57 Organizaciones expresaron su rechazo a la Comisión de la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad Pública (CVJPTP)

Las organizaciones abajo firmantes, miembros de la sociedad civil y del movimiento de los derechos humanos, declaramos que rechazamos la propuesta, constitución y actual funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente  (ANC) que se adelantó de manera unilateral, violando principios constitucionales y derechos humanos de los venezolanos, configurándose en una acción constante de desconocimiento de la voluntad soberana por parte del propio Estado siendo su existencia ilegal, ilegítima y usurpadora de la soberanía popular, como hemos expresado anteriormente.

La ilegítima Constituyente creó el pasado 8 de agosto, la Comisión de la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad Pública (CVJPTP), a través de una “Ley Constitucional”, la cual en sí misma representa un abuso de poder y un acto en contra de la soberanía popular, ya que la ANC no puede dictar leyes.

La única institución que puede hacerlo es la Asamblea Nacional, como expresión del Poder Legislativo Nacional, siendo entonces la existencia de una “ley constitucional” una violación a la Constitución de 1999, aún vigente.

Con este tipo de actos la ilegítima Constituyente se ha subrogado potestades que no le son propias, pretendiendo dictar actos con rango constitucional, lo que no es posible sino en regímenes de facto, desconociendo los principios constitucionales y los contenidos en todos los instrumentos internacionales reconocidos por la República en materia de derechos humanos.

Prueba de ello es que en la creación de la CVJPTP se establece como finalidad la de investigar y determinar responsabilidades de “los hechos de violencia por motivos políticos y de intolerancia, así como sus delitos conexos dirigidos a causar tal violencia, ocurridos dentro de la jurisdicción de la República, durante el período comprendido entre los años 1999 y 2017”.

Esto advierte que a esta ilegítima CVJPTP se le dará un margen de aplicación amplio que desvirtúa la naturaleza una legítima Comisión de la Verdad. La CVJPTP no puede ser considerada una verdadera Comisión de la Verdad, conforme a los estándares internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indica en sus instrumentos para las comisiones de la verdad, que son elementos fundamentales para su constitución: la voluntad política para alentar la realización de investigaciones serias sobre los hechos bajo estudio de la comisión; que el conflicto o las prácticas represivas hayan terminado y que exista interés de las víctimas en participar en el proceso que se desarrolle en la comisión.

Ninguno de estos elementos se constata en la realidad venezolana pues, por ejemplo, ni las víctimas ni la sociedad en general han sido consultadas en cuanto a si quieren o no constituir esta comisión; el conflicto y las prácticas represivas se mantienen, pues hasta la fecha continúan privadas de libertad por razones políticas más de 600 personas y, además, quien dirige la  CVJPTP ha emitido, en reiteradas oportunidades, opinión sobre varios de los casos que estarían bajo su estudio, por lo que la investigación estaría a todas luces viciada, sin que se profundice sobre la arbitrariedad de quienes en general constituyen dicha “comisión”.

Por esta razón alertamos sobre el verdadero propósito de la ilegítima CVJPTP que, en el fondo, lo que se plantea es instaurar y agudizar mecanismos de persecución de la disidencia, y no atender a las necesidades reales y concretas de la población.  Esta instancia determinaría las responsabilidades por delitos de naturaleza política a su libre arbitrio, en un pseudo tribunal que carece de cualquier tipo de independencia, realizando procedimientos a través de “audiencias públicas”, fundamentadas en supuestos poderes supraconstitucionales pero que son procesos políticos que buscan castigos ejemplarizantes, así como desacreditar y anular a la disidencia política, como ha sido mostrado en muchos ejemplos históricos de regímenes totalitarios.

Esta es una manera de criminalizar a quienes disienten y manifiestan su rechazo al actual régimen político y de socavar los derechos civiles y políticos de la población. Teniendo en cuenta lo anterior, denunciamos el retroceso político y legal y, en especial, la amenaza a los derechos humanos, promovidos tanto por el Ejecutivo Nacional, como por el Poder Judicial y el Poder Ciudadano.

Rechazamos las acciones del Ejecutivo Nacional, a través la ANC y la constitución de la CVJPTP, al tiempo que mantenemos nuestra firme determinación de velar y requerir al Estado el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales de los derechos humanos del pueblo venezolano.

Desde nuestros correspondientes espacios dejamos en claro que los derechos y principios no se negocian, por el contrario, se exigen, respetan y practican, ya que son anteriores y superiores a la autoridad del Estado y su carácter es universal; de ahí que dependan de la seguridad jurídica, el orden social y la paz.

Instamos al Ejecutivo Nacional a apegarse a los principios normativos nacionales e internacionales; así también, le exhortamos a que detenga toda acción sistemática de persecución y de generación de zozobra hacia la dirigencia política, grupos minoritarios, organizaciones civiles y religiosas, al igual que al resto de la población.

Solicitamos a la comunidad internacional continuar atenta a la crisis generada por la creación de la ilegítima ANC y solicitamos  el desconocimiento y rechazo de todo órgano supraconstitucional, incluyendo a la CVJPTP. 

Desconocemos todo régimen, legislación y autoridad que contraríe los valores, principios, garantías y libertades consagradas en la Constitución Nacional, así como en los distintos tratados internacionales suscritos y ratificados por la República.

La ciudadanía demanda un sistema social, político y económico capaz de fomentar condiciones que dignifiquen su propia existencia en sociedad.

En la ciudad de Caracas, a los 21 días del mes de agosto del año 2017.

Suscriben este documento: