Rafael Venegas | Tal como era de esperarse, ha vuelto con todo su rigor y sus múltiples implicaciones la grave escasez de combustibles en el País. Fue una ilusión pasajera, un engaño más a nuestra gente, el anuncio del régimen, hecho apenas cuatro meses atrás, según el cual había llegado a su fin la parálisis casi total del parque automotor venezolano registrada dramáticamente en aquellos días. Mientras la dictadura montaba toda una operación mediática para celebrar como una gran victoria el arribo de los tanqueros iraníes que venían a paliar el caos producido por la escasez de gasolina, muchos advertimos que se trataba solo de una solución parcial y transitoria que no atacaba el problema de fondo y que agregaría nuevas dificultades a la tragedia nacional que padecemos.

No era necesario disponer de una bola de cristal, tener facultad clarividente o ser profeta del desastre para descifrar los propósitos del régimen: se trataba de un espejismo aprovechado para bajar la presión social y correr la arruga una vez más, mientras se aumentaban los precios de la gasolina y demás derivados del petróleo, se profundizaba la tendencia a la dolarización de la economía –no así de los sueldos y salarios– y a la militarización aún mayor de la vida del País, al tiempo que se reforzaba el sistema de control social sobre la población al imponer el requisito del carnet de la patria como condición para acceder a la gasolina subsidiada.

Con una economía que depende casi exclusivamente de la gasolina y el gasoil –paralizada en un 70% como resultado de la política de destrucción que lleva adelante la dictadura–, era fácil deducir los efectos multiplicadores que tendrían la dolarización de los precios del combustible y el racionamiento en su distribución: aumento desbordado de las tarifas del transporte público, cada vez más ineficiente, insuficiente y caro; productores rurales con grandes dificultades para sacar sus cosechas, muchas de las cuales han debido rematar a orillas de carretera para conjugar el riesgo de perderlas totalmente; limitaciones crecientes para abastecer los mercados con productos, alimenticios o no, cuyos costos y precios se disparan en proporción al precio especulativo que deben pagar productores y distribuidores por el combustible para su movilización; deterioro aún mayor del ingreso y la calidad de vida de la familia venezolana como producto del peregrinar incesante en procura de la gasolina y la especulación descarada que multiplica su precio en dólares varias veces.

El problema ha resurgido con nuevos bríos y mayores agravantes, consumiendo la salud y el tiempo útil de los ciudadanos que deben pasar, ya no horas, sino días enteros haciendo colas sin la seguridad de poder abastecerse, en total indefensión frente al abuso de funcionarios matraqueros y el crecimiento de un mercado negro de combustibles a precios estratosféricos, o condenados a caminar largas distancias para acudir al trabajo, a las compras y otras diligencias, como resultado de un transporte público que va desapareciendo de las calles en medio del encarecimiento de sus costos y precios. Todo esto, en un contexto de profundización de la depresión económica y la hiperinflación, de pulverización del poder adquisitivo del salario y de nuestro signo monetario, del colapso general de todos los servicios públicos y del agravamiento de la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19.

Estamos ante una manifestación más de la ruina general de nuestra industria petrolera, gestada en largos años de ineptitud, despilfarro, desinversión y demagogia, y ante la reiteración del fracaso de la casta cívico-militar que usurpa el poder. De nada le sirve al régimen escudarse en la coartada de las sanciones internacionales. Es necesario recordar que fuimos un país autoabastecido de gasolina y demás productos derivados del petróleo y con una alta capacidad de exportación, gracias a un sistema refinador que, hasta hace poco, fue el más moderno y eficiente de América Latina. Aún más, este sistema fue complementado y fortalecido con un conjunto de otras refinerías instaladas en países clave, en condiciones de procesar nuestros crudos y comercializar sus productos. De ello solo sobrevive CITGO, en riesgo de perderse bajo el acoso de sus acreedores gracias a leoninos y antinacionales contratos de endeudamiento suscritos por los representantes de la dictadura como parte de su política de entrega, rapiña y destrucción.

Ahora, sobre los escombros de nuestra industria petrolera, sometida a un proceso de saqueo y desmantelamiento para vender sus partes como chatarra; con nuestros mares y ríos sufriendo el ecocidio de derrames reiterados del crudo requerido para sortear la crisis denunciada; bajo la protesta creciente de los trabajadores activos y jubilados de la industria que reclaman sus fondos de pensiones, salarios justos y otras reivindicaciones; y con los gigantes refinadores como testigos silentes del abandono y la desidia, los voceros del régimen repiten su coartada para seguir justificando su fracaso, acallan la queja ciudadana con autoritarismo y represión, mientras, parados sobre algún puerto, extienden su mirada al horizonte para ver por dónde viene la nueva flota de tanqueros iraníes que habrá de llegar cargada de gasolina para unos tres o cuatro meses más. Otra ilusión, otro espejismo, otro engaño.

La conclusión es la misma: quienes usurpan de facto los poderes del Estado ya no tienen nada que ofrecer frente a los graves problemas que nos afectan. Son ellos los principales responsables de la crisis y el principal obstáculo a remover para poder superarla. Un Gobierno de Unidad y Emergencia nacional debe asumir las riendas del País, a fin de revertir el proceso de empobrecimiento y hambre de nuestra población, recuperar el aparato productivo y la infraestructura de servicios y garantizar la celebración de unas elecciones presidenciales (no un fraude parlamentario) libres, justas y verificables. Pero para que esto ocurra es indispensable construir, al fragor de la lucha, un vasto movimiento de opinión y presión, nacional e internacional, cuyo protagonista principal e insustituible debe ser el pueblo.

  • Licenciado en Letras Secretario General de Vanguardia Popular.

ACERCA DEL AUTOR:

Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular.