Inti Rodríguez | Prensa Provea | En su más reciente informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, presentado el pasado 5 de julio en el 41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó la existencia de un patrón ejecutado por el gobierno de facto y las instituciones que le apoyan, orientado a “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.

Consecuente con la caracterización hecha por el anterior Alto Comisionado en sus informes de agosto de 2017 y junio de 2018, en los que se señaló la existencia de un patrón sistemático y generalizado para violar los derechos humanos en Venezuela por parte de la gestión de Nicolás Maduro, el reporte divulgado por la oficina que dirige Bachelet y elaborado de acuerdo al mandato de la resolución 39/1 del Consejo de Derechos Humanos, detalla el agravamiento de la situación de los derechos humanos debido al incumplimiento de las obligaciones Estatales para garantizar los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y al deliberado cierre de los espacios democráticos e institucionales que impiden la realización de los Derechos Civiles y Políticos de la población.

“Destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros”, señala el documento y añade la existencia de “[…] un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos”. 

El Informe denuncia que durante al menos una década, “el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional”. Describe la existencia de un aparato de seguridad destinado a reprimir a la disidencia política y el descontento, y que a través de las distintas corporaciones que lo componen, ejerce control social mediante torturas; uso excesivo de la fuerza; detenciones arbitrarias y persecución; ejecuciones extrajudiciales; allanamientos ilegales, entre otros.

El reporte de la OACNUDH, destaca entre dichas corporaciones a las agrupaciones paramilitares que, alentadas y protegidas por Maduro y su cúpula, actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad y las instancias político-organizativas de Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados, para ejercer vigilancia y control territorial. “Los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia”.

Control paramilitar: “La resistencia activa” de Maduro

En una alocución transmitida el 11 de marzo en cadena de radio y televisión, Nicolás Maduro hizo un abierto llamado a las instancias político-organizativas vinculadas al aparato represivo estatal, y en particular a los «colectivos» paramilitares que respaldan su gobierno de facto, a sumarse a las labores para contrarrestar el descontento y la movilización popular.

Maduro volvió a incitar a la comisión de delitos al llamar públicamente a agrupaciones de civiles armados a participar en labores de control de manifestaciones y seguridad ciudadana, y al reconocer a instancias vinculadas a la comisión de abusos a participar en acciones conjuntas con el Estado venezolano.

Durante su alocución del 05 de marzo de 2014, en medio del desfile realizado en conmemoración del primer año del fallecimiento del ex presidente Hugo Chávez Frías, Nicolás Maduro expresó: “Hoy 5 de marzo los remanentes de los grupos de la violencia habían amenazado a nuestro pueblo con trancar el país. El país está funcionando libremente y con tranquilidad desde todas las horas de la mañana, y así será todo el día de hoy y los días por venir. Quiero hacer un reconocimiento especial a la Guardia Nacional Bolivariana que ha estado en la calle combatiendo por la paz. Hoy pequeños grupos intentaron trancar e incendiar vías principales. Bueno: Candelita que se prenda, candelita que se apaga. Yo llamo a todo el pueblo, a las Unidades de Batalla Bolívar Chávez, a los Consejos Comunales, a los movimientos sociales, a las Comunas, a los movimientos juveniles, obreros, campesinos, de mujeres, llamo a todo el pueblo a hacer valer, allá en su comunidad, la orden de nuestro comandante Hugo Chávez: Candelita que se prenda, candelita que apagamos con el pueblo organizado, para garantizarle la paz a nuestro país”.

 

Las palabras de Maduro exhortaron públicamente a la población civil a asumir labores de control de orden público, actividades que son de exclusiva competencia de los cuerpos de seguridad del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 332 de la Constitución Nacional, y constituyeron un llamado a cometer actos ilegales e inconstitucionales. Las declaraciones de Maduro incorporaron de inmediato a civiles y organizaciones identificadas con el oficialismo en labores de seguridad ciudadana y control de orden público.

El 21 de febrero de 2014 el propio Nicolás Maduro anunció la conformación en todo el país de los “Comandos Populares Antigolpe”, instancias orientadas a “contrarrestar el golpe fascista con el pueblo movilizado y organizado”. Dichos comandos estuvieron dirigidos por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello y ejercieron labores de vigilancia, seguimiento y control de actividades calificadas como terroristas y conspirativas, en coordinación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad del Estado.

El 12 de marzo de 2019, un día después del peligroso aliento brindado por Maduro, Provea pudo registrar al menos cuatro ataques perpetrados por agrupaciones de civiles armados contra manifestantes pacíficos que tomaron las calles de Caracas, atendiendo la convocatoria realizada por el Presidente (E) de la República, Juan Guaidó, a movilizarse en rechazo al deterioro de la calidad de vida y para exigir el retorno de la democracia.

