2019 para Venezuela⁴. Citando registros epidemiológicos del Estado, dicho organismo informó sobre 190 muertes maternas sólo hasta el 6 de abril de 2019, con un promedio de 12 por semana, 98.6% de ellas ocurridas dentro de los centros hospitalarios. A falta de otras estadísticas, este dato permite proyectar extraoficialmente unas 624 muertes maternas para el año en cuestión.

De acuerdo a las últimas publicaciones del Estado al respecto, para 2015 ocurrieron 456 muertes maternas y para 2016 aumentaron drásticamente a 756⁵. Atendiendo a la proyección realizada se mantendría para 2019 una alta cifra, pero no puede determinarse con exactitud en tanto tampoco se informan estadísticas oficiales sobre número de nacidos vivos registrados para estos años, dato necesario para establecer la razón de mortalidad materna en el país, de acuerdo a los estándares internacionales. Esto contribuiría a establecer políticas públicas más contundentes para erradicar este flagelo, siendo el derecho a la información sobre las cifras oficiales un aspecto exigido por los movimientos de mujeres ante las autoridades. El Comité también recibió información de Organizaciones de la sociedad civil⁶ que informaron que en ausencia de otros métodos anticonceptivos se estaría ofreciendo un único método de consecuencias irreversibles.

Cabe destacar que la situación de la atención en salud para las gestantes venezolanas, podría estar impulsando su migración a países vecinos, buscando mejores condiciones para el momento del parto a riesgo de sufrir consecuencias negativas en los países receptores, entre ellas la xenofobia, trata, y la vulnerabilidad propia de la condición de migrante y mujer, convirtiéndose Venezuela en el país de la región en donde el indicador de mortalidad materna ha aumentado considerablemente.⁷

Por lo anterior, y en el marco de los compromisos del Estado Venezolano con la Convención de Belém Do Pará, este Comité solicita a las autoridades lo siguiente: 1) realizar un pronunciamiento que incluya estadísticas oficiales sobre femicidio y mortalidad materna; 2) publicar regularmente y de forma sistemática las cifras relacionadas con los derechos de las mujeres, a fin de diseñar políticas públicas efectivas; 3) priorizar acciones que fortalezcan las competencias de los órganos receptores de denuncia, de investigación penal y de justicia, a fin de atender adecuadamente los casos de violencia contra las mujeres, de acuerdo a la legislación nacional y lo establecido en la Convención de Belém do Pará; 4) fortalecer y priorizar con suficientes recursos y capacidades los planes, programas y proyectos dirigidos a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; 5) promover campañas, formación, sensibilización y demás acciones para que las comunidades prevengan e identifiquen a tiempo los casos de violencia contra las mujeres; 6) garantizar las condiciones óptimas para la atención de la gestación, el parto y el postparto en los centros de salud, erradicando cualquier práctica relacionada con la violencia obstétrica; 7) armonizar el énfasis que el Estado ha puesto en la humanización del parto y del nacimiento con la realidad actual de la atención hospitalaria, en la que sigue imperando el modelo de ejercicio de poder por parte del personal de salud, antes que el respeto a los derechos de las mujeres; 8) Proveer recursos suficientes al Sector Salud, a fin de que sean proporcionados a las mujeres métodos anticonceptivos modernos y seguros.

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