La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la reciente Orden Ejecutiva, anunciada el 30 de enero de 2018 por el gobierno de los Estados Unidos, la cual establece que las instalaciones de la prisión militar estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, permanezcan abiertas y abre la posibilidad de que nuevas personas detenidas sean transferidas en el futuro. A la luz de esta nueva orden, la Comisión reitera su llamado urgente a los Estados Unidos para el cierre inmediato de las instalaciones de la Base Naval en la bahía de Guantánamo.
La Comisión Interamericana ha monitoreado continuamente la situación de derechos humanos de las personas detenidas en la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, desde la apertura del centro de detención en 2002, otorgando un número de medidas cautelares a favor de los detenidos y publicando su informe de 2005 Hacia el cierre de Guantánamo. La Comisión fue el primer organismo internacional en llamar a los Estados Unidos a adoptar pasos urgentes para respetar los derechos básicos de los detenidos, dos meses después del arribo de los primeros prisioneros en enero de 2002, y ha utilizado múltiples mecanismos para abordar la situación en Guantánamo.
La Comisión repetidamente ha solicitado autorización del Estado para visitar las instalaciones de la prisión militar, en 2007, 2011, 2013, y 2015; sin embargo, todas estas peticiones han sido negadas. Desde 2013, la Comisión ha recomendado a los Estados Unidos cerrar inmediatamente las instalaciones de detención militar en la estación naval en la bahía de Guantánamo. Hasta la fecha, el Estado no ha cumplido con estas medidas. El anuncio de la reciente Orden Ejecutiva representa la clara intención del Estado de incumplir con estas medidas.
“La Comisión Interamericana considera que la emisión de esta Orden Ejecutiva, que revoca la política previa del Estado de transferir a detenidos fuera de las instalaciones de Guantánamo, marca un claro retroceso. La Comisión reitera, una vez más, que la continua detención indefinida de personas en Guantánamo sin el debido proceso es arbitraria y constituye una clara violación a normas internacionales” dijo Francisco José Eguiguren Praeli, Presidente de la Comisión. “Ya hace mucho tiempo que Estados Unidos debía cerrar las instalaciones de Guantánamo, las cuales se han vuelto un símbolo de abuso alrededor del mundo y socavan los llamados de Estados Unidos hacia otros países para respetar los derechos humanos,” continuó.
En dicho sentido, el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, señaló: “Es tiempo de que Estados Unidos transfiera a los detenidos restantes fuera de Guantánamo, regresando aquellos en detención indefinida a sus países de origen o a terceros países, y tratar los casos de aquellos que enfrentan persecución ante comisiones militares en cortes federales. Durante más de quince años, las comisiones militares en la bahía de Guantánamo han fallado en proporcionar revisión judicial independiente de la legalidad de la detención, o el debido proceso. En años recientes, las comisiones militares han estado plagadas de denuncias de graves defectos en el debido proceso, incluyendo vigilancia gubernamental de reuniones de abogados defensores con clientes, fallos en proporcionar acceso a evidencia exculpatoria, y graves fallos en asegurar un juicio imparcial. Además, siguen sin investigarse las denuncias de tortura y negándose cuidados médicos y psicológicos apropiados a los detenidos”.
Adicionalmente, la Comisionada Margarette Macaulay, Relatora de la CIDH para Estados Unidos, destacó: “La detención indefinida de personas, como ocurre en Guantánamo, es arbitraria y constituye una grave violación al derecho internacional de los derechos humanos. La decisión de Estados Unidos de permitir que continúe abierto indefinidamente el centro de detención en la base naval ubicada en Cuba, y de plantear la posibilidad de transferir nuevos detenidos allí, es contraria a todas las recomendaciones que la Comisión Interamericana ha estado realizando a Estados Unidos a lo largo de los años, y es contraria a sus obligaciones internacionales”.
La Comisión reitera su profunda preocupación por las garantías del debido proceso para los detenidos de Guantánamo. La Comisión sostuvo una audiencia temática durante las sesiones públicas en la Ciudad de México en septiembre de 2017 sobre presuntas violaciones de los derechos humanos en los juicios que se llevan a cabo sobre detenidos de Guantánamo ante comisiones militares. En esta audiencia, la Comisión recibió información alegando repetidas violaciones al debido proceso, como el privilegio abogado-cliente del acusado por el gobierno de los Estados Unidos, así como falta de independencia judicial del Departamento de Defensa. En este sentido, la Comisión señala su profunda preocupación ante el anuncio, realizado en octubre del año pasado, de que casi todos los abogados defensores del detenido Saudi Abd al Rahim al Nashiri en Guantánamo renunciaron a su caso. La razón esgrimida por sus defensores es que se enfrentan a conflictos éticos imposibles de resolver, como consecuencia de la falta de voluntad del gobierno de Estados Unidos para garantizar el privilegio abogado-cliente en el centro de detención de Guantánamo.
Asimismo, la Comisión reitera sus constantes preocupaciones de que se siga negando a los detenidos el acceso a adecuada atención médica, psicológica, y psiquiátrica para abordar los impactos duraderos de los actos de tortura, que han sido ampliamente documentados en el centro de detención de Guantánamo, así como la falta de garantías para asegurar la libertad de religión dentro de la instalación. La Comisión reitera su preocupación de que el Estado nunca ha proveído una clara justificación para la aplicación exclusiva de este régimen a hombres musulmanes extranjeros, lo cual crea la apariencia de que discrimina en contra de individuos en base a su nacionalidad, etnicidad, y religión.
La Comisión reitera su llamado a los Estados Unidos a cerrar el centro de detención en la bahía de Guantánamo lo más pronto posible, siguiendo las recomendaciones específicas contenidas en “Hacia el cierre de Guantánamo” designado para alentar a los Estados Unidos a cumplir propiamente sus compromisos bajo la ley internacional de derechos humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
