El reciente informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, confirma el quiebre institucional y la violación sistemática de derechos en Venezuela. La vulneración de garantías fundamentales registradas por la funcionaria incluye la vulneración de derechos económicos y sociales como el derecho a la alimentación y a la salud, de derechos civiles y políticos como el derecho a la justicia; la libertad de opinión y de expresión; además de constatarse la represión selectiva y la persecución por motivos políticos.
El documento evidencia que el responsable de la ausencia de derechos para los ciudadanos y de la emergencia humanitaria es el Estado. Subraya que se han aplicado leyes, políticas y prácticas que han llevado a la erosión del estado de derecho y al desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional (AN). Se cuestiona que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuyos miembros fueron electos de forma ilegítima en agosto de 2017, reemplazó de facto las atribuciones del Poder Legislativo.
La comisionada Bachelet puntualizó que desde 2016, después de que la oposición ganó la mayoría de los curules del Parlamento, se incrementó la represión selectiva de la oposición política, así como ha habido mayores restricciones al limitado espacio democrático del país. “Las leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al Gobierno mediante disposiciones vagas, aumentos de sanciones por hechos que están garantizados por el derecho a la libertad de reunión pacífica, el uso de la jurisdicción militar para personas civiles, y restricciones a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para representar a víctimas de violaciones”, indica el documento.
Asimismo, la oficina de la Alta Comisionada puso la lupa sobre el caso de 135 presos políticos, en su mayoría detenidos arbitrariamente o sometidos a desapariciones forzadas.
Dentro de sus recomendaciones, el informe Bachelet pide al Estado liberar a los presos políticos. De acuerdo con la última lista que Foro Penal consignó ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en Venezuela hay 614 presos políticos, de los cuales 17% son militares (107).
También se exhorta al Estado a disolver a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). “Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un ‘escuadrón de la muerte’ o un ‘grupo de exterminio’. Según informes de ONG, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas”, aseguró la alta comisionada.
Poder absoluto y cooptación de la justicia
El contundente informe denuncia que el Ministerio Público, los jueces y la Defensoría del Pueblo “no realizan investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales”.
Este último aspecto ha sido enfatizado por Acceso a la Justicia que, en marzo de 2019, advirtió que “el régimen político, que gobierna a Venezuela desde 1999, creó una verdadera hoja de ruta de toma del poder absoluto, en la que la cooptación del sistema de justicia, y en especial, del Poder Judicial ha sido clave. El resultado de ello ha sido que de manera progresiva el Poder Judicial ha ido invirtiendo su rol, de modo que en vez de proteger los derechos de los ciudadanos y la Constitución, se ha ido transformando en ‘legalizador’ de lo que se hace desde el poder, convirtiéndose con el tiempo también en un importante órgano de represión”.
Acceso a la Justicia reitera que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no cumplió con su atribución de ser el garante de la Constitución. Por el contrario, considera que con la complicidad del resto de los Poderes Públicos, el TSJ se convirtió en el brazo ejecutor de la dictadura al anular mediante 100 sentencias hasta la fecha, las competencias del Legislativo. El quiebre institucional generado ha derivado en el colapso del país en todos los ámbitos, pues el Estado dejó de cumplir con sus funciones y la población sufre hoy en día las consecuencias en medio de una emergencia humanitaria compleja, en la que los derechos básicos esenciales sólo quedaron en el papel.
Sobre la disminución de las condiciones básicas de vida, Acceso a la Justicia refiere los datos recabados por Cáritas de Venezuela: 72% de los hogares reporta el deterioro de su alimentación, 67% ha incurrido en alguna forma de privación alimentaria, mientras que 200% es la variación intermensual de la canasta básica.
El registro de la Alta Comisionada de Naciones Unidas constató la discriminación con base en motivos políticos y el control social mediante el Carnet de la Patria.
Por otra parte, el informe Bachelet deja claro que el Estado niega su responsabilidad en el resguardo de los derechos humanos al justificar su ineficiencia con las sanciones internacionales. “El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. El Gobierno ha atribuido la culpa de la crisis económica a las sanciones impuestas a Venezuela”, refiere el informe.
Detener la tortura
El informe de la Alta Comisionada de la ONU fue difundido una semana después de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien se encontraba preso en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en medio de denuncias sobre tortura. Sobre este aspecto, en las recomendaciones, Michelle Bachelet solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para “cesar, subsanar y prevenir las violaciones de derechos humanos en el país, especialmente las referentes a torturas y ejecuciones extrajudiciales”.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Cuando la más autoridad de Naciones Unidas en materia de derechos humanos debe visitar un país y hacer un informe sobre el mismo, esto da cuenta de la gravedad de la situación y, por ello, el informe resulta relevante para todos, primero porque escuchó directamente a la víctimas que a diario son ignoradas por el estado venezolano, y en segundo porque registra la tragedia de la realidad venezolana y la pone en foco de la comunidad internacional; esto es fundamental, porque si la misma no estuviera pendiente de la realidad venezolana, pocas serían nuestras esperanzas de un cambio para eliminar las causas de la miseria que nos ataca.
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