CIDH celebró audiencia sobre la situación de derechos humanos de los adultos mayores en Venezuela │ PROVEA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró este jueves -en el marco de su 169º período ordinario de sesiones-, una audiencia sobre “Crisis política en Venezuela y sus efectos sobre las personas mayores y comunidad LGBTI”, luego que las organizaciones Convite Asociación Civil (Convite A.C.), Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Jubilados y Pensionados, Unión Afirmativa de Venezuela, Acción Ciudadana contra el Sida, y Provea, solicitaran al organismo concediera este espacio para visibilizar la dramática situación que padecen ambos grupos en el marco de la emergencia humanitaria que atraviesa el país.

La audiencia se llevó a cabo en la ciudad de Boulder, Colorado, Estados Unidos y contó con la participación de Marino Alvarado, de Provea; José Francisco Cabezas de Convite; y Edgar Silva en representación del Comité de Derechos Humanos de los Jubilados y Pensionados.

En la audiencia se expuso ante la CIDH la situación de violación de los derechos a la alimentación; a la seguridad económica; a la salud; a la seguridad personal; a la propiedad y a la vida de las personas mayores en Venezuela; las consecuencias del acelerado aumento de la pobreza en Venezuela y su impacto en la garantía del derecho a la alimentación y la salud; los obstáculos generados por el Estado venezolano para el disfrute del derecho a la alimentación y a la seguridad económica; el alcance de las dificultades existentes para garantizar abastecimiento de alimentos, sus consecuencias y la necesidad de la adopción de medidas urgentes y eficaces por parte del Estado venezolano para resolver estas dificultades.

En Venezuela según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) hay aproximadamente 4.288.734 personas de 60 años y más. Esto representa el 9,71% de la población total. Este segmento poblacional tendrá un importante crecimiento: para 2025 y 2040 representarán el 13% y 19% del total de la población, respectivamente.
Sin embargo, Venezuela no cuenta con planes adaptados al acelerado envejecimiento de la población conforme a las recomendaciones del Plan de Acción Internacional de Viena sobre Envejecimiento –aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982 (resolución 37/51)
Vale la pena destacar los resultados de los índices que anualmente elabora la ONG “HelpAgeInternacional”, sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores en 96 Estados a nivel mundial en cuatro categorías (seguridad de ingresos, estado de salud, competencias: empleo y educación, y entornos favorables). En estos estudios, desde el año 2013, Venezuela ha quedado en los puestos más bajos de este índice, siendo en el año 2014 el peor país dentro de Latinoamérica, y en el año 2015 solo fue superado por Honduras dentro de la región.
Cabe destacar, que el Estado venezolano no ha suscrito la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores que data del año 2016.
Las instituciones de acogida de personas mayores según un estudio de campo realizado por Convite en 2017 en el Estado Miranda y el área metropolitana de Caracas revelo que han cerrado un 30% en comparación con la cantidad de instituciones que se visitaron en un estudio muy similar realizado en 2012. En este mismo estudio se aplico un instrumento a 96 entidades de atención y el 88% de estas confirmo que su principal problema es abastecerse de manera regular de alimentos y en segundo lugar de medicinas.
De estos mismos 96 ancianatos visitados se pudo constatar que 26% manifestaron que han tenido que eliminar comidas para rendir la despensa de alimentos entre tanto 31% tuvieron que disminuir la porción de comida con el mismo propósito.
Durante todo el año 2017 Convite AC realizó monitoreo de peso y talla en 25 casas de abuelos del Estado Miranda y gracias a estos datos pudimos constatar que las personas mayores que asisten a estas casas estaban perdiendo 1.3 Kg de peso mensualmente, lo cual es grave ya que supone perder anualmente casi 16 kg fundamentalmente de masa muscular, principal protector de la estructura ósea de las personas mayores.
Recientemente el informe de victimización de personas mayores fue actualizado por la organización Convite y se logró totalizar en el año 2017 la cantidad de 321 homicidios, lo que representa un incremento del 50% con respecto a las 213 personas mayores asesinadas en 2016. Cabe destacar, que dichas cifras pueden tener un subregistro puesto que el informe solo recoge la información de hechos violentos registrados en portales web a nivel nacional.
Un dato preocupante del informe de victimización 2017 es como los suicidios reseñados en medios de comunicación digital pasaron de 15 reportados en el mismo estudio, pero del año 2016 en 10 estados a 25 en 2017 en solo 4 estados. La tendencia para 2018 pareciera agravarse puesto que solo en el Estado Trujillo al mes de mayo se reportan 26 suicidios de los que 9 son de personas mayores, y la mayoría de estos últimos estaban asociados a motivos de salud, falta de medicinas y medios de vida.
Al menos 6 personas mayores perdieron la vida en hechos violentos suscitados en las colas por comprar alimentos y otras 4 murieron haciendo la cola para cobrar la pensión.
Hoy Venezuela atraviesa una epidemia de malaria, Las personas mayores afectadas por malaria en la semana epidemiológica 26 del 2015 fueron 1.886 eso representó 82% más de casos que los encontrados en la misma semana del año 2014 (1.032 casos). Sin embargo, para la semana 52 del año 2016 último boletín publicado por el Ministerio de Salud, el año cerró con 8781 casos de malaria en personas de 60 años y más.
En el último levantamiento del índice de escasez de medicinas realizado por Convite AC en la segunda semana de agosto de este año en el AMC, Mérida, Maracaibo, Porlamar y Barquisimeto la canasta básica de medicinas para tratar la diabetes e hipertensión arrojaron respectivamente 83,3% y 79% de escasez. Cabe destacar que diabetes e hipertensión son las dos principales causas de morbilidad de las personas mayores.
Es importante reconocer que la cobertura de personas pensionadas por vejez en Venezuela ha ido aumentando, pero a un ritmo irregular, sin datos detallados que permitan determinar el nivel de acceso de la población mayor a estas pensiones. El Ejecutivo ha venido reportando incrementos del número de pensionados, sin especificar el tipo de pensión por sobreviviente, invalidez, incapacidad o vejez, ni desagregar a través de qué programas y criterios se otorgan.
En 2014, el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, consignó a Provea 39 denuncias de mora injustificada para tramitar las pensiones del IVSS. Ese mismo año, el Comité exigió al IVSS la publicación de los listados en la página web del organismo, pero esta petición fue desestimada, alegando que la verificación de datos de los nuevos pensionados, disponible en la web, es suficiente. En la jornada electoral previa a las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) promocionaron por los medios de comunicación públicos, el otorgamiento discrecional de pensiones, hechos que no fueron objeto de ninguna investigación por parte de las instituciones competentes. El 23 de febrero de 2014, el Presidente de la República ofreció un bono de salud y recreación a todos los pensionados, que no se cumplió. En febrero de 2015, anunció nuevamente que dicho bono comenzaría a ser entregado en marzo de 2015.
Más recientemente, el gobierno aprobó unilateralmente la reconversión monetaria y con ella desde el 20 de Agosto entro en vigencia un nuevo cono monetario, con este cambio vino un nuevo aumento de salario mínimo llevándolo a 1.800 bolívares soberanos, incluyendo a los pensionados. Cabe destacar, que para el mes de Julio cuando aún no entraba en vigencia el nuevo cono monetario la canasta alimentaria que mide el CENDAS costaba 295 millones 821 mil 795 bolívares fuertes, eso equivaldría a 2.958 bolívares del nuevo cono monetario que rige, eso sin sumar la inflación de Agosto y Septiembre que mensualmente puede ser de 40%. Esto nos permite inferir que la actual pensión solo cubre escasamente el 5% de la canasta alimentaria.
Recientemente, el Ejecutivo Nacional anunció el 100% de cobertura de la pensión, alegando que habrían llegado a la cantidad de 4.095.023 pensionados, sin embargo, a la fecha no se cuenta con el listado de pensionados que certifique esa cifra y aun tomándola por cierta estaríamos hablando de que quedan por fuera cerca de 700.000 personas. Es grave que el gobierno hable de cobertura al 100% pues invisibiliza a un gran número de personas.
Hay que denunciar que el gobierno no solo incumple el pago del bono de alimentación y medicinas aprobado unánimemente por la AN sino que con la reconversión monetaria el Estado eliminó el ya insuficiente “bono de guerra económica” para los pensionados.
Denunciamos la situación de 12.000 pensionados en el extranjero que a la fecha tienen 34 meses sin que el Estado les cancele su pensión, incumpliendo con ello el convenio bilateral suscrito por la Republica con 6 países.
Finalmente, más recientemente frente a la escasez de papel moneda en las entidades bancarias las personas mayores y en especial las pensionadas están enfrentado terribles situaciones de vulneración de sus derechos, en primer lugar, para disponer de sus fondos puesto que las entidades bancarias limitan el retiro de efectivo por día, lo que hace que deban acudir entre 10 y 15 veces para retirar el monto de su pensión. A esta situación debe sumarse las condiciones que deben enfrentar para hacer los retiros, largas colas desde horas de la madrugada y bajo inclemente sol ya han empezado incluso a cobrar víctimas fatales, específicamente en Maracaibo, Barinas y Barquisimeto. Cabe destacar, que desde el gobierno se ha ordenado a la SUDEBAN –ente que regula al sector bancario- la entrega de la totalidad de la pensión en efectivo, sin embargo, tal medida a la fecha no se ha hecho efectiva, al consultar a personal bancario las razones, alegan que la remesa de efectivo no es suficiente para pagar a todos los pensionados.
Recientemente, el gobierno impuso la exigencia del uso del carnet de la patria como requisito indispensable para el cobro de las pensiones, dicha medida tuvo que ser revertida por el ejecutivo tras fuertes protestas a nivel nacional del movimiento de pensionados y jubilados.
Durante el cobro de pensiones en el mes de Agosto se tiene conocimiento de al menos 17 protestas de pensionados en diversas partes del país, dichas protestas se han suscitado por no recibir completo su pago, en el marco de dichas protestas la Fundación Kosmos que lleva monitoreo de protestas, contabilizo 3 personas mayores arrolladas y otras 3 agredidas por cuerpos policiales
Hay una situación de omisión legislativa que afecta de los derechos de los pensionados y jubilados, actualmente no hay ley de pensiones ni de salud que se correspondan con el actual texto constitucional.

