La Comisión de Finanzas del parlamento venezolano informó este lunes que la cifra de inflación correspondiente al año 2017 se ubicó en 2.616%, mientras que para el mes de diciembre la tasa de inflación se situó en 85%, según señalaron los diputados José Guerra y Rafael Guzmán.
“Empezamos en un 18% de inflación para el mes de enero, terminamos el año en 85% y con una inflación acumulada para el año 2017 de 2.616%”, señaló el diputado Rafael Guzmán, quien advirtió que si no se le presta atención al llamado de la AN, “en 2018 llegaremos a 14.000% de hiperinflación, puesto que no existirán recursos para poder adquirir algún producto, lo que causará que la población dependa del Gobierno nacional que, a su juicio, “tampoco tiene suficiente para alimentar a 30 millones de venezolanos”.
José Guerraindicó que el 85% de inflación del mes de diciembre es mayor “que la inflación acumulada de toda Latinoamérica” y que este factor hiperinflacionario es responsabilidad del Banco Central de Venezuela, debido a la “impresión de dinero para seguir financiando al Gobierno”.
Los parlamentarios propusieron un plan nacional para la estabilización de la economía de Venezuela, enfocado en la eliminación del control cambiario, la detención de la impresión de dinero inorgánico, el refinanciamiento de la deuda externa, a través de un plan económico para los compradores de bonos; y la asistencia financiera internacional.
BCV e INE continúan la senda de la opacidad
Por tercer año consecutivo el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística dejaron de divulgar información oficial sobre pobreza e índices de precios al consumidor, obstaculizando el derecho a la información e impidiendo el ejercicio de la contraloría ciudadana, previstos en la Constitución Nacional.
De acuerdo a los Principios Rectores sobre la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas mediante la resolución 21/11, aprobada en septiembre de 2012, los Estados están llamados a crear un entorno propicio que facilite y promueva la capacidad de las personas, las organizaciones de base comunitaria, los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales de combatir la pobreza y empoderar a las personas afectadas por ella para que reivindiquen sus derechos. Ello incluye poder contar con la información oficial sobre los avances, estancamientos y retrocesos en materia de lucha contra la pobreza, con el objetivo de poder generar consensos sobre la forma de aplicar las normas de derechos humanos en los esfuerzos por combatir la pobreza.
La dictadura de Nicolás Maduro se ha convertido en una verdadera fábrica de pobreza. La negación del derecho a un nivel de vida adecuado a los venezolanos, se expresa en la profundización de la miseria y el hambre que azota a millones de pobres. Pobreza, escasez de alimentos y medicinas junto al alto costo de la vida y un deterioro considerable de los servicios públicos, sumados a una creciente inseguridad ciudadana, han deteriorado considerablemente el nivel de vida de la familia venezolana hasta configurar un cuadro de emergencia humanitaria compleja. Una situación que se traduce en una masiva y grave violación de los derechos humanos.
Prensa Provea
