La escalada de la confrontación, violencia socio-política y crisis de gobernabilidad se acelera en Venezuela. Quizás tanto o más que la precariedad de alimentos y medicinas, la violación sistemática de los derechos humanos por organismos encargados de garantizarlos y las acciones anárquicas de individuos, bandas y grupos paramilitares, que ya causan dolor e indignación social en todo el país, con
su secuela de ataques, saqueos y muerte.
Una multiplicidad de organismos internacionales y diversos sectores de la vidanacional –gremios, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, gremiales, academias, educativos, sanitarios, comunitarios, religiosos, comunicacionales, sindicatos, etc.,–han advertido en torno a los riesgos de esta escalada de violencia, situación que se agudiza con la decisión gubernamental de imponer, a través de procedimientos ilegales y el apoyo del Consejo Nacional Electoral, una constituyente corporativa como recurso para convertir en mayoría lo que a todas luces es una minoría del país, y así aglutinar sus fuerzas con evidentes propósitos políticos y militares para consolidar el control absoluto del poder.
La ampliación de su actuar represivo que ejerce con apariencias seudo legales – por ejemplo el desconocimiento y graves agresiones a la Fiscalía General de la República y a la Asamblea Nacional al margen de la Constitución y de las leyes-, agudiza la división de la sociedad venezolana y contribuye tanto a agudizar el Estado fallido que padecemos como a incentivar la emergencia de un Estado
paralelo de las fuerzas que se oponen al proyecto autoritario. Dicho contexto,puede favorecer episodios masivos de violencia, en los que impere la lucha por territorios y recursos, cuya dificultad de contención y control puede desbordar las medidas institucionales y derivar en otro de los conflictos intra estatales y guerras
fratricidas que se viven a nivel mundial.
A este enfrentamiento entre instituciones del Estado: El Poder Ejecutivo, el Judicial, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo por una parte, y por la otra, el Poder Legislativo y la Fiscalía, se agregan múltiples y diversos sectores que resisten en la calle y en otros espacios sociales, con tenacidad y compromiso, la arremetida autoritaria y militarista, sean partidos y grupos de oposición organizados o no en torno a la MUD; sean grupos y diputados disidentes y críticos del “chavismo”.
En ese ambiente diverso y plural con diferentes perspectivas ideológicas, pero también coexistiendo en ese contexto de confrontación cada vez más crudo y violento, hay que construir un espacio de negociación, de unidad nacional que garantice una transición pacífica y democrática. Espacio que conduzca a conversaciones, entendimientos y posibles negociaciones con todos los factores en disputa sin excepción, con el apoyo técnico e internacional más adecuado. Esfuerzo que propicie un necesario gobierno de transición y fortalezca la República.
Aquí, en esta coyuntura crucial para construir una paz inclusiva y sostenible en democracia, cabemos todos. Todos unidos, los ciudadanos que defendemos los principios de justicia, paz y derechos humanos contemplados en la Constitución de 1999, hoy verdadero pacto social, núcleo y norte de la reconstrucción nacional.
Para ello nos hemos convocado y estamos convocando.
Arnaldo Esté, Alberto Lovera, Ignacio Avalos, José María Cadenas, Francisco Alfaro, José Virtuoso, S.J, Luis Lander, Luzmely Reyes, Margarita López Maya, María Teresa Urreiztieta, Mireya Lozada, Rafael Uzcategui, Verónica Zubillaga.
Caracas, 6 de julio 2017
La adhesión personal e institucional puede enviarse a:
[email protected]
Aquí Cabemos todos
