Se cumplen 15 años del proceso conocido como reforma policial en Venezuela. Para tal fin el 10 de abril de 2006 se creó la Comisión Nacional para la Reforma Policial. La Comisión contó con la participación directa o el apoyo de destacados activistas de derechos humanos, académicos con amplia experiencia en el tema criminológico y derecho penal y dio oportunidad de participar a otras voces, diversas, interesadas en apoyar el proceso. Una mirada, cinco lustros después, obliga a reivindicar que se hizo un buen esfuerzo por sumar capacidades, realizar consultas y diagnosticar con profundidad la situación de las policías, sus características, deficiencias, problemas estructurales y desde ese análisis pensar y diseñar un nuevo modelo de policía.

En su plan estratégico esa comisión se propuso tres grandes objetivos. 1) Elaborar un diagnóstico general de la situación actual de los cuerpos policiales en el ámbito nacional, regional y municipal. 2) Sugerir un modelo policial que pueda adecuarse a las condiciones sociales, culturales y políticas de Venezuela. 3) Sugerir algunas recomendaciones inmediatas que favorezcan la efectividad en el servicio policial, la disminución de las violaciones a los derechos humanos y el control de la gestión policial con miras al diseño propuesto.

Durante nueve meses de trabajo la Comisión de Reforma presentó una ruta para alcanzar el nuevo modelo policial. Ello implicaba en primer lugar voluntad política para implementar esa ruta, recursos, seriedad en el compromiso una vez iniciadas las primeras medidas y garantizar que lo definido como negativo del pasado, no debería repetirse en el presente y futuro.

Entre los principios establecidos para alcanzar el nuevo modelo policial se incluyó: el carácter civil se manifiesta en su mando, dirección, estructura, cultura organizacional, tácticas, equipos, estrategias y personal. La policía es una institución encargada de contribuir significativamente a garantizar la seguridad ciudadana con estricto apego a los principios constitucionales y a los derechos humanos garantizados por la Constitución y por el sistema internacional de protección asociado a ésta. La policía debe ser una institución abierta al escrutinio de los ciudadanos

En las normas para la actuación de las policías lo primero resaltado fue que debería respetar y proteger la dignidad humana y mantener, defender y promover los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, religión, idioma, opinión política, origen nacional, posición económica o cualquier otra índole.

Se puede afirmar que el diseño general establecido en lo fundamental se orientaba a una transformación importante de los cuerpos policiales y generaba la esperanza de la posibilidad de lograr a mediano plazo una policía que generara confianza en la ciudadanía y su actuación se produjera con bajo número de violaciones a los derechos humanos y en caso de ser perpetradas se investigarían y los responsables serían sancionados.

Mientras se ejecutaban los primeros pasos de la reforma policial, se comenzaron a ver las costuras que advertían podía desviarse muy pronto. La primera de ellas fue considerar a la nueva policía, la Policía Nacional, al servicio del socialismo y no de la población. La politización fue el primer error y con ella la exclusión y el posible uso para la persecución política. Otro factor, y que advertimos varios activistas de derechos humanos a tiempo, era que, a pesar se afirmaba la policía era esencialmente civil se coqueteaba con la presencia y asesoría de los militares.

El tiempo fue desfigurando el proceso, la voluntad política argumentada para llevar la transformación dejada atrás y el resultado lo podemos palpar: un rotundo fracaso. Un esfuerzo que pudo salvar vidas, devino en más muerte. 

Hoy tenemos unas policías que violan más los derechos humanos, que tienen un alto rechazo de la población y que causan terror en el ciudadano pues la presencia policial en lugar de generar tranquilidad produce sensación de inseguridad.

El fracaso de la reforma cuesta vidas. Los datos demuestran un hecho muy lamentable: luego de anunciarse el inicio de un nuevo modelo policial, las violaciones del derecho a la vida se incrementaron. Es decir, el resultado es todo lo contrario al propósito establecido.

Un análisis de la base de datos de la organización Provea indica que en los primeros cinco años, desde el inicio de la reforma, fueron asesinadas por funcionarios policiales y militares 1036 personas. En los cinco años anteriores habían sido asesinadas 974 personas. Ello evidencia que el impacto en cuanto a respeto a los derechos humanos y particularmente la garantía del derecho a la vida fue nula. Con el transcurrir de los años la violencia institucional se acrecentó al punto que solo en 2019 fueron asesinadas por los cuerpos armados del Estado 2.102 personas.

La Policía Nacional Bolivariana, que fue presentada como el ejemplo de la nueva policía, se convirtió en su antítesis. Su escuadrón élite Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) convertido en una maquinaria de terror contra los más pobres, es la más clara evidencia que la voluntad política para garantizar una función policial respetuosa de los derechos humanos fue echada al basurero. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas es otro ejemplo. En lugar de disminuir el número de ejecuciones se incrementó significativamente, solo en 2019 fueron responsables de 202 presuntas ejecuciones.

Queda mucho por análisis de lo que fue un proceso que generó expectativas, que contó con aportes muy diversos y comprometidos de muchas personas y que finalmente, más allá de un conjunto de normas positivas, que en lo esencial no se cumplen, hoy los motivos que dieron pie a la necesidad de una reforma profunda de las policías y del servicio público que prestan, sigue vigente.

Con Maduro y su cúpula es inviable cualquier proceso en esa dirección. Él es uno de los principales responsables del fracaso.

ACERCA DEL AUTOR:

Abogado, Coordinador de Investigación, Monitoreo y Difusión de Provea.