Desde hace varios años, a las acciones represivas de agentes estatales, se ha sumado la actuación de agrupaciones de civiles armados afectos al oficialismo, quienes, en abierta y pública coordinación con los cuerpos de seguridad, actúan para contener protestas en la mayor parte del territorio nacional. Desde el año 2014, el papel de estos grupos se hizo más evidente cuando actuaron para contener las manifestaciones realizadas por sectores de oposición entre los meses de febrero-junio de ese año, siendo responsables de al menos 108 casos de heridas y/o lesiones, además de numerosos casos detenciones arbitrarias contra manifestantes y activistas sociales. En 2017, estas agrupaciones fueron señaladas en el 24.81% del total de casos de violaciones a la integridad personal denunciados, la mayoría de las veces cuando actuaron en coordinación con agentes de la GNB y PNB. Desde el ciclo de protestas de 2014, los llamados colectivos están involucrados en el asesinato de al menos 52 personas ocurridos en manifestaciones realizadas en el país entre los meses de febrero de ese año y mayo de 2019.

El patrón de actuación de las agrupaciones paramilitares, en la coyuntura actual, parece estar enfocado -con particular énfasis – en intimidar y aplastar la protesta en los sectores populares, en un intento por parte del gobierno de facto por detener el devastador efecto político y simbólico, que ha tenido para la dictadura de Maduro, la desterritorialización del conflicto y el papel estelar de los habitantes de los barrios pobres del país en las protestas que se han desarrollado desde comienzos de 2019. A comienzos de año se utilizó a las FAES y su abusiva letalidad para sembrar el terrorismo de Estado en las comunidades populares que protestaron contra Maduro. Ahora, el abierto empleo de paramilitares para reprimir a los más pobres, pudiera ser la nueva fase del terror de Estado en el país.

Paramilitarismo y responsabilidad del Estado

En América Latina la experiencia colombiana sobre la aparición y expansión de organizaciones paramilitares ha generado jurisprudencia acerca de la responsabilidad del Estado en las violaciones de derechos humanos cometidas por estos grupos. Al no lograr justicia en la jurisdicción interna colombiana, algunos casos emblemáticos fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En el caso conocido como Masacre de Mapiripán (detención, tortura y asesinatos de 49 personas en el municipio Mapiripán, Departamento del Meta), la sentencia de la Corte IDH estableció la responsabilidad del Estado no sólo por acción, sino también por la tolerancia frente a sus operaciones: “Se ha documentado en Colombia la existencia de numerosos casos de vinculación entre paramilitares y miembros de la fuerza pública en relación con hechos similares a los ocurridos en el presente caso, así como actitudes omisivas de parte de integrantes de la fuerza pública respecto de las acciones de dichos grupos (…) -se ha- documentado los casos representativos de violaciones del derecho a la vida, en los que se alegó que el gobierno y las fuerzas armadas colaboraron con los paramilitares en asesinar, amenazar o desplazar a la población civil”. Al alegar responsabilidad, la Corte expresó que el Estad debía responder por la omisión de sus autoridades, quienes estaban en condiciones de proteger a la población, pero no lo hicieron. Por tanto miembros de las Fuerzas Armadas colombianas, al no actuar como la ley les ordenaban violaron obligaciones internacionales contraídas por el Estado. Otro elemento fue la legislación promovida que permitió la existencia de este tipo de organizaciones, que posteriormente mutarían en paramilitares. La sentencia establece: “el Estado ha jugado un papel importante en el desarrollo de los llamados grupos paramilitares o de autodefensa, a quienes permitió actuar con protección legal y legitimidad en las décadas de los setenta y ochenta y es responsable de manera general por su existencia y fortalecimiento”.

En otra sentencia, la del Caso 19 Comerciantes contra Colombia (detención, desaparición y ejecución en 1987 de 19 personas en el municipio de Puerto Boyacá, Magdalena Medio), se introducen más elementos sobre la responsabilidad del Estado: “A pesar que Colombia alega que no tenía la política de incentivar la constitución de tales grupos delincuenciales, ello no libera al Estado de la responsabilidad por la interpretación que durante años se le dio al marco legal que amparó a tales grupos “paramilitares”, por el uso desproporcionado dado al armamento que les entregó y por no adoptar las medidas necesarias para prohibir, prevenir y castigar adecuadamente las referidas actividades delincuenciales”. Sobre el hecho que los actos hayan sido cometidos por “civiles” y no por reconocidos funcionarios estatales, se apunta: «Para establecer que se ha producido una violación no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos”. Por otra parte se agregó que en “un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos”.

La experiencia internacional ha determinado que al ser grupos que actúan con la complicidad y en coordinación con las Fuerzas Armadas, recibiendo financiamiento directo e indirecto para su funcionamiento y disfrutando de una legalidad favorable tanto para su conformación, como para la realización de sus operaciones, las actividades de los grupos paramilitares se consideran violaciones de derechos humanos, que no prescribirán en el tiempo.