170 ONG venezolanas del movimiento de derechos humanos autónomo contribuyeron con más de 50 informes al 2do examen en DDHH de Venezuela, pautado para el próximo 01 de noviembre. En estos informes, las ONG abarcan 25 temas donde existen severas situaciones restrictivas y violatorias de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, en los cuales se recogieron 90 retos que exponen las problemáticas más críticas para la población venezolana en la actualidad, junto a 218 medidas concretas recomendadas al Estado para corregirlas o resolverlas sin retrasos no justificados y de forma eficaz, conforme a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Ver aquí Hojas Informativas sobre Contribuciones de la Sociedad Civil Venezolana al EPU 2016
El escenario de Venezuela en este 2do examen es muy distinto a cuando se examinó por primera vez en el 2011. En aquella oportunidad, Venezuela recibió 148 recomendaciones, donde destacaron las políticas sociales de combate a la pobreza, la falta de independencia del poder judicial, las restricciones a la libertad de expresión y los graves problemas de las cárceles venezolanas. El Estado no aceptó 51 recomendaciones, la mayoría de las cuales se referían a garantizar un poder judicial independiente, el respeto a la libertad de expresión, el diálogo con la sociedad civil y la protección de los defensores de derechos humanos.
La documentación independiente de las ONG, refleja que en los últimos años se intensificaron las violaciones en los temas sobre los cuales el Estado venezolano no quiso aceptar recomendaciones, sumándose ahora medidas tomadas en los últimos años que han conducido a un rápido aumento de la pobreza, la privación extrema de acceso a los alimentos, a la salud y al agua, la monopolización estatal de tierras, fábricas y empresas, la extensión de proyectos extractivistas en una vasta proporción del territorio y la ausencia de planes que permitan a la población afrontar el cambio climático.
También han empeorado de manera severa los derechos a una protección integral de los niños, niñas y adolescentes, a la seguridad social de las personas mayores, a la autonomía económica y política de las mujeres, a la consulta, previa e informada y demarcación de los territorios de los pueblos indígenas, a la inclusión educativa de las personas con discapacidad, a la igualdad de derechos de las personas LGBTI, y a las condiciones de reclusión en las cárceles y el trato digno que deben recibir las personas detenidas y privadas de libertad.
Se agregan a este cuadro altamente desfavorable para los derechos humanos, la ideologización de la educación, las políticas de represión contra las manifestaciones pacíficas, los desalojos forzosos de miles de familias de sectores populares, las deportaciones de migrantes y refugiados por su nacionalidad, las restricciones a la libertad de asociación, las violaciones a la libertad académica y a la autonomía universitaria, la persecución y discriminación por razones políticas, la militarización de la seguridad ciudadana, la vigilancia de las comunicaciones privadas, la aquiescencia de los cuerpos de seguridad frente a actos de violencia contra la población de agentes no estatales, la falta de transparencia y la corrupción, la impunidad y la ausencia de Estado de derecho, y en este último año 2016, la ruptura del orden constitucional con decretos de estados de excepción arbitrarios que desconocen al parlamento y el derecho de los venezolanos a la participación democrática.
Con estas contribuciones, las 170 ONG esperan poner de relieve en este próximo examen del 01 de noviembre en Ginebra, las múltiples problemáticas que afectan los derechos humanos de la población venezolana y puedan ser consideradas por los Estados miembros de las Naciones Unidas en la revisión de Venezuela, a objeto de que se extiendan a la delegación del gobierno venezolano todas las recomendaciones necesarias y urgentes para adecuar sus prioridades, políticas y prácticas con apoyo de la asistencia y la cooperación internacional, en demanda de sus obligaciones con los derechos humanos ante las Naciones Unidas y en función de aumentar su disposición, sus esfuerzos y sus capacidades para cumplirlas.