Peticiones

Por las situaciones antes descritas, realizamos ante la honorable comisión y el Estado venezolano las siguientes peticiones:

Instar al Estado venezolano a atender de manera urgente la problemática de la falta de atención en los centros de salud públicos, y el desabastecimiento de medicinas, que afecta especialmente a las personas mayores, paciente con padecimientos crónicos, personas con vih, trasplantados entre otros.
Instar al Estado venezolano a aumentar las instituciones de cuidado a las personas mayores en el país y garantizar cumplimiento de condiciones físicas y económicas adecuadas de todos los centros existentes.
Exhortar al Estado a aceptar, lo más pronto posible, la entrada de la cooperación humanitaria al país para atender la grave escasez de medicinas e insumos médicos.
Exhortar al Estado a que se privilegie el suministro regular de alimentos a entidades de atención, especialmente aquellas de índole filantrópica que atienden personas mayores, niños, personas con problemas mentales en especiales condiciones de vulnerabilidad.
Exhortar al Estado a avanzar en la inclusión universal de las personas mayores al sistema de pensiones, garantizando acceso a la salud y a la recreación.
Exigimos al Estado la efectiva cancelación de la pensión a través de los medios habituales y que más facilidades brinde a las personas mayores, siendo en este caso la cancelación en efectivo, el medio que más aprecian las personas mayores.
Exigimos el cese de la exigencia del carnet de la patria como requisito para cobrar la pensión o para acceder a cualquier otro derecho
Exigimos al Estado honrar la deuda que tiene con los más de 12.000 pensionados en el extranjero.
Exigimos al Estado publicar las cifras oficiales actualizadas de las personas que han recibido pensiones de vejez por los distintos programas existentes, así como los criterios de asignación, a fin de garantizar transparencia y no discriminación.
Solicitamos al Estado dar el ejecútese financiero a la aprobada ley de bono de alimentación y medicinas para pensionados.
Instamos al Estado a impulsar la construcción de un Plan Nacional de Envejecimiento en el que los distintos niveles de gobierno (nacional, regional y local), organizaciones de la sociedad civil, universidades y colectivos organizados de adultos mayores desarrollen líneas estratégicas que permitan garantizar un envejecimiento digno, activo y saludable.
Exigimos al estado la suscripción de la convención interamericana para la protección de las personas mayores.
Solicitamos a la honorable Comisión realizar acciones de monitoreo sobre las condiciones de vida de las personas mayores no solo de Venezuela sino también del continente, existe una deuda con este colectivo que cada día crece y sus derechos disminuyen.