English Spanish

La Coalición por la Libertad de Asociación expresa su profunda preocupación y rechazo a las recientes decisiones de las autoridades venezolanas para obstaculizar el trabajo de las ONG y restringir, aún más, el espacio cívico en ese país.

Nicolás Maduro estaría repitiendo la fórmula de su homólogo Daniel Ortega para colocar al margen de la legalidad a las ONG defensoras de derechos humanos y otras expresiones organizativas de la sociedad civil.

Recientemente se hizo público en Venezuela el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, el cual estaría siendo promovido por la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional electa en 2021 por medio de elecciones no libres y competitivas. Este proyecto establece la creación del “Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional” (artículo 12), mediante el cual las autoridades reciben y distribuyen “conforme a las prioridades de la política exterior y la conveniencia nacional, los programas, proyectos, acciones de cooperación técnica y científica, financiera no reembolsable, asistencia internacional y demás actividades que realice la República Bolivariana de Venezuela en el ámbito de la cooperación internacional”. Para acceder a este fondo las organizaciones estarían en la obligación de inscribirse en un “Sistema Integrado de Registro de organizaciones no gubernamentales” (artículo 18). Finalmente, las organizaciones que las autoridades consideren que atentan contra el desarrollo integral de la nación “serán sometidas a evaluación a los fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva” (artículo 26). 

Cuando Venezuela sufre las consecuencias de una Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por pandemia, que ha obligado a millones de venezolanos a protagonizar la peor crisis de migración forzada de la región en los últimos años, las autoridades intentan regular y disminuir las posibilidades de apoyo que ofrece una red de organizaciones sociales, humanitarias y de derechos humanos independientes presentes en todos los estados del país. El trabajo de las ONG ha logrado la activación de los mecanismos internacionales de protección a derechos humanos, incluyendo una investigación por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. 

Además de la promoción de la peor normativa restrictiva para el trabajo de la sociedad civil, las autoridades venezolanas judicializan el trabajo de los defensores de derechos humanos. Desde el 2 de julio de 2021 se encuentra detenido Javier Tarazona, director de Fundaredes, acusado de delitos presentes en la llamada “Ley contra el odio”. En la situación más reciente, Marino Alvarado, de Provea, y el padre jesuita Alfredo Infante, del Centro Gumilla, han sido demandados por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, por presunta “difamación agravada continuada”, luego que divulgaron estadísticas que colocan a la Policía del estado Carabobo como el cuerpo de seguridad regional con mayores ejecuciones extrajudiciales durante el año 2021. Alvarado e Infante habían solicitado públicamente investigar la posible responsabilidad del gobernador en estas violaciones al derecho a la vida.  

En opinión de la Coalición por la Libertad de Asociación, Venezuela está siguiendo los pasos de Nicaragua para reducir al mínimo el espacio cívico y la posibilidad de actuación de organizaciones sociales independientes. Por tanto solicitamos a los organismos internacionales de protección:  

– Que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tome nota de las represalias contra las organizaciones que han remitido información para la apertura de una investigación contra el país, ratificando así la poca voluntad de las autoridades para reformar el sistema de justicia y lograr procesos judiciales genuinos en favor de las víctimas de delitos contra la humanidad

– Que la Misión Independiente de Determinación de Hechos incluya las situaciones recientes de restricción y persecución en su próximo informe, a divulgarse el mes de septiembre de 2021

– Que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas exprese, alto y claro, su rechazo al hostigamiento y persecución contra las organizaciones defensoras de derechos humanos, , especialmente en su próxima actualización oral ante del Consejo de Derechos Humanos durante el 50° periodo de sesiones. 

Además, solicitamos a la comunidad internacional: 

– La renovación del mandato de la Misión Independiente de Determinación de Hechos el próximo mes de septiembre en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

– Mantener y aumentar las sanciones individuales contra funcionarios civiles, policiales y militares señalados por su responsabilidad material o intelectual en violaciones de derechos humanos.

– Realizar todas las gestiones diplomáticas necesarias para detener la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional y lograr la liberación de Javier Tarazona.