El pasado 1 de noviembre de 2016 Venezuela se sometió al Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas; y el mes de marzo de 2017 es la fecha límite para decidir si el Estado venezolano acepta o no las 274 recomendaciones que hicieron los países miembros de las Naciones Unidas durante la comparecencia de Venezuela en el Examen Periódico Universal (EPU) que se llevó a cabo en Ginebra, el pasado 1° de noviembre.
Ejecuciones Extrajudiciales, tortura, independencia del Poder Judicial, debido proceso, impunidad, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, violencia, violencia de género y la facilitación por parte del Estado venezolano de las visitas de los relatores de los defensores de DDHH en el país fueron algunas de las preocupaciones contenidas en las 274 recomendaciones que formularon los Estados a Venezuela.
Argentina e Italia, por ejemplo, mostraron su preocupación por el incremento de las Ejecuciones Extrajudiciales y por el uso desproporcional de la fuerza policial.
Seis Estados en total: Italia, Kenya, Liechtenstein, Senegal, Uruguay y Guatemala recomendaron investigar y poner fin a los casos de tortura; ratificar Protocolo de la Convención de Prevención Contra la Tortura que firmó Venezuela en 2011 y tomar acciones para evitar la crueldad contra los niños.
Otros 16 Estados: México, Argentina, Estados Unidos,
Namibia, Holanda, Nueva Zelanda, Alemania, República de Korea, Suiza, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Francia y Guatemala, se pronunciaron a favor de procurar la independencia del Poder Judicial.
Esos mismos países recomendaron investigaciones independientes y eficaces de los responsables delas violaciones de los derechos humanos; tomar medidas para mejorar la autonomía del Poder Judicial y abogaron por el debido proceso.
La impunidad también fue referida en la sesión en la que compareció Venezuela. Seis Estados en total: Italia Uruguay Suecia Argentina Colombia y Ghana pidieron garantizar las investigaciones y sanciones a violadores de derechos humanos y que los mismos sean llevados eficaz y oportunamente a la justicia.
Un importante número de países solicitaron que se garantice el acceso real a la justicia a las víctimas.
Varios Estados solicitaron tomar las medidas necesarias para disminuir los homicidios en Venezuela y acabar con la impunidad. Mejorar las condiciones de detención y la garantía del debido proceso de las personas detenidas, así como redoblar esfuerzos para evitar la impunidad en crímenes como tortura y otras violaciones graves de derechos humanos.
Las detenciones arbitrarias también llamaron la atención de siete Estados: Estados Unidos Argentina, Holanda, Republica de Korea, Canadá, Costa Rica e Irlanda. Todos manifestaron su grave preocupación por las detenciones a opositores y utilización de órganos de inteligencia para la persecución. Estas naciones piden mejorar condiciones de detención y la garantía del debido proceso de esas personas.
Diecisiete Estados coincidieron en la necesidad de solicitar que se faciliten las visitas de los relatores de Derechos Humanos al país. Finlandia, Argentina, Japón, Lituania, España, Tajikistán, Ucrania, Reino Unido, Uruguay, Austria, Costa Rica, Estonia, Irlanda, Ghana, Guatemala e Islandia recomendaron extender invitaciones a relatorías de derechos humanos y procedimientos especiales al país, y que el país se abra a la colaboración de los mecanismos de Naciones Unidas.
El incremento de la violencia de género también generó reacciones en varios países. Ocho en total: Namibia, España, Eslovenia, Timor del Este, Ucrania, Bahréin, Republica Dominicana y Estonia recomendaron tomar acciones concretas para eliminar la discriminación contra las mujeres y niñas y para proteger derechos de mujeres.
También, pidieron aumentar esfuerzos para evitar violencia contra mujeres y niñas, evaluar la participación igualitaria de la mujer en cargos públicos y procurar el acceso de las mujeres a la justicia en el cumplimiento de la ley de violencia contra la mujer.
En cuanto a la violencia en general, siete Estados se pronunciaron. Israel, Austria, México, Montenegro, España, Bangladesh y Costa Rica pidieron acciones con respecto a la violencia y discriminación; instaron al entrenamiento en DDHH a funcionarios policiales u oficiales y proseguir con los esfuerzos para combatir la delincuencia con un enfoque preventivo y de DDHH en seguridad ciudadana.
También manifestaron preocupación por las políticas de represión a la oposición y las manifestaciones, así como uso excesivo de la fuerza.
Finalmente, Uruguay pidió ratificar la convención contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas.
Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC)
