Prólogo
Eleanor Openshaw
Directora del Programa para América Latina y el Caribe del Servicio Internacional de Derechos Humanos
Introducción
La investigación multidisciplinaria de 36 años sobre la situación de 14 derechos humanos en Venezuela.
En 2024 Venezuela continuó sumida en una grave situación social, con un salario mínimo estancado desde 2022 y que afecta especialmente a los adultos mayores, cuya pensión está anclada a este valor. Se mantuvo una alta incidencia de pobreza e inseguridad alimentaria y ha continuado el declive de los servicios básicos y de la salud y la educación públicas. A este difícil panorama se suman nuevas restricciones a las organizaciones de la sociedad civil y el desconocimiento de la voluntad popular en las pasadas elecciones presidenciales. En esta sección especial, detallamos cómo se desarrollaron las etapas de este proceso que significó el desconocimiento del artículo 5 de la Constitución: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”.
Prólogo
Contexto | Venezuela 2024
Contexto | Venezuela 2024
Emergencia social y secuestro de la soberanía popular
Con el desconocimiento de los anhelos de cambio expresados en las elecciones del 28 de julio y la represión a las protestas posteriores se socavó definitivamente la institucionalidad democrática y el Estado de derecho.
Hubo un crecimiento moderado en 2024 (3,9%) impulsado por la producción petrolera, pero no se tradujo en aumentos del salario mínimo o de los recursos destinados al sector social.
La Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) mantiene a 86,9% de la población en la pobreza. La necesidad de asistencia humanitaria incluye además a 7,7 millones de personas que han migrado forzadamente.
2025 plantea grandes retos para la sociedad civil venezolana debido a la represión, el cierre del espacio cívico y la vulneración de los derechos sociales de la población.
1. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
Derecho a la alimentación
Hambre sin tregua
Comer en Venezuela sigue siendo un lujo para millones. Venezuela se mantiene entre los 10 países con mayor inflación de alimentos del mundo. En 2024, el salario mínimo solo cubrió el 0,5% de la canasta alimentaria familiar. El 43% de la población enfrenta inseguridad alimentaria sin acceso estable a suficientes alimentos de calidad.
El 10,5% de los niños presenta talla baja para su edad y 9,3% nacen con bajo peso. La situación nutricional de las mujeres embarazadas también refleja esta crisis: el 24,2% presenta anemia. Michael Fakhri, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, durante su visita al país denunció la situación nutricional de la población más vulnerable.
La producción nacional sigue afectada por la crisis estructural del sector agroalimentario. Entre 2007 y 2023 la producción cayó 30%. La superficie cultivada diminuyó 43% en 2024.
Derecho al Ambiente Sano
Emergencia ambiental sin pausa
Contaminación ambiental: al menos 34 derrames petroleros en 2024; estados Falcón (44%) y Zulia (29%) son los más afectados. 70% del Lago de Maracaibo está cubierto por cianobacterias como el verdín, un fenómeno que compromete la salud de las comunidades. Al menos cinco cuencas hidrográficas del Bolívar y Amazonas con alta contaminación por mercurio.
Desforestación: En Lara entre 60% y 70% del bosque ha sido arrasado en dos parroquias del municipio Torres por la explotación de carbón vegetal. Entre 2023 y 2024, Venezuela perdió entre 75.000 y 85.000 hectáreas de bosque en regiones como el Esequibo y Delta Amacuro por efecto de la minería.
La crisis del agua persiste: 69,2% de la población sufre graves restricciones para acceder al servicio, mientras el Arco Minero del Orinoco sigue siendo zona de destrucción y muerte. Solo en el Parque Nacional Yapacana se deforestaron 31 hectáreas y murieron 28 mineros en 10 accidentes reportados.
Derecho a la educación
Escuelas abandonadas, niñez en riesgo
48,1% de la población estudiantil asiste de forma irregular a la escuela. 70% no recibió el PAE en 2024. No se anunciaron medidas para disminuir las barreras económicas de acceso a la escuela. Se avanza en una reforma curricular poco transparente en educación media: no hay información oficial.
El porcentaje del presupuesto nacional cayó entre 2023 y 2024: en el Ministerio de Educación pasó de 18,6% a 10,3% y en el Ministerio de Educación Superior cayó de 5,7% a 2,6%. 40% de la conflictividad laboral de 2024 fue protagonizada por el sector educación porque siguen sin aumento salarial y sin cumplimiento de las convenciones colectivas.
