Con la pandemia del coronavirus poniendo a prueba los sistemas de atención médica en todo el mundo, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) hacen un llamado de atención sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas refugiadas y migrantes de Venezuela.
“En un momento en que la atención mundial se centra en el COVID-19, y a medida que los gobiernos y las comunidades, en especial los trabajadores de la salud, se unen heroicamente para combatir este virus, no debemos perder de vista las necesidades de los millones de refugiados y migrantes venezolanos”, sostuvo Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela.
“El COVID-19 ha paralizado muchos aspectos de la vida, pero las implicaciones humanitarias de esta crisis no han cesado, y nuestra acción coordinada sigue siendo más necesaria que nunca. Instamos a la comunidad internacional a aumentar su apoyo a los programas humanitarios, de protección e integración, de los que dependen la vida y el bienestar de millones de personas, incluidas las comunidades de acogida”.
La emergencia mundial actual de salud pública ha agravado la ya difícil situación de muchas personas refugiadas y migrantes de Venezuela y de sus comunidades de acogida. Se necesita con urgencia financiación para prestarles ayuda.
Muchos dependen de ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y atención médica; otros no tienen un techo sobre sus cabezas. Ante un aumento del miedo y de los disturbios sociales, los refugiados y migrantes de Venezuela también corren el riesgo de ser estigmatizados.
Los gobiernos de la región han estado liderando y coordinando la respuesta para garantizar que aquellos que salen de Venezuela puedan acceder a derechos y documentación. Pero en la medida que las capacidades nacionales se están viendo saturadas hasta un punto crítico, el bienestar y la seguridad de los venezolanos y sus comunidades de acogida están cada vez más en riesgo.
Millones de refugiados y migrantes, y las comunidades que los acogen, continúan necesitando apoyo urgente, particularmente a medida que el impacto económico de la pandemia del coronavirus comienza a percibirse en América Latina y el Caribe.
La coordinación de la respuesta humanitaria a personas refugiadas y migrantes de Venezuela es liderada por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial (Respuesta a venezolanos – R4V), complementada por ocho plataformas nacionales o sub-regionales. Las plataformas operan a través de un enfoque sectorial con la participación de 137 socios. Además, la OMS-OPS lidera los aspectos relacionados a la salud en la respuesta al COVID-19.
La Plataforma Regional ha activado una revisión crítica de todas las operaciones en la región para priorizar la protección y las acciones de asistencia vitales, así como promover la inclusión de refugiados y migrantes en los programas nacionales. En estrecha coordinación con la OMS-OPS, R4V también colabora con las autoridades nacionales y locales para abordar los nuevos desafíos y brindar apoyo básico a los refugiados y migrantes venezolanos, así como a las comunidades de acogida.
Mientras se mantienen las medidas de distanciamiento físico, los socios están implementando una serie de actividades de prevención y respuesta en los principales lugares donde se alojan refugiados y migrantes de Venezuela. Estas actividades aseguran que las personas puedan acceder adecuadamente a la información, agua potable, jabón y al tratamiento adecuado de residuos. Las organizaciones trabajan a tiempo completo para encontrar formas innovadoras de apoyo a las personas más vulnerables en el contexto actual, al tiempo que acompañan a las autoridades nacionales para establecer espacios de observación y aislamiento para posibles casos positivos de COVID-19.
Hasta ahora, el Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes (RMRP, por sus siglas en inglés) lanzado en noviembre de 2019 para responder a las necesidades más urgentes de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela en 17 países, así como a las de las comunidades locales de acogida. Hasta el momento ha recibido menos del tres por ciento de los fondos solicitados, lo que podría poner en riesgo la continuidad de los programas de asistencia en toda América Latina y el Caribe.
