English Spanish

Cinco meses han transcurrido desde el asesinato del líder indígena Virgilio Trujillo Arana, y aún las autoridades venezolanas no han aclarado el crimen, favoreciendo así la impunidad.

Virgilio Trujillo. indígena piaroa del estado Amazonas, defensor del ambiente y el territorio, coordinador de Guardianes territoriales Uwottüja del municipio Autana, fue asesinado el jueves 30 de junio de 2022, en Puerto Ayacucho, capital de la entidad, luego de recibir varios disparos en la cara.

Trujillo Arana, era miembro de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (OIPUS) y formaba parte de la Guardia Indígena Territorial de su comunidad, una instancia autónoma creada por los pueblos indígenas, para defender los territorios ante las amenazas ocasionadas por el auge extractivo, y la presencia de grupos armados irregulares en comunidades habitadas por pueblos originarios.

Virgilio Trujillo recibió más de tres impactos de bala en la cabeza, a manos de personas hasta ahora no identificadas, y que presuntamente, minutos antes, lo habrían obligado a abordar un vehículo.

Cinco días después de su asesinato, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, anunció en su cuenta en Twitter que había enviado un equipo de investigación del organismo desde Caracas hasta Puerto Ayacucho, con el fin de apoyar las investigaciones y esclarecer los hechos.

El 15 de agosto, líderes y organizaciones indígenas exigieron ante la sede del Ministerio Público del estado Amazonas, el esclarecimiento del crimen, luego de dos meses de impunidad.

Los manifestantes entregaron un documento ante el órgano, en el que pidieron que se de con los culpales y se castigue el asesinato de Virgilio Trujillo Arana.

En septiembre, trascendió que el Ministerio Público había adelantado acusaciones contra los presuntos responsables del hecho, e incluso, el propio director del CICPC informó en redes sociales que realizaría una rueda de prensa para anunciar los resultados de la investigación y señalar a los presuntos responsables del asesinato.

Pero ese anuncio nunca se concretó y la publicación fue retirada de las cuentas del CICPC y de las redes sociales del Sr. Douglas Rico.

Luego de cinco meses, ni los anuncios oficiales, ni las presiones de los indígenas y las organizaciones defensoras de derechos humanos, han logrado que el asesinato de Virgilio Trujillo Arana se haya esclarecido y que los responsables respondan ante la justicia.

Un modelo amenazante

Según los registros de Provea, al menos 47 indígenas pertenecientes a los pueblos Pemon, Warao, Jivi, Yanomami, Piaroa y Wayúu, han sido asesinados por agentes de la fuerza pública y actores no estatales -incluyendo presuntos miembros de disidencias de las FARC y el ELN-, desde 2010, en diversos conflictos que se han desarrollado en territorios indígenas bajo control militar o disputados por gobernanzas criminales.

El afianzamiento de un modelo económico que privilegia la acumulación de capitales y la consolidación de gobernanzas ilícitas -por encima de los derechos indígenas y la protección del ambiente-, está empujando a las poblaciones originarias de Venezuela a un peligroso desfiladero.

El despojo de territorios y las condiciones de exclusión derivadas de una situación de Emergencia Humanitaria Compleja, ponen en riesgo la existencia de poblaciones en condición de vulnerabilidad como los pueblos indígenas Piaroa, Pemón, Warao, Jivi, Wayúu y Añu, entre otros.

Mientras persista la imposición de medidas que afectan los derechos de los pueblos indígenas por parte de las autoridades, la ausencia institucional y democrática del Estado, y se consoliden las estructuras criminales que disputan el territorio, estas comunidades seguirán amenazadas.

Luego del asesinato de Virgilio Trujillo, la coalición regional ODEVIDA, conformada por Provea y organizaciones aliadas de la cuenca amazónica de Colombia y Ecuador, hizo tres peticiones a las autoridades venezolanas que, lamentablemente aún no se han cumplido:

  1. Garantizar una pronta y eficaz investigación y reparación, sancionando a los responsables de este asesinato que conmueve a la familia de la víctima y de las comunidades indígenas afectadas por la violencia de actores no estatales que campea en sus territorios ancestrales.
  2. Garantizar que en el estado Amazonas se cumpla con Decreto 269 del año 1989, que establece la prohibición de toda actividad minera en el estado Amazonas
  3. La Asamblea Nacional y al Ejecutivo Nacional agilizar la adhesión y ratificación por parte de Venezuela del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” (Acuerdo de Escazú). 

Insistimos en el reclamo de justicia ante el asesinato del líder indígena y defensor ambiental Virgilio Trujillo.


Prensa Provea – ODEVIDA