Estudiantes universitarios siguen sin servicios estudiantiles. 45 universitarios detenidos en el marco de la represión post electoral. Elecciones de la Universidad de Los Andes fueron suspendidas por una sentencia del TSJ.
Derechos laborales
Mil días con salarios de hambre, trabajo sin derechos
El salario mínimo en Venezuela cumplió más de 1.000 días estancado en 130 bolívares (2,5 dólares mensuales): Venezuela está en el último lugar de América en materia salarial, aumentando la desigualdad entre empleados públicos y privados.
Se registraron 1.075 protestas laborales, el 20,6% del total nacional. Tras el 28 de julio, se denunciaron al menos 395 despidos de trabajadores públicos como represalia política.
La brecha de género en la participación laboral se mantiene en 23% y persiste una importante brecha salarial: las mujeres venezolanas ganan 22% menos que los hombres. Adicionalmente, ellas siguen cargando con la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado: 6 horas y 18 minutos al día, casi el doble que los hombres.
Derechos de los pueblos indígenas
Minería, violencia y abandono: la triple carga de indígenas en Venezuela
La expansión minera ilegal avanza sobre territorios indígenas, con graves impactos en la salud, el ambiente y la seguridad. 6 cuencas en el Arco Minero del Orinoco están contaminadas por mercurio, afectando a comunidades de Amazonas y Bolívar. Nuevas zonas de extracción en parques nacionales y ríos sagrados intensifican la amenaza.
La crisis también es social: el 31% de la población indígena es analfabeta, 55% no tiene empleo y 98% no asiste a consultas médicas, según Kape Kape. La devastación del territorio va acompañada de militarización, trata, violencia sexual, trabajo forzado y reclutamiento de menores.
En 2024, 2 asesinatos marcaron el continuo riesgo que enfrentan los defensores indígenas: Joaquín Hernández, líder yekuana del estado Amazonas, y Josiah K’Okal, misionero y defensor en Delta Amacuro. Desde 2022, ya son siete personas asesinadas.
Derecho a la salud
Sistema inoperativo: La salud en crisis crónica
8 de cada 10 centros de salud públicos estaban inhabilitados para atender a la mayoría de la población en Venezuela. Más del 75% del personal médico y de enfermería capacitado ha abandonado los hospitales públicos. Desde 2016 no se publican datos oficiales de epidemiología, lo que impide conocer el verdadero estado sanitario del país.
El 69,3% de la población no tuvo acceso a servicios de salud. 11,2 millones de personas con enfermedades graves (39,4%) no cuentan con garantías de atención médica, según la Plataforma HumVenezuela. Aunque el plan de respuesta humanitaria podría ser un apoyo, los fondos disponibles solo cubrieron el 28% de lo requerido.
Provea registró en 2024 99.013 denuncias relacionadas con el derecho a la salud, principalmente por falta de servicios, personal y accesibilidad. La mayoría apuntó a problemas estructurales que siguen sin solución.
Derecho a la seguridad social
Sin pensiones dignas ni transparencia
En 2024 la seguridad social en Venezuela continuó en deterioro. Las pensiones permanecieron ancladas al salario mínimo de 130 bolívares (USD 2,5 mensuales). Frente a esta precariedad, los jubilados y pensionados no se quedaron en silencio: realizaron 347 protestas, el 7% del total nacional.
El presupuesto destinado a seguridad social cayó del 24% al 13% del total nacional en comparación con 2023. La aprobación de una nueva Ley de Pensiones no representó mejoras para jubilados ni pensionados. Los fondos recaudados bajo esta ley se mantienen en opacidad, sin mecanismos de transparencia ni rendición de cuentas.
A pesar de los discursos oficiales sobre inversión social, los bonos entregados a través del sistema Patria no conforman un sistema de protección efectivo: si una familia recibió todos los bonos posibles en el año, habría acumulado apenas USD 92,89.
Derecho a la tierra
Menos producción, más conflictos
En 2024, la superficie sembrada en Venezuela disminuyó un 40% y la producción nacional solo logró cubrir el 57% de la demanda interna de vegetales, según Fedeagro. La falta de financiamiento agrícola (Venezuela es el país con los créditos más bajos del continente al sector) limita la adopción de tecnología y compromete la soberanía alimentaria.
El retroceso en la producción va de la mano con el debilitamiento del acceso justo y seguro a la tierra.
El Estado adjudicó 270 títulos de tierras agrícolas en tres estados y 1.624 títulos urbanos en seis, mientras persisten irregularidades: se denunciaron 6 violaciones al debido proceso en materia de tierras y 20 conflictos relacionados con el derecho a la tierra en al menos 9 estados, siendo Barinas y Amazonas los más afectados.
Derecho a la vivienda
La mentira como política de Estado
Aunque se anunció una meta de 500.000 viviendas construidas en 2024, Provea solo pudo comprobar la entrega de 1.468 viviendas, apenas el 0,29% de lo prometido. En 11 años de gobierno, se han entregado 136.239 casas, un 2,6% frente a los 5.100.000 viviendas que para el 27 de julio dicen haber construido.
Mientras Maduro afirmaba que el sector construcción creció un 25,9%, cifras de Fedecámaras mostraban una caída del 2,2% en el segundo trimestre del año. El contraste entre el discurso oficial y la realidad se evidencia también en la calle: el 24,8% de la conflictividad social estuvo vinculada al derecho a la vivienda.
Los servicios básicos en los hogares siguen deteriorándose: 45,6% reportó fallas constantes de agua, 66% cortes eléctricos y 16,3% carece de baños conectados a cloacas. A esto se suman los desalojos arbitrarios y la corrupción: en octubre, 10 funcionarios fueron detenidos por amenazar con armas a ocupantes de la GMVV para revender estas viviendas.
2. Derechos civiles y políticos
Derecho a la integridad personal
Herir para callar: el cuerpo bajo represión en Venezuela
Entre enero y diciembre de 2024, Provea documentó 209 denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal, que involucraron a 2.808 víctimas. Un aumento de 5,8% respecto a 2023.
2.224 personas fueron víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, lo que representa un alarmante aumento del 88,1% en el último año. Se registraron 72 allanamientos ilegales a nivel nacional, un aumento del 300% respecto al 2023, a pesar del sub-registro existente.
El cuerpo de Custodios Penitenciarios fue el principal responsable, con 2.097 víctimas (74,6% del total) en las cárceles de Venezuela, seguido por el CICPC (106 víctimas) y actuaciones conjuntas de la GNB y la DGCIM (100 víctimas).
Derecho a la justicia
Un Poder Judicial parcializado
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sigue dirigido por actores partidistas y en 2024 jugó un rol fundamental en el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las
elecciones del 28 de julio al usurpar las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). Su falta de imparcialidad se demostró al no admitir los recursos interpuestos por
distintos actores buscando soluciones institucionales
Provea registró 1.209 personas detenidas por motivaciones políticas entre enero y agosto de 2024, quienes sufrieron vulneraciones sistemáticas al debido proceso: 97% sufrieron violación al Derecho a la Defensa, y, en general padecieron falta de acceso al expediente, audiencias de presentación masivas y telemáticas, imposición de defensor público, incumplimiento de las boletas de
Venezuela ocupa el último lugar en el índice del World Justice Project. Este índice ─con un valor máximo es 1─ cayó de 0,31 en 2015 a 0,26 en 2024.
Derecho a la libertad personal
El precio de ser disidente: detención o desaparición
La represión durante 2024 dejó cifras alarmantes: 2.635 violaciones a la libertad personal, un aumento de 1.347,8% con respecto a 2023. El 94% de los casos ocurrieron durante el ciclo de conflictividad postelectoral, dirigido principalmente contra sectores populares: más del 95% de las personas detenidas eran habitantes de comunidades empobrecidas.
Durante 16 días consecutivos, el promedio diario de detenciones fue de 150 personas, superando con creces los picos de años anteriores: 28,8 en 2014, 17 en 2017 y 16 en 2019. Entre los detenidos, la mayoría fueron hombres (78,8%). 5,8% eran adolescentes.
Además, las denuncias por desapariciones forzadas aumentaron un 671,42%. Se ha vuelto una práctica habitual que las personas detenidas por los cuerpos de seguridad no sean presentadas oportunamente a tribunales y no se informe a familiares y abogados el lugar de reclusión.
Derecho a la asociación y participación
Se cierran el espacio cívico y las posibilidades de participación electoral
Se realizaron dos procesos de consulta popular sobre proyectos de los consejos comunales. También se realizó una elección de jueces de paz. No hay datos oficiales sobre cuántas personas participaron en estos procesos.
Las elecciones se realizaron en un ambiente sin garantías para la campaña. La población también vio restringido su derecho a participar por los obstáculos para la inscripción en el Registro Electoral. Cerca de 3 millones de jóvenes podrían estar imposibilitados de votar.
Continuó la tendencia a cerrar el espacio cívico con la aprobación de la Ley de fiscalización regularización actuación y financiamiento de las ong y la Ley Simón Bolívar. Con este nuevo marco legal las organizaciones de la sociedad civil estarán en riesgo. La represión post electoral afectó a personas defensoras: 8 defensores detenidos y al menos 36 fueron víctimas de anulación de pasaportes.
Derecho a la vida
Continúan las ejecuciones extrajudiciales
522 personas fueron asesinadas por efectivos de la fuerza pública durante 2024. 65% de las víctimas fueron jóvenes entre 18 y 30 años y 3,36% fueron adolescentes, en su mayoría de zonas populares. En los últimos cinco años policías y militares han asesinado en el país a 6.414 personas. En la casi la totalidad, estos hechos se presentan como enfrentamientos.
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue el organismo con mayor uso arbitrario de la letalidad. Fueron asesinadas bajo su actuación 151 personas, es decir, es responsable de 29% de los casos. Se mantiene este cuerpo en primer lugar desde 2022. En segundo lugar se encuentra el CICPC.
La institucionalidad del Estado intenta normalizar el asesinato de presuntos delincuentes. Por ello, prácticamente no se investigan los asesinatos perpetrados por policías y militares durante los operativos de seguridad ciudadana. Frente a esto, los comités formados por familiares de las víctimas mantienen la exigencia de justicia y en 2024 lograron la condena de algunos funcionarios policiales.
Gestiones en los Organismos de Protección Internacional de Derechos Humanos
El sistema internacional mantiene sus ojos sobre Venezuela
En febrero de 2024, el gobierno de Nicolás Maduro suspendió las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela. Luego de la invitación a reabrir la oficina en mayo, en diciembre el Alto Comisionado informó sobre la reanudación parcial de sus actividades en el país.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la continuidad de la Misión de la ONU sobre Venezuela por dos años más. y la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH recibió el mandato de presentar informes sobre la situación de DDHH y un informe exhaustivo. Varios mecanismos especiales se pronunciaron para denunciar la represión post electoral.
La Comisión Interamericana de DDHH hizo seguimiento a la represión con pronunciamientos y emitiendo un récord de medidas cautelares. La Corte Interamericana de DDHH comprobó el incumplimiento de 6 sentencias por parte del Estado venezolano y emitió 2 nuevas sentencias a favor de las víctimas.
Informe especial: La ruta del cierre democrático
Informe especial: La ruta del cierre democrático
La represión comenzó en enero de 2024 con el anuncio de la “furia bolivariana”: ataques a 20 organizaciones en 11 estados y detención de 32 personas el 23 de enero.
Hubo múltiples obstáculos para el Registro Electoral. 25% de los electores no pudieron participar por los requisitos ilegales para votar en el exterior. 3 millones de nuevos votantes tampoco pudieron inscribirse en Venezuela.
La campaña fue la más desigual en nuestra historia. Junto al ventajismo oficial, hubo detenciones, multas y cierres de empresas que prestaron servicios a la campaña opositora. Además, aumentaron las violaciones a la libertad de expresión: hostigamiento, detenciones y censura.
El 28J el CNE anunció que había sido víctima de un ciberataque terrorista. Desde ese momento, la web www.cne.gob.ve permanece caída. El primer anuncio oficial dio la victoria a Maduro con 51,2% de los votos.
La población protestó espontáneamente ante este anuncio. Entre 29 y 30 de julio se registraron 915 protestas en 20 estados, 15% fueron reprimidas. Gran parte de la represión se concentró en zonas populares. 25 personas fueron asesinadas en las manifestaciones. Se reportaron 2.400 personas detenidas, muchas fueron causadas por delaciones. Se reportaron desapariciones forzadas y extorsión de funcionarios policiales.
Exigencias y recomendaciones
Exigencias y recomendaciones
Esta violación masiva de derechos humanos solo tendrá una salida cuando las demandas de justicia y de igualdad de derechos para todas las personas puedan ser escuchadas y las instituciones vuelvan a cumplir su mandato constitucional en respeto al Estado de derecho. A partir del diagnóstico que del Informe Anual, presentamos un conjunto de exigencias que pueden guiar al país en la creación de políticas necesarias para restituir el pleno disfrute de los derechos a la población venezolana.
Alimentación
Abordar la desnutrición desde sus causas inmediatas, como la seguridad alimentaria y la salud, así como de las subyacentes, lo cual implica la adecuación de los servicios de agua, electricidad y saneamiento, con criterios de focalización en poblaciones con vulnerabilidad biológica, geográfica y étnica, así como la población bajo tutela del Estado.
Derechos laborales
Garantizar salarios dignos mediante mecanismos constitucionales y participativos: Implementar políticas urgentes para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, asegurando que los ajustes salariales sean acordados a través de los mecanismos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y en los convenios colectivos de trabajo. Estos acuerdos deben formalizarse de manera transparente para combatir la pobreza extrema, proteger las prestaciones sociales y mejorar las condiciones laborales de la población.
Educación
Deben retomarse políticas activas que disminuyan las barreras económicas para el acceso a la educación mediante la dotación de uniformes y útiles, la creación de bibliotecas escolares o de aula, la masificación del PAE o los comedores universitarios, y rediseñar el pasaje estudiantil u otros programas que garanticen el acceso material a la educación en todos los niveles.
Salud
Dedicar el máximo de los esfuerzos del Estado y con absoluta urgencia al restablecimiento de la institucionalidad y recuperación de las capacidades del sistema sanitario público en todo el país, comenzando por crear una Ley Orgánica de Salud, conforme a las disposiciones constitucionales, con una amplia consulta de los gremios de salud, la comunidad científica y académica, la sociedad civil, el sector privado, los ciudadanos y comunidades en general, y la integración orgánica de los distintos sistemas de salud, bajo una autoridad sanitaria con capacidades rectoras y presupuestarias.
Seguridad Social
Desarrollar un sistema de pensiones inclusivo para toda la población y que sea distinto a las pensiones vinculadas al ámbito laboral.
Vivienda
Sancionar el uso proselitista de los programas sociales de vivienda, por constituir formas de discriminación. El sistema de adjudicación de las viviendas debe ser transparente y contar con criterios de elegibilidad que sean ampliamente conocidos por los aspirantes.
Tierras
Garantizar de manera amplia y efectiva el derecho a la tierra a los pequeños productores, campesinos y productores agrarios en general, incluyendo la titularidad, asumiendo como política de Estado un plan sistemático de asignación, entrega y titularidad de las tierras, los recursos económicos para impulsar la actividad agropecuaria y la seguridad alimentaria de la población.
Indígenas
Implementar un programa urgente integral de alimentación y salud con pertinencia cultural para atender la Emergencia Humanitaria Compleja de los indígenas y la migración forzosa en marcha, con especial atención a los pueblos indígenas Warao, Pemón, Yukpa,Jivi, Wayúu y Pumé. Ello debe incluir programas de promoción de las actividades agroproductivas tradicionales y turísticas con participación y conocimiento informado de las comunidades, a fin de generar alternativas a la minería.
Ambiente
Que el Ministerio de Poder Popular de Atención de las Aguas (Minaguas) publique un documento en el que se diagnostique las prioridades en infraestructuras de almacenamiento, distribución y recolección de agua a escala nacional, que incluya el presupuesto acorde para hacer las inversiones requeridas.
Libertad Personal
La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Defensa Pública deben garantizar intervenciones inmediatas, con funcionarios de guardia las 24 horas, para resguardar los derechos de los detenidos, además de llevar un registro detallado en los casos donde existan violaciones a derechos humanos. Se debe respetar el debido proceso y el derecho a la defensa con abogados de confianza.
Integridad
La AN debe reformar la Ley Especial para Prevenir la Tortura y otros Tratos Crueles, y armonizar el concepto de tortura contenido en este instrumento legal con el artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Asimismo, el Estado debe crear un programa nacional descentralizado para la rehabilitación integral de las víctimas de tortura.
Justicia
Cesar la instrumentalización del sistema de justicia para restringir las libertades fundamentales, perseguir a los disidentes políticos y violar sistemáticamente los derechos humanos.
Libertad de asociación y participación
El CNE debe poner en circulación su página web, publicar los resultados electorales recientes y sus gacetas electorales.
Vida
Adoptar las recomendaciones que en materia de seguridad ciudadana y uso de la fuerza han brindado la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH), la Misión de Determinación de Hechos (MDